La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide una condena de once años de prisión al acusado de violar a una joven de 18 años y de nacionalidad sueca en un parque situado en Mogán.

El procesado B. A., nacido en Melilla y de nacionalidad marroquí, se dirigió al parque de atracciones temático de Angry Birds situado en Puerto Rico, Mogán, entre las 00.30 horas y la 01.30 horas del martes 16 de enero de 2018. Allí se encontró con la joven de 18 años y nacionalidad sueca.

El ministerio público relata que el acusado persiguió durante varios metros a la mujer hasta que llegaron a unas escaleras cercanas a dicho parque. Una vez allí, el investigado intentó entablar una conversación con la víctima. Sin embargo, la afectada le pidió que se retirase del lugar en reiteradas ocasiones, requerimiento al que el encausado hizo caso omiso.

Seguidamente, el investigado "con el claro propósito libidinoso y lascivo" se dirigió hasta la víctima y comenzó a besarla en la boca, en el cuello y en la oreja derecha. La joven le pidió nuevamente a su presunto agresor que se marchase, pero el encausado "no cesó" en su determinación y procedió a tocarla en diferentes partes del cuerpo, a la vez que se sacaba sus genitales del pantalón y se masturbaba, todo sin la aceptación de la víctima.

La afectada le imploró en todo momento al investigado que se marchase del lugar, sin embargo, el acusado siguió haciendo caso omiso y acto seguido la colocó frente a un muro de piedra del citado parque, retiró su bolso a un lado, le bajó la ropa interior y comenzó a penetrarla en reiteradas ocasiones.

La víctima en ese momento no ofreció ningún tipo de re- sistencia debido al estado de shock en el que se encontraba. Una vez que el encausado ter-minó con la agresión sexual, se marchó del lugar.

Por todo ello el Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de violación tipificado en los artículos 178 y 179 del Código Penal y solicita que el encausado, en situación irregular en el país y sin antecedentes penales, sea condenado a once años de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.

De igual forma interesa la condena de inhabilitación especial para ejercer un empleo o cargo público durante seis años. A su vez y de forma accesoria requiere la prohibición de acercarse al domicilio, lugar de trabajo cualquier otro lugar que la afectada frecuente a una distancia no inferior de 500 metros, así como la restricción de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas medidas durante un periodo de diez años.

Asimismo, pide que el procesado sea sometido a libertad vigilada por un tiempo de seis años con la obligación de participar en programas formativos y laborales y también de educación sexual.

Con respecto a la responsabilidad civil, el ministerio público solicita que el encausado indemnice a la perjudicada con la cantidad de 20.000 euros por daños morales causados. El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 21 de febrero de 2018.