La legalidad y garantía del proceso de adjudicación de plazas de empleo público en Santa Lucía de Tirajana está en entredicho. Los trabajadores han denunciado y corroborado la presencia de más de una decena de cajas en el despacho del concejal de Recursos Humanos, Jacinto Reyes, del partido político Agrupación de Vecinos, con las solicitudes de más de 4.000 personas que presentaron en sobre cerrado para concursar a una de las 39 categorías profesionales que oferta el Consistorio para formar una bolsa de empleo público. El boletín oficial estipula que la supervisión de dicha documentación está a cargo de la jefa de RRHH y sus funcionarios para garantizar la imparcialidad del proceso.
El 8 de noviembre se publicó en la plataforma web del Ayuntamiento la convocatoria y, después de los días estipulados por ley, se cerró la recepción de documentación. Sin embargo, y a la vista de los hechos, informan los denunciantes que durante el período navideño se mantuvieron las cajas, rubricadas con las categorías, en el despacho del concejal, que además se encontraba abierto y accesible, y, paralelamente, de la jefa de servicio. La repartición contraviene la Ley de Protección de Datos, un requerimiento que está estipulado como obligatorio en las bases del boletín de la convocatoria.
A raíz de los acontecimientos, la sección sindical de CC OO del Ayuntamiento publicó en el servicio intranet de la administración local un escrito en el que notificaba que los representantes de la organización y los empleados públicos supieron de la presencia de más de diez cajas de cartón. La denuncia, dirigida al alcalde, se notificó a las concejalías y a los empleados públicos, pero no a la oposición por no tener acceso a los ordenadores de las instalaciones.
Después de la publicación, los trabajadores comentan que el lunes 15 de enero las cajas se retiraron del despacho del edil y fueron puestas en un lugar desconocido hasta la fecha. Finalmente, el jueves 23 se pusieron en su totalidad en el despacho de la jefa de Recursos Humanos o en el archivo general, al completo.
El portavoz de CC OO, Carlos Lemes, anuncia que, ante lo ocurrido las últimas semanas, "vamos a presentar una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos a la vista de la irregularidad tan grande que se ha cometido en este proceso", afirma, "la duda es, ¿qué se ha hecho con esas cajas y expedientes?".
Lemes alude a que las puertas del despacho político suelen estar abiertas y no hay un control de las entradas y salidas. Por ello, la documentación puesta en las cajas está expuesta a que entre algún individuo a manipular los papeles. De la misma forma, "otras veces está el político con terceras personas a puerta cerrada, ¿y qué se ha hecho? Esa es la duda".
La competencia desleal o la manipulación de los expedientes presentados impugnaría el proceso y contravendría el reglamento estipulado para la custodia de los documentos. "Esperamos que el Ayuntamiento certifique que el proceso de custodia no haya sido invalidado", comenta, "en caso contrario, los opositores podrían alegar la cancelación del proceso". De cualquier manera, el gobierno no puede obtener copias de la documentación presentada debido a que solo están autorizados a ser abiertos e inspeccionados por el tribunal, que aún está por nombrar. El objetivo radica en "garantizar la imparcialidad y que todos los aspirantes tengan las mismas posibilidades", subraya Lemes, "si lo custodian los funcionarios, se evitan sacar o meter méritos fuera de tiempo que beneficien o perjudiquen a los aspirantes".
La controversia se une a la ocurrida en noviembre de 2019, cuando delegados del personal denunciaron la actitud de dos concejales de Agrupación de Vecinos y la edil del Grupo mixto junto a la apertura forzosa de puertas de despachos de funcionarios que custodian expedientes administrativos.
El concejal Jacinto Ramos ha declinado hacer declaraciones a este periódico al igual que el alcalde del municipio de Santa Lucía, Santiago Rodríguez.
