Los juristas reconocen que el Cabildo no podía comprar Amurga sin los deslindes

Puesto que el deslinde del dominio público se encargó con posterioridad al acuerdo de la compra, y de hecho no se ha realizado más de un año después, Daniel Reyes entiende que la respuesta del Servicio Jurídico del Cabildo a su demanda viene a confirmar que la adquisición fue ilegal y se debe anular. El consejero insular, actualmente en el grupo del PP, también consideró ayer que existe una seria contradicción entre las declaraciones públicas del presidente del Cabildo y las actuaciones del Consejo Insular de Aguas, que es el órgano encargado de realizar el deslinde del dominio público.

Morales ha alegado que ya se ha realizado una delimitación de las fincas de Amurga, a través de una empresa privada, que concluyó que el suelo público asciende a unos 48.000 metros cuadrados, por lo que bastaría con restar esa superficie al precio final de los terrenos.

Por contra, Reyes sostiene que, en caso de que Morales y Nueva Canarias (NC) quieran seguir adelante con la adquisición de esos terrenos, a lo que se oponen sus socios del PSOE y Sí Podemos, se debería iniciar otro expediente, pues en el acuerdo de compra de 2018 ya se especificaban unas determinadas superficies y el precio correspondiente.

Argumentaciones

Aunque la respuesta de los Servicios Jurídicos del Cabildo a la demanda de Reyes solicita al Juzgado que se inadmita, el consejero del PP entiende que en el propio escrito de la titular de ese departamento, Isabel Julios, se reconoce "claramente" que no se podía comprar un dominio público, que es la base de las argumentaciones de Reyes para reclamar la nulidad del procedimiento.

En concreto, Reyes se refiere al punto en que el Servicio Jurídico señala que "la falta del referenciado deslinde, dado que el procedimiento aún no ha terminado, puesto que no se ha procedido todavía a la adquisición efectiva de las fincas (precisamente a la espera de aquél, pues resulta preciso, en efecto, para la determinación final de las concretas cantidades a abonar por la compra), no implica, desde la perspectiva de esta administración, un vicio de nulidad o anulabilidad del acuerdo aquí impugnado (de hecho, la parte actora no le imputa causa de nulidad/anulabilidad concreta alguna), sino que requerirá la posterior incorporación al expediente del deslinde una vez realizado, con el correspondiente descuento de metros cuadrados y la consecuente revaloración de los precios (retasación por parte del Servicio de Medio Ambiente) por exceso de cabida, pues resulta claro, como manifiesta la parte actora, que no puede comprarse (esa porción de) dominio público, en tanto que inalienable".

A juicio de Reyes, esa respuesta de los juristas del Cabildo "viene a reconocer que no se podía comprar Amurga porque había dominio público", que es la base de la demanda que debe resolver el Juzgado.

En otro punto de la respuesta, el Servicio Jurídico argumenta que "hasta el día de la fecha no se ha emitido resolución del procedimiento de deslinde administrativo por parte del Consejo Insular de Aguas, dado que implica, al margen de las dificultades orográficas, la tramitación previa de un procedimiento administrativo muy complejo y largo, de acuerdo con el artículo 18 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias (con varios trámites de alegaciones de los propietarios afectados por este tipo de deslinde, así como el oportuno trámite de información pública otorgado en los correspondientes Boletines oficiales), sin que, hasta la fecha, de hecho, el Consejo Insular de Aguas , en toda su existencia, haya procedido a más que otro par de deslindes de dominio público hidráulico vinculado a barrancos, a pesar de que la isla está vertebrada de miles de ellos".