Los tres sindicatos que rechazan los concursos públicos convocados por el Cabildo de Gran Canaria para elegir a los cargos directivos, al considerar que son "un traje a medida" para designar a determinadas personas por sus afinidades políticas, no por sus méritos y conocimientos, han acordado presentar un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y pedirán la suspensión cautelar de los tres primeros nombramientos realizados por el gobierno de Antonio Morales, según adelantaron ayer representantes de CC OO, Sepca y SAP al cumplirse el mes de plazo desde la interposición del recurso potestativo ante el propio Cabildo, que aún no se ha resuelto por parte de la Consejería de Función Pública.
Entre los nombramientos que se van a llevar a los tribunales está el de Raúl García Brink, que fue consejero insular de Nueva Canarias (NC) en el anterior mandato y que el pasado 27 de enero fue designado como coordinador técnico del área de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento.
El nombramiento de Raúl García Brink, a juicio de los tres sindicatos, es el que presenta "más ilegalidades", pues entienden que vulnera el Artículo 23 de la Constitución Española y de "manera palmaria" otras normativas, como la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Los sindicatos también han detectado varias irregularidades en el nombramiento de Ezequiel Osorio como director insular de Servicios Generales. Al acceder al expediente de la convocatoria han comprobado que el elegido pidió al propio Cabildo un certificado para participar en un "procedimiento competitivo" diez días antes de que se publicaran las bases del concurso. Las declaraciones públicas de Osorio para justificar ese hecho (alegó que pidió ese certificado para optar a quinquenios y sexenios como profesor universitario), solo han conseguido levantar más sospechas, pues según los sindicatos la convocatoria de los sexenios se publicó en el BOE del 11 de diciembre, es decir, con posterioridad a la publicación de las bases del Cabildo, y ni los sexenios de los docentes, que acreditan actividad investigadora, ni la solicitud de quinquenios son procedimientos "competitivos". Además, según los demandantes, Osorio debió acreditar una antigüedad de al menos diez años como funcionario de carrera, en cuerpos o escalas del subgrupo A1 del sector público, pero los profesores universitarios ya no reúnen esa condición.
Anulación
Esas tres centrales sindicales interpusieron el 9 de enero un recurso potestativo contra los concursos públicos de los cuatro primeros nombramientos de ese mandato. Su solicitud de anular de forma cautelar las convocatorias fue rechazada por el Consejo de Gobierno del Cabildo, pero aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión.
Al cumplirse un mes, tienen la opción de acudir a la vía contencioso-administrativa, lo que harán en los próximos días. Puesto que tres de esas designaciones ya se han realizado, pedirán al juez que anule de forma cautelar los que consideran irregulares, los de García Brink y Osorio. Todos los nombramientos del Cabildo y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se denunciaron en el pasado mandato, por los mismos motivos, fueron anulados por los tribunales.
Los grupos de la oposición en el Cabildo comparten la opinión de los sindicatos, como ya expresaron en el último Pleno, y creen que los recursos van a prosperar porque el propio Morales ha reconocido que quiere cambiar la ley porque la normativa actual no permite elegir directamente a los altos cargos.
Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP en el Cabildo, sostuvo ayer que Morales, en el caso de García Brink, "no solo bordea la ley, sino que lo admite en público, pues dice que la Fecai se ha dirigido al Gobierno de Canarias para que cambie la fórmula de la designación de los directores generales, de manera que no sean solo funcionarios de carrera, sino personas del sector privado".
A su juicio, el concurso para elegir a García Brink "es un traje a medida", pues es el único que en las bases se pone la excepción de que no tiene que ser funcionario de la administración, pero sí tener una experiencia en el sector público, lo que solo puede cumplir un político.
"La actitud torticera de Morales con García Brink es que la impugnación por la vía potestativa no la pueden contestar porque tendrían que dar la razón a los sindicatos, por lo que los van a obligar a ir al contencioso", añadió el portavoz de los populares, quien consideró que "lo más grave" es que el Cabildo ya tiene derecho por ley a elegir a dedo a 27 personas, como cargos de confianza eventuales, de los que 19 corresponden al gobierno. "Lo que está haciendo Morales es duplicar el número de asesores y cargos de confianza, porque hay 27 que admite la ley y ahora quiere poner a otros 25, lo que es una doble burla", criticó.
Ruyman Santana, portavoz de Ciudadanos, coincidió con Pérez y con los sindicatos en que el nombramiento de García Brink es "un traje a medida con total descaro" y subrayó que "la actuación del gobierno de Morales tiene otra consecuencia negativa, que es que los funcionarios de carrera más preparados no se presentan a estas convocatorias porque saben que esos puestos ya están dados de antemano; los están utilizando para dar apariencia de legalidad a un nombramiento a dedo".
