Los empresarios interesados en realizar inversiones en el municipio de San Bartolomé de Tirajana verán reducidos los plazos para convertir en realidad sus proyectos urbanísticos, ya que el Ayuntamiento tiene previsto realizar una modificación puntual en el reglamento orgánico para incorporar en la administración local el órgano ambiental municipal para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanísticos y la evaluación ambiental de proyectos. Así lo aprobó ayer de forma inicial la Corporación por unanimidad de todos los grupos políticos durante la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero.

En la práctica, la puesta en funcionamiento de este órgano, que se desarrollará al amparo de la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, en vigor desde el mes de septiembre de 2017, posibilitará que la tramitación de los expedientes no se dilate en el tiempo al no tener que derivarse a otras administraciones superiores, ya que la normativa otorga al Ayuntamiento todas las competencias en esta materia.

Así, podrán concluirse más rápidamente los expedientes, por ejemplo, de planificaciones relacionados con la construcción de establecimientos turísticos, parques, viviendas, instalaciones eólicas o fotovoltaicas, que son algunos de los proyectos que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha autorizado durante los últimos meses y que hasta ahora han requerido de un informe de impacto ambiental de administraciones como el Gobierno de Canarias.

Vivienda

Por otro lado, el Pleno municipal aprobó, también por unanimidad de todos los grupos políticos, la rúbrica de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Agencia Canaria de Protección del Medio Rural para que sea este organismo el que controle las infracciones muy graves que puedan cometerse sobre el suelo rústico de asentamiento agrícola y rural del municipio durante los próximo cuatro años.

Todas las formaciones políticas con representación en el Pleno dieron vía libre también a la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a través del cual este organismo dependiente del Cabildo realizará una transferencia que alcanza los 30.000 euros con el objetivo de llevar a cabo acciones encaminadas a la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras físicas en la localidad.

Aunque la unanimidad fue la tónica dominante durante la sesión, los desencuentros llegaron al salón a cuenta de la organización del Carnaval Internacional de Maspalomas. Durante el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de Partido Popular-Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, recriminó al grupo de gobierno que a menos de una semana se desconozca qué empresa monta el escenario o quiénes son los responsables de las galas.

En este sentido, el concejal Alejandro Marichal insistió nuevamente en que el Ayuntamiento ha destinado el presupuesto disponible a pagar las facturas del carnaval de 2019 y en que "por primera vez" se presentan pliegos para adjudicar los contratos. Una afirmación que quiso rebatir Elena Álamo, intervención que rechazó la alcaldesa, Conchi Narváez, argumentando que había "quedado claro el mensaje que transmitía la oposición y las explicaciones del concejal", pero que sí recibió respuesta. "Viva la transparencia y la participación por la que usted aboga", espetó la portavoz de PP-AV, Elena Álamo, al no ver satisfecha su petición de réplica.

Durante la sesión plenaria celebrada ayer la Corporación aprobó dos mociones convertidas en institucionales. La primera de ellas de apoyo a la mujer y a la consecución de la igualdad de género mientras que la segunda fue relativa a la necesidad de contratación de trabajadores en el área de servicios sociales.