El Cabildo de Gran Canaria ha desistido por tercera vez en año y medio de adjudicar los contratos para la gestión de los centros de menores, que suman 46,97 millones de euros, en esta última ocasión "al producirse una infracción no subsanable en las normas reguladoras del procedimiento", según se refleja en el acta de la Mesa de Contratación del pasado 12 de febrero.
El Consejo de Gobierno del Cabildo acordará mañana lunes el desestimiento para volver a convocar el concurso público "lo antes posible", según confirmó ayer la consejera insular de Política Social, la socialista, Isabel Mena, quien calculó que la adjudicación de los nuevos contratos para gestionar 36 hogares de menores no se podrá realizar antes de dos meses.
Diez años después de que se iniciaran los trámites para otorgar la gestión de estos centros por concurso público, ya que hasta ahora se han regido por convenios con empresas y ONG, el Cabildo vuelve a dar marcha atrás en su tercer intento de adjudicación. La causa ha sido un error informático en el origen de la convocatoria que nadie detectó en los siguientes pasos, según explicó Isabel Mena.
"Se va retrasar unas semanas porque hubo un error al incluir el pliego de condiciones en el programa informático, lo que provocó que cuando se reunió la Mesa de Contratación para ver las propuestas de los concursantes se abrieron todos los sobres a la vez, los de las ofertas técnicas y las económicas, lo que es un motivo de nulidad y no se puede subsanar", precisó la consejera.
Sospechosos
Sospechosos
Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP, afirmó que los reiterados retrasos "son muy sospechosos" y culpó de ellos al presidente del gobierno insular, Antonio Morales, y al consejero de Hacienda, Pedro Justo, ambos de Nueva Canarias (NC).
"Cuando los errores se producen por tercera vez ya no valen las excusas, esta administración no trabaja y lo poco que hace lo hace mal, lo que demuestra la desidia con la que trabaja Morales en el Cabildo", denunció el líder de la oposición, quien apuntó que "la prueba es que algo que es tan necesario y urgente, como es el correcto funcionamiento de los centros de menores, se frustra otra vez porque el gobierno no controla los procedimientos, y eso que estamos hablando de casi 47 millones de euros".
Pérez sostuvo que este nuevo retraso perjudica también a las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan los centros de menores, pues algunas están recibiendo ahora menos de 60 euros por plaza y día y en los pliegos del concurso anulado se establecían 119,17 euros diarios por cada niño en acogida.
"Tras doce años con facturas irregulares, tres veces han intentado sacar un concurso y en las tres se cometen errores por parte de la administración, lo que es más que sospechoso en un concurso de esta magnitud", agregó. Para el portavoz del PP "es un asunto muy feo porque se han abierto los sobres de manera incorrecta, pero no porque las empresas los presentaran mal, sino porque la administración de Morales, que no trabaja, lo que hecho fatal".
"Está claro que los centros de mayores y los de menores no se le dan bien al presidente Morales", ironizó Pérez en referencia a las polémicas anteriores en el centro de mayores de Agüimes.
El Cabildo tiene las competencias de menores desde el año 1998, cedidas por la Comunidad Autónoma. Actualmente, la red insular de acogimiento residencial para niños en situación de desamparo tiene 423 plazas, repartidas entre centros de acogida inmediata y hogares, de las que 50 están gestionadas directamente, 10 mediante encomienda con el Ayuntamiento de Agüimes, y el resto, 363, con gestión indirecta por parte de entidades sociales, según se refleja en el informe emitido por la consejera Isabel Mena sobre la necesidad de celebrar un contrato para la gestión de 36 hogares, constituido por 18 lotes.
Entre las organizaciones que gestionan esos centros están la Asociación Mundo Nuevo, Mensajeros de la Paz de Canarias, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Diagrama, Nuevo Futuro, Cruz Roja Española, Asociación Diagrama o Quorum. Los modalidades del acuerdo con el Cabildo son diversas -convenio, emergencia y procedimiento ordinario de contratación-, con precios que oscilan entre los 115 euros por plaza y día hasta los 59,25 euros por cada menor.
Desde el año 2010 se cuestiona este sistema de gestión y, desde 2016, la Intervención General del Cabildo pone reparos suspensivos a las facturas que presentan las asociaciones sin ánimo de lucro y las fundaciones, con el consecuente retraso en el pago por la prestación de esos servicios.
El interventor del Cabildo se opone de forma sistemática a la prórroga de los convenios por considerar que "la naturaleza jurídica de la relación a entablar con las entidades sin ánimo de lucro para la prestación de los comentados servicios era la propia de un contrato y, por otro lado, respecto a la modalidad de tramitación de emergencia, porque debe limitarse a lo estrictamente indispensable tanto en el ámbito objetivo, para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, como temporal, sin que pueda dilatarse en el tiempo y cesar cuando la situación haya desaparecido".
Desestimientos anteriores
Desestimientos anteriores
Para acabar con esa situación, el gobierno de Morales aprobó el 5 de marzo de 2018 el expediente de contratación anticipada de 26 hogares, en 13 lotes, para el periodo 2018-2021. Sin embargo, el 3 de septiembre desistió del concurso porque un informe de la directora general de Política Social advertía que existían "defectos" en el pliego de cláusulas administrativas particulares que impedían su tramitación, así como "la imposibilidad material" de publicar el anuncio de la licitación antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
El segundo intento se realizó el 1 de abril de 2019, cuando el gobierno insular aprobó un expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para la gestión de 30 hogares en 15 lotes. El 17 de mayo, "tras haberse detectado la existencia de errores en la redacción de los pliegos con motivo de cuestiones planteadas por los licitadores, la entonces consejera de Política Social, Carmen Luz Vargas, propuso retrotraer el procedimiento. El gobierno insular acordó suspender la licitación tres días después, el 20 de mayo.
