El Cabildo de Gran Canaria continúa ejecutando nombramientos a medida, a pesar de las irregularidades detectadas por los sindicatos Sepca, CCOO y SAP que fueron denunciadas por la vía de lo contencioso-administrativo hace unas semanas. El Ejecutivo aprobó ayer mediante el Consejo de Gobierno proponer a Francisco José Bravo de Laguna, doctor en Filología Clásica, como nuevo director del área de Cultura.

Durante la convocatoria de esta plaza, los colectivos sindicales presentaron un recurso de reposición para su suspensión cautelar al considerar que las bases estipuladas en el concurso impedían el acceso de la mayoría de funcionarios de carreras que legalmente tendrían derecho a presentarse. De este modo, consideran que los procedimientos "son trajes a medida" para personas determinadas que poseen afinidades políticas con los miembros del gobierno y no para trabajadores con méritos y conocimientos probados.

El elegido, que trabaja como investigador en el departamento de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es profesor asociado de Literatura y Retórica y también da clases en un instituto de Lenguas Clásicas, se presentó por las listas del Partido Socialista a la gobernanza del Ayuntamiento de Ingenio en el año 2003. A pesar de que la formación sacó la mayoría, no llegaron a formar gobierno y estuvieron durante el mandato (hasta el 2007) en la oposición, bajo el liderazgo de Juan Díaz. Según apuntan fuentes cercanas, el futuro director de Cultura nunca se afilió al grupo de izquierdas y ejerció su puesto de concejal opositor como independiente. Asimismo, según lo estipulado en la resolución de la convocatoria para cubrir este puesto, el candidato deberá tomar posesión tras la notificación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Las Palmas.

Formación académica

Bravo de Laguna es licenciado de Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y doctor de Filología Clásica por la ULPGC, por lo que cumple a la perfección con los requisitos establecidos por el Ejecutivo Insular para la ocupación de esta plaza, que fue solicitada también por otros dos candidatos. Según los requisitos de la convocatoria, el puesto exige igualmente un conocimiento acreditado en cultura clásica mediante publicaciones en revistas especializadas, documentos científicos y la participación en congresos nacionales e internacionales de este ámbito. En este sentido, los sindicatos señalaron que "las bases en esta caso no pueden ser más descaradamente específicas" y apuntaron con más recelo que para esta convocatoria no hacía falta antigüedad ni experiencia siquiera en los órganos directivos de la administración pública, mientras que si se requiso para otras plazas de dirección.

Asimismo, la entrevista personal con la consejera del área, Guacimara Medina, fue la clave para proceder a su elección frente a los otros aspirantes. Desde el Cabildo niegan en rotundidad que su elección pudiese tener que ver con su simpatía a la formación progresista y achacan todo el mérito a su extenso currículo y perfil en el ámbito de la cultura. "Tiene muchísimos conocimientos sobre asuntos culturales, además de que ha publicado numerosos artículos sobre sus investigaciones en el ámbito de la Filología y eso demuestra su potencial", expresaron fuentes cercanas al gobierno insular.

Sin embargo, la controversia sigue servida. Los colectivos sindicales acordaron presentar a principios de mes un recurso ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo para la suspensión cautelas de los primeros nombramientos realizados por el Cabildo de los cargos directivos. En concreto, entre las designaciones denunciadas está la del exconsejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink, que fue seleccionado para ocupar el cargo de técnico del área que antes dirigía. Sepca, CCOO y SAP sostienen que su nombramiento vulnera el Artículo 23 de la Constitución Española; la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Miembros de la oposición de esta institución también se han posicionado al respecto. Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP, sostiene en este caso que en el caso de Brink se establece en las bases que no tiene por que ser funcionario de la administración, pero sí tener experiencia en el sector público "lo que solo puede cumplir un político".

Por otro lado, tampoco la nominación de Ezequiel Osorio como director insular de Servicios Generales está exenta de polémica. En este caso, los sindicatos han podido comprobar en el expediente de convocatoria el elegido solicitó un certificado para participar en un procedimiento competitivo. Osorio alegó que había solicitado el documento para optar a quinquenios y sexenio como profesor universitario.