La concesión del puerto de El Pajar (en San Bartolomé de Tirajana) a la cementera acaba en los juzgados. Empresarios del Sur presentan una demanda en el Juzgado Nº 5 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria contra Puertos Canarios al considerar que la concesión a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) del muelle de Santa Águeda está caducada. Los denunciantes entienden que la industria debía haber estado desmantelada desde ayer, 10 de marzo de 2020, mientras el ente público sitúa el final de su uso en 2022.
El escrito argumenta que existe una concesión principal, derivada de los títulos otorgados en 1957 y 1963, y que fueron refundidos en un único título en el año 1972, y posterior y sucesivamente modificada en el año 1985 para la construcción de un nuevo muelle, y en el año 1990 para la ampliación del dique, si bien esta última modificación se formalizó en el año 2001. "Así pues, el último evento de esta concesión se produce el 15 de octubre de 2001, fecha en la que se formalizó el documento de autorización para la explotación y ampliación en 120 metros lineales del dique-muelle".
Los empresarios entienden que a partir de la formalización el 15 de octubre de 2001 de la concesión para la explotación y ampliación en 120 metros lineales del dique-muelle y de las obras autorizadas el 10 de octubre de 1972, el plazo de vigencia de dicha concesión es de 30 años a contar desde el 9 de marzo de 1990, por lo que se cumple ahora.
Por este motivo, se presentó hace dos año un escrito en Puertos Canarios alertándoles del error en los plazos fijados por la empresa pública del Gobierno, sin que la petición prosperara, motivo por el que ahora han recurrido al juzgado.
Los denunciantes entienden que la postura sostenida por la Administración es "ambigua" y "arbitraria, carente de sustento jurídico y sin base en los hechos". Y apunta que el organismo público "genera expectativas en el propio informe ofreciendo un posible amparo a un nuevo otorgamiento de concesión a los actuales concesionarios a los que Puertos Canarios en cambio coloca en una situación simplemente de precariedad, sin título, que en modo alguno por tanto les podría habilitar un encadenamiento a lo inexistente, lo cual no es de recibo ni procedente y constituye un posicionamiento arbitrario que puede ser constitutivo de una desviación de poder".
La demanda resalta que la gestión de los bienes del dominio público no es ajena a los principios de eficiencia y economía en su gestión, así como el de la rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos, que en el caso de bienes del dominio público se traduce en la aplicación del principio de la mayor utilidad pública, según el texto. Además, insta a comprobar si la superficie realmente ocupada es la reflejada en el plano de la planta general del Puerto levantado en 2008. "Y, de no ser así, se proceda a la reclamación del importe de las tasas aplicables a la superficie realmente ocupada, sin perjuicio del inmediato desalojo".
Al margen de la demanda, los empresarios del Sur entienden que la cementera causa un grave daño ambiental en la zona, debido a la actividad que se viene prestando. Además de suponer un perjuicio paisajístico para un territorio que vive básicamente del turismo. Y se considera que es un asunto de interés general para Gran Canaria que sea desmantelada,
Puertos Canarios ha venido defendiendo que la concesión por 50 años de Santa Águeda concluye el 28 de octubre de 2022, según se recoge también en su web, ya que la resolución fue notificada el 27 de octubre de 1972. Además, y aunque la empresa ha manifestado su intención de solicitar la continuidad en el lugar con una extensión de la concesión porque es una "actividad estratégica", ese plazo es improrrogable, expresó en su momento según el organismo público. En el Plan Insular de Ordenación (PIO) se fija un uso deportivo.
Alargar la concesión
Una portavoz de Cementos Especiales señaló ayer que la empresa continúa en plena actividad, y que estudia fórmulas legales para alargar la concesión antes de que expire en dos años y medio. En cualquier caso, defendió que la fábrica está situada en terrenos propios, y que la concesión se limita al puerto. Y que el muelle sirve para la entrada de la materia prima y como base operativa para los transportes a otros muelles de las islas. De ahí, apunta, que "el puerto y la fábrica son un todo indivisible. La actividad, según manifestó la empresa hace un año, da empleo a 200 personas y casi 400 indirectos.
La cementera se asentó en el pueblo de El Pajar en 1957, para cubrir la demanda de material para la construcción de la presa de Soria. Además, el puerto se encuentra a dos kilómetros de la cantera de San José, que forman el triángulo del operativo de la empresa. En este último caso, la concesión de la cantera se extiende hasta 2046. Y de allí se extrae la puzolana que sirve para sus productos.
