La Guardia Civil tomó ayer declaración a otros siete políticos y empleados del Ayuntamiento de Valsequillo, en calidad de detenidos, en el marco de la operación policial iniciada el lunes por presuntas irregularidades en las contrataciones municipales, por lo que la lista de investigados se ha ampliado a 18 personas. Entre los políticos citados en el segundo día de interrogatorios estuvo Víctor Navarro, exconcejal socialista y actual director general del Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias.

Todos los detenidos han quedado en libertad y se han acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, a la espera de que se levante el secreto de sumario y puedan hacerlo ante el Juzgado de Telde que lleva el caso, según reveló José María Guerra, abogado defensor del alcalde de la localidad, Francisco Atta (Asba-NC), y de otros 14 investigados.

Ninguno de los detenidos, aseguró el letrado, conoce todavía las acusaciones que se le imputan, aunque sí ha trascendido que Francisco Atta y varios concejales del anterior grupo de gobierno de NC y PSOE están denunciados por la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en relación con el supuesto uso de fondos públicos para el pago de combustibles en vehículos privados. A los demás políticos y trabajadores se les acusa de malversación o falsedad.

La Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil inició el lunes una segunda fase de la investigación al Consistorio de Valsequillo con la declaración como detenido del alcalde de la localidad y de otras diez personas, entre concejales, funcionarios y empleados municipales. Ayer lo hicieron Vítor Navarro y otros exediles y trabajadores del anterior mandato.

Irregularidades

Tras una primera operación policial el 8 de mayo de 2019, en la que se incautó numerosa documentación relacionada con las supuestas irregularidades, seis agentes de la Guardia Civil entraron en el Ayuntamiento a primera hora del pasado lunes con la intención de comunicar la detención a Atta y trasladarlo a la Comandancia de Las Palmas para prestar declaración.

El alcalde no se encontraba en ese momento en las Casas Consistoriales, pero al conocer que lo estaban buscando llamó al jefe del operativo de la Guardia Civil y acordaron que se presentara a declarar en la sede de la Guardia Civil. Con posterioridad lo han hecho los demás investigados.

Al igual que Atta, que tras quedar el libertad consideró que la operación de la Guardia Civil es "totalmente desproporcionada", el abogado José María Guerra transmitió ayer el "desconcierto" y el "desagrado" de sus defendidos por la forma en que se está llevando la investigación, pues consideran que no era necesario detener a 18 personas para averiguar qué ha ocurrido con unos vales de gasolina.

"No sabemos casi nada del procedimiento porque está bajo secreto de sumario, pero por la información que nos ha dado la Guardia Civil y lo que hemos leído en la prensa, los denunciantes son dos expolicías locales del Ayuntamiento que ya habían denunciando anteriormente al alcalde, en 2014", apuntó.

Las diligencias previas de aquella primera denuncia contra Francisco Atta también fueron llevadas por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde, que las archivó por un auto del 9 de diciembre de 2015. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial confirmó el archivo en otro auto del 30 de abril de 2017. "Los denunciantes son dos antiguos policías de Valsequillo, que anteriormente ya habían acusado al alcalde de prevaricación, malversación y por acoso laboral, pero ni la juez de instrucción ni la Audiencia apreciaron ningún indicio de delito y archivaron el procedimiento", comentó Guerra.

El abogado de la mayoría de los investigados explicó que hace un año, cuando se supo que había una denuncia de la Fiscalía, el Ayuntamiento presentó un escrito para personarse como parte y se puso a disposición del Juzgado. "Llevamos casi un año esperando que se levante el secreto de sumario", señaló Guerra, quien subrayó que el lunes, cuando el alcalde le llamó para decirle que habían ido al detenerle al Ayuntamiento, preguntó en el Juzgado y le informaron que desde esa instancia no se había ordenado ninguna detención.

Fiscalía

Por tanto, los investigados entienden que las detenciones han sido decididas por la Guardia Civil y "les ha llamado la atención que los dos expolicías municipales declararan en la prensa que presentaron la denuncia ante la Fiscalía porque en el Juzgado de Telde no les habían hecho caso".

El trato de la Guardia Civil a los 18 detenidos "fue exquisito", resaltó el abogado defensor, pero a todos se les hizo una ficha con foto y toma de huellas que quedará en los archivos policiales. Además, los investigados creen que "lo que se pretendía el lunes era buscar una foto del alcalde saliendo detenido del Ayuntamiento".

"Tras un año de investigaciones, es algo incomprensible que se detenga a 18 políticos y trabajadores, se les genere un daño público innecesario y se cree una alarma en Valsequillo cuando lo normal es que la Guardia Civil los llamara a declarar acompañados de sus abogados se creen que sus actos pueden ser constitutivos de un delito", insistió Guerra, quien sostuvo que al existir una investigación judicial abierta debería ser la jueza quien decida a quién se cita como investigado y a quién como testigo.

"¿Quién decide que sea una detención y no una llamada a declarar?", se preguntó el letrado, pues lo que se sabe hasta ahora es que alguien pudo utilizar en beneficio propio una parte de la gasolina que se cargaba a las arcas municipales.

"Como el Ayuntamiento no tiene vehículos oficiales, parece ser que cuando un funcionario se desplazaba para hacer una gestión había unos vales de gasolina, pero para averiguar qué ha pasado con esos vales había otros modos de hacerlo, no detener a 18 personas, sacarlas en los medios y crear una alarma en el pueblo", precisó Guerra, quien reiteró que "resulto raro y difícil de creer que todo el Ayuntamiento se dedicara a sacar gasolina con esos vales para aprovecharla en su uso privado, incluidos los funcionarios que son habilitados del Estado".

"No entendemos -concluyó- qué es lo que hay detrás de esta operación de la Guardia Civil, qué se está buscando, pero huele al caso Palmera de Santa Lucía de Tirajana, con más de 10.000 folios de investigación para nada porque luego se demostró que no había ningún delito; lo que entienden los perjudicados es que cuando se producen detenciones es porque hay pruebas de un delito grave, por eso les parece desproporcionado y que alguien se ha pasado tres pueblos".