La primera fase de la nueva carretera de La Aldea debió construirse en poco más de tres años, pero se interpuso la crisis financiera de 2008 y las obras se prolongaron durante ocho años. Ese es el primer ejemplo que viene a la memoria de políticos y constructores cuando se preguntan de qué forma afectará la pandemia del coronavirus a las grandes actuaciones en la isla de Gran Canaria, tales como la central energética de Chira-Soria, el ferrocarril del Sur, el cierre de la circunvalación por Arucas, los nuevos hoteles o el Siam Park del Veril.
La primera conclusión es que esos grandes proyectos, públicos y privados, son ahora "vitales" para la recuperación de la economía de la Isla cuando se vuelva a la normalidad, algo a lo que nadie se atreve a poner fecha. Las obras que ya están iniciadas, como el propio segundo tramo de la carretera de La Aldea (Agaete-El Risco), la IV Fase de la circunvalación o la mejora de la vía de Tamaraceite a Teror, se mantuvieron al ritmo previsto hasta el pasado viernes, pero es previsible que sufran nuevos retrasos si se prolonga el estado de alarma y se complica el transporte de las materias primas.
El freno total a la construcción durante las dos próximas semanas no debería causar más efectos, a juicio de los responsables políticos, que una demora similar al tiempo que se ha perdido, pero se entraría en un terreno desconocido de consecuencias incalculables si se prolonga el confinamiento del sector durante mucho más tiempo o se bloquean las redes de transportes.
En las dos principales actuaciones del Gobierno de Canarias en la Isla, la nueva carretera de La Aldea y la circunvalación en Arucas, no se trabajará en los próximos 15 días, pero oficialmente no se da la obra por paralizada, sino como un periodo de vacaciones a los trabajadores que además coincide con la Semana Santa, según informó ayer la Consejería de Obras Públicas.
De hecho, el departamento que dirige Sebastián Franquis y las empresas adjudicatarias están preparando una nueva programación de los trabajos para recuperar el tiempo que se pierda a causa del parón del coronavirus. Eso es más factible en el caso de La Aldea, pues las obras están recién empezadas y en cuatro años es posible compensar estas dos semanas. En la circunvalación se preveía finalizar la obra este próximo otoño, por lo que el margen para recuperar y cumplir el plazo es más reducido.
Miguel Ángel Pérez, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas y Transportes, consideró ayer que la crisis económica que se avecina es diferente a la de 2008, en primer lugar por la forma en que se abordó entonces. "En aquella ocasión, la solución fue recortar y reducir el gasto público, mientras que en esta crisis la postura es completamente diferente; nosotros tenemos la intención de continuar inyectando liquidez a la calle para generar empleo", apuntó el también dirigente del PSOE canario.
Tras preguntarse qué habría ocurrido en una situación como la actual si no se hubiesen combatido los discursos neoliberales respecto a la sanidad pública, Pérez adelantó que lo que van a hacer ahora administraciones como el Cabildo es "planificar una serie de obras públicas para los próximos años y que comiencen lo antes posible". A su juicio, la economía y el empleo se pueden estabilizar si se logra poner en marcha esas actuaciones en los próximos meses.
El vicepresidente insular aclaró que "es importante diferenciar entre construir cualquier cosa, por el simple hecho de construir, y tener una planificación a varios años". Al respecto, recordó que el Cabildo ya tiene en cola, en distintas fases de tramitación, obras como la construcción de un cuarto carril en la autovía del Sur, la GC-1, en el tramo desde el barranco de Telde hasta Melenara; la prolongación hacia el sur de la circunvalación de la capital, la GC-3, por Marzagán y El Goro, la denominada variante de Telde; y la ampliación de la carretera de Valsequillo.
Además, explicó Pérez, están a punto de adjudicarse los nuevos contratos de asfaltado de la red insular, así como los de seguridad y limpieza de varios tramos. Otra posible actuación pública para recuperar la economía es la vía de circunvalación de Agaete a El Valle y Los Berrazales, que ya cuenta con proyecto municipal y que costaría unos tres millones de euros. También hay proyectos para pequeñas intervenciones en carreteras de Arucas y Moya.
La principal obra iniciada del Cabildo es la ampliación de la calzada entre Tamaraceite y Teror, por unos siete millones de euros, cuya última modificación del trazado retrasó la apertura hasta el mes de septiembre. La intención ahora es completar los trabajos antes de fin de año.
El alcalde de Teror, Gonzalo del Rosario, no se atreve a vaticinar una fecha, pero difícilmente podrá ser antes de la fiesta del Pino, el 8 de septiembre. No obstante, considera que las obras ya realizadas en los márgenes de la carretera suponen "una enorme mejora en seguridad y en rapidez", por lo que un retraso de varios meses "tampoco sería una catástrofe".
Otra obra del Cabildo que se puede incluir en ese paquete es el Centro de Control de la Movilidad de Gran Canaria, que se ubicará en Tamaraceite, que va a coordinar todos los transportes públicos de la isla (guaguas, taxis) y controlar por sensores toda la red de carreteras.
Apuesta por el tren
El ferrocarril del Sur es el proyecto más adecuado si lo que se pretende es realizar inversión pública de forma urgente y con obras que durarán varios años. En eso coinciden el gobierno tripartito del Cabildo y todos los grupos de la oposición.
El tren, sostiene Pérez, "es un proyecto que está a punto de nieve y tiene todas las bondades para poder ser financiado por la Unión Europea, pues es sostenible cien por cien". Como modelo de ferrocarril de cercanías "tiene probablemente los mejores parámetros de todo el Estado español, solo por debajo de Madrid y Barcelona, por densidad de población y coste-beneficio".
"En el Cabildo y en el PSOE queremos impulsar el tren porque creemos que es necesario y, en estas circunstancias, una inversión pública que beneficiará a numerosos sectores y empresas", anunció el vicepresidente, quien precisó que ya ha mantenido reuniones con el Ministerio de Fomento para buscar la financiación europea.
"Tiene que arrancar ya porque es una obra a diez años vista, no para pasado mañana, y empezaría primero a generar actividad en la ingeniería y la arquitectura y partir de ahí, en la fase de la obra, en todos los demás sectores", puntualizó.
Aunque nunca se han mostrado entusiasmados con la implantación del ferrocarril, pues no lo veían como una prioridad, los tres grupos de la oposición del Cabildo -PP, Unidos y Ciudadanos- coinciden en que sería fundamental para recuperar la economía tras la pandemia.
"Si Gran Canaria apuesta por ese modelo de transporte de viajeros, ahora es cuando tiene sentido empezar a construirlo, no esperar otros diez años", declaró Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP en el Cabildo, quien opinó que una obra de ese volumen genera empleo en numerosos sectores e inyecta liquidez en la economía.
En igual sentido, el portavoz de Unidos-CC, José Miguel Bravo de Laguna, subrayó que "también es un buen momento para que la Unión Europea muestre su solidaridad con los países más afectados por la pandemia y financie el tren cuando se supere esta epidemia, sin perjuicio de que se puedan buscar otras fórmulas, como la prefinanciación privada o el uso del dinero de la RIC".
Ruymán Santana, portavoz de Ciudadanos, apostó por dar el último empujón al proyecto del tren, en el que ya se han gastado más de 25 millones, y también reclamó que se flexibilicen las normas que tienen bloqueadas numerosas obras en la Isla, como hoteles, puertos deportivos o residencias de mayores.
"Es fantástico que los partidos de derecha e izquierda coincidamos en que las ideas de izquierdas son las buenas para recuperar la economía, porque la derecha antes no creía en la inversión pública, sino en la austeridad", ironizó Pérez.
La patronal también aboga por acelerar la inversión pública que está pendiente como fórmula para recuperar los empleos que se pierden día a día por la hibernación de la economía, ahora agravada por la paralización forzosa de la construcción.
María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) explicó que su organización está coordinándose con los responsables de obras públicas de las cuatro administraciones para que se agilicen las licitaciones de obras y se adjudiquen los contratos, de forma que las empresas del sector vuelvan al trabajo al día siguiente de que se levante el estado de alarma.
"Pedimos que se haga ya todo lo que se pueda adelantar en el ámbito administrativo, que el Plan de Vivienda se apruebe y salga en el Boletín, pues así podremos ponernos en marcha desde que acabe el confinamiento; hay que poner las grúas en el terreno porque eso es lo que va sacar a la economía de este atolladero", sostuvo Gil, quien aseguró que el sector de la construcción no va a caer en el pesimismo porque "está llamado a protagonizar la recuperación económica cuando acabe la crisis sanitaria".
El 95% de las empresas asociadas a la AECP trabajaron con normalidad hasta el pasado viernes, aunque con problemas al inicio de la alarma para adaptarse a las nuevas medidas de seguridad laboral. El restante 5% paralizó la actividad por diversas incidencias, "no muy distintas a las que ocurren el resto del año", añadió. Entre otras propuestas, Gil planteó que los ayuntamientos externalicen los trámites de concesión de licencias, algo que se hace ya en Cataluña, y que se atraiga inversión privada para la construcción de centros sociosanitarios.
Mario Romero Mur, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, consideró que las obras que ya están proyectadas generarán numerosos empleos, por lo que reclamó a las administraciones municipales que se pongan "en clave de agilidad máxima, tanto para los grandes proyectos como las obras menores".
