El PP y los otros dos grupos de la oposición en el Cabildo han obligado al gobierno de Antonio Morales a convocar un pleno extraordinario, el próximo miércoles, para debatir una moción de respuesta a la crisis económica y social por la Covid-19. En vistas del distanciamiento político, ¿ve alguna posibilidad de que esa propuesta salga adelante?
Nuestras propuestas tienen poco éxito de salir adelante. El grupo de gobierno ni siquiera ha aceptado nuestra mano tendida desde el primer momento del coronavirus. Desde el 18 marzo hicimos pública una nota en la que los tres grupos de la oposición [PP, Unidos-CC y Ciudadanos] nos poníamos a disposición del gobierno para apoyar cuantas modificaciones fueran necesarias. Las circunstancias que estamos viviendo son suficientemente extremas como para aparcar las discusiones ideológicas y que se tomen las decisiones de forma consensuada. Desde ese día hasta hoy no hemos recibido ni una llamada del presidente del Cabildo. Por mucho que él diga que ha estado en contacto con los portavoces, no es cierto. Morales ha estado ausente del Cabildo y de la política insular. Hay una serie de consejeros que sí están trabajando y son los que han contactado con los alcaldes de la isla, pero el presidente solo ha tenido dos reuniones con los ayuntamientos, una de ellas para comunicarles la propuesta del consejero de Transportes para ayudas a los taxistas. Ni siquiera esa vocación de trabajo se le ha visto al presidente.
El pasado viernes, el gobierno y la oposición del Cabildo ni siquiera pudieron alcanzar un acuerdo sobre una declaración institucional referida a la pandemia, ¿por qué?
No es que no hayamos podido. Cuando esa moción vaya al pleno ordinario de final de mayo tendremos la oportunidad de discutirlo. El gobierno lanzó a la prensa un documento de carácter partidista para que sea aprobado por la oposición, pero ni siquiera nos consultó antes. Nosotros hemos planteado una moción alternativa, que es la declaración institucional elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es mucho más objetiva y se ha aprobado en toda España. Lo que no estamos dispuestos es a aprobar una moción al gobierno de Morales en la que, por ejemplo, propone contratar más personal en el Cabildo. El gasto público debe dirigirse a ayudas a las personas, a las empresas y a los ayuntamientos. No es el momento de empezar a colocar a más gente en el Cabildo. No compartimos la política del señor Morales de enchufar a 27 altos cargos que no son necesarios en estos momentos.
¿Qué balance hace de la actuación del gobierno del Cabildo en estos dos meses de crisis por el coronavirus?
Es exactamente el mismo balance del último año. El Cabildo, por desgracia para los grancanarios, sigue ausente en la isla. Los primeros meses tras las elecciones fue la composición del gobierno y llegamos a octubre con el debate de si Juana o la prima hermana. Con los incendios estuvimos hasta el otro día y ahora con la pandemia. Pedimos que el Cabildo tome la iniciativa, como han hecho los demás, en especial los de La Palma o Tenerife, para coordinar su política con los ayuntamientos.
¿Qué medidas plantea el grupo Popular del Cabildo para afrontar los próximos meses, quizá años?
Lo primero que tenemos que hacer en los próximos meses es redimensionar la administración pública española. Ya es hora de hacerlo, pero esta vez será por obligación. Estamos viendo que los ingresos van a mermar entre un 50-60% en las administraciones y eso solo dará para atender los gastos fijos de funcionamiento. Vamos a estar a expensas de que el Ministerio de Hacienda autorice la utilización de los remanentes, del superávit y la capacidad de endeudamiento, es decir, que dejen que los cabildos y ayuntamientos pidan préstamos para que tengan dinero para invertir. Ya está bien que una administración se solape con otras. Por ejemplo, en Deportes tienen competencias el Estado, las comunidades autónomas, los cabildos, los organismos autónomos dentro de los cabildos, y los ayuntamientos. El área de Deportes es una y no necesita la intervención de cinco o seis administraciones. Y lo mismo ocurre en Vivienda o en Servicios Sociales. Hay que acabar con la duplicación o multiplicación de los servicios públicos. Eso hay que erradicarlo de una vez por todas y nos quedarán unas instituciones con menos gastos y un mejor aprovechamiento de los empleados públicos. A partir de ahí, en Gran Canaria hay que centrarse en las dos principales industrias, el Sur turístico y el puerto. En esas dos claves tenemos que movernos.
Según sus previsiones, ¿cuánto dinero del superávit y de remanentes podrá utilizar el Cabildo si el Ministerio de Hacienda se lo permite?
Calculo que el superávit del año 2019 será de entre 75 y 85 millones de euros. Sumados al dinero de remanentes depositado en los bancos, el Cabildo podría disponer de 350 a 400 millones de euros. Lo que pedimos es que se haga un barrido del presupuesto de este año y se eliminen gastos políticos e innecesarios ante esta grave situación. En Canarias vamos a tener niveles de paro muy altos, con porcentajes en torno al 30%. Eso significa que tenemos que reaccionar y coordinar la ayuda a la sociedad, pero no solo a los más necesitados, sino a aquellas personas que tenían unas condiciones de vida normales hasta el otro día y las han perdido. Tenemos que garantizar la alimentación, los suministros básicos, agua, luz o telefonía, y garantizar que no pierdan su cobijo, su vivienda. En eso tenemos que volcarnos y meter muchísimo dinero desde las administraciones.
¿Y cómo se puede conseguir ese dinero?
Si hay que pedirlo prestado, pues se pide prestado. Lo que ocurre es que el Cabildo de Gran Canaria ha perdido la iniciativa, nos encontramos con un gobierno sin ganas y un presidente sin ideas. En un momento como este, en que el Cabildo tiene que estar en primera linea de la atención al ciudadano, está ausente, desganado. Nos vamos a encontrar con una situación compleja, incluso suponiendo que el Ministerio de Hacienda le dé urgencia a los remanentes. Al caer los ingresos vamos a tener un Cabildo muy mermado, pues no tiene grandes tributos propios y depende de las transferencias de otras administraciones.
Usted fue alcalde hasta hace un año de un municipio turístico como San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué se debe hacer para recuperar el Sur turístico? ¿Peligran las inversiones?
El mercado turístico no va a peligrar. Soy muy optimista con el turismo porque tenemos algo que los demás no tienen, que es nuestra climatología y nuestra infraestructura. Vamos a pasarlo mal, pero esa industria se va a recuperar, como siempre ha hecho, desde que podamos garantizar a nuestros visitantes que estarán seguros desde el punto de vista sanitario. Debemos tener un Archipiélago seguro, con esa marca de Covid free que ya está utilizando Portugal en sus zonas turísticas con una serie de normas tanto para la población como para los visitantes. Hay que normalizar las playas y la administración tiene que colaborar, no solo para la promoción del destino, sino para la implementación de esas medidas de seguridad en las empresas y las personas.
¿Cuándo cree que empezará esa recuperación turística?
Debemos de ser realistas y objetivos. Nuestra temporada de verano ya está perdida, ya llegamos tarde. Hay que esperar a que las compañías aéreas puedan volar y no podemos pensar que el turismo peninsular nos va a salvar el verano porque ofertas iguales o mejores que las nuestras van a tener en territorio peninsular o en Baleares. Nuestra lejanía nos va a poner en inferioridad de condiciones, pero hay que tener claro que en invierno se puede arrancar. Como toda puesta en marcha, no vamos a arrancar al 100%, sino con porcentajes bajos de ocupación en noviembre y diciembre. Sin embargo, en enero o febrero ya podremos estar al 50% de nuestras cifras tradicionales.
Ha criticado con dureza la adjudicación de 120.000 euros a la empresa de Ogadenia Díaz para la fabricación de 20.000 mascarillas higiénicas que son cuestionadas por el propio Servicio de Prevención del Cabildo. Ha dicho que todo huele muy mal, ¿a qué se refiere?
En el minuto uno de la alarma, Morales dijo en una entrevista que el Estado había requisado las mascarillas al Cabildo. Pregunté por esas requisas y no hubo ninguna requisa. Este hombre estaba preparando algo desde el mes de marzo. Luego vimos que anunció 28 medidas y en una reunión posterior las amplió a 33. De todas esas actuaciones, la única medida que no es abierta, sino una adjudicación cerrada, son esos 120.000 euros para una empresa concreta. Y según vamos preguntando, observamos que ni las normativas ni el sentido común amparan esas adjudicaciones urgentes. Desde el PP y toda la oposición seguimos cuestionando esa compra porque entre las empresas que están autorizadas a vender telas para mascarillas no aparecen ni la empresa canaria ni la de Barcelona. Y lo que es más grave, la empresa canaria de las mascarillas fake tampoco tiene ninguna fábrica. Con lo cual, ¿cómo se llama esto?
