La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, declarada por la Unesco hace 15 años y con una actividad vacilante e intermitente durante todo ese periodo, se pretende utilizar ahora para promover un avance económico y social en los municipios de la Cumbre, con el objetivo de atenuar los efectos de la despoblación y de los incendios forestales de los últimos años.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció ayer que su gobierno dará "un impulso de futuro" a la Reserva de la Biosfera y a las 17.000 personas que lo habitan, con una inversión de 860.000 euros en los próximos dos años para atender las demandas de la población local, potenciar la participación y crear un sello de productos y servicios con el objetivo de combinar protección territorial y desarrollo socioeconómico, además de integrarlo en el nuevo Instituto de Risco Caído y Reserva de la Biosfera.
"Tenemos que dar respuesta a quienes han sabido dar continuidad a esa identidad sobre la que construimos los cimientos del futuro", agregó Morales, que resaltó que este empeño cobra especial importancia ahora que se acentúa "la obligación de velar por lo más cercano", máxime en el caso de la Reserva de la Biosfera, cofre que atesora los principales valores medioambientales y etnográficos de Gran Canaria en sus 100.000 hectáreas terrestres y marinas.
Este relanzamiento de la Reserva de la Biosfera pondrá a trabajar a un equipo multidisciplinar cuya primera tarea será realizar un estudio socioeconómico y demográfico de la zona declarada Reserva por la Unesco, que abarca a los municipios de Artenara, Tejeda y La Aldea en su totalidad y parte de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Agaete y San Mateo.
Esta radiografía social y económica se convertirá a su vez en la piedra angular para definir un nuevo Plan de Acción con partidas presupuestarias propias entre los años 2021 y 2027 para respaldar a la población local en el duro proceso que atraviesa tras episodios como los incendios devastadores o la incidencia de la pandemia, circunstancias que se suman a las dificultades socioeconómicas ya existentes, según recalcó la consejera insular de Medio Ambiente, Inés Jiménez.
El fuerte carácter social del programa, que considera a los hombres y mujeres del ámbito como baluartes de los valores de la Reserva de la Biosfera, cristalizará también en un diagnóstico desde la perspectiva de género e interseccional, en el diseño de estrategias de dinamización para el apoyo de grupos en situación de vulnerabilidad y en la reactivación del proyecto Ecoescuelas, apuntó.
En este proceso, el gobierno insular "quiere dar voz en todo momento a la población y contar con el aval de un proceso social". Así, constituirá el Consejo de Participación Pública para favorecer mecanismos continuos de debate y encuentro a través de instrumentos como asambleas y comisiones de trabajo.
Otro impulso será el desarrollo de la Marca de Productos y Servicios de la Reserva de la Biosfera en respuesta a las peticiones de la población rural.
El consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, subrayó por ello que el reto es que la gente mantenga su arraigo en estos entornos naturales y que no deriven en "terrenos fósiles" y recordó la apuesta del Cabildo por el Instituto que coordinará la gestión de la Reserva de la Biosfera y del Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, ya que no solo son figuras de la Unesco, sino que coinciden en parte del territorio y supondrá una garantía para reactivar el interior de la Isla a todos los niveles.
