El gobierno del Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer la propuesta de Ordenanza para el establecimiento de precios públicos por la utilización lucrativa de las instalaciones deportivas del Gran Canaria Arena, del Estadio de Gran Canaria y del Anexo Multiusos Sur, con precios que oscilan entre los 11.000 y los 19.000 euros en el caso del pabellón de baloncesto, epicentro de la polémica que sacudió a la institución al final del pasado mandato por un presunto agujero económico de más de un millón de euros. El Cabildo aún está tratando de recuperar el dinero que adeudan los promotores de conciertos de música y otros actos lúdicos, según declaró el consejero insular de Deportes, Francisco Castellano.
La propuesta aprobada por el Consejo de Gobierno del Cabildo ha sido elaborada por dos organismos autónomos, el Instituto Insular de Deportes y Valora Gestión Tributaria, y establece los precios en función del número de espectadores para el que se reserve cada la instalación deportiva. Así, utilizar la pista central del GC Arena para un aforo de hasta 3.000 personas costará 11.000 euros. Hasta 4.000 espectadores subirá el canon a 12.500 euros y así sucesivamente hasta los 19.000 euros con el graderío completo, unas 8.000 personas. Por cada día de montaje o desmontaje se cobrarán 600 euros. La Sala Club, otro de los espacios de GC Arena, tendrá precios entre los 7.000 euros (1.000 espectadores) a 9.000 euros (un aforo de 3.000 o más).
Utilizar el Estadio de Gran Canaria para conciertos u otro tipo de encuentros multitudinarios oscilará entre 10.000 euros (hasta 1.000 espectadores) y 30.000 euros (hasta 25.000 personas). En el caso de festivales, a partir del segundo se cobraría el 40%. Por último, las tasas en el Anexo Multiusos de Siete Palmas varían entre los 10.000 y los 16.000 euros.
Francisco Castellano explicó que estos precios "se establecen fundamentalmente para el uso del GC Arena, porque el resto de instalaciones del Cabildo, como el Centro Insular de Deportes y el Martín Freire ya tienen sus propias ordenanzas".
Al existir una tabla de precios públicos, apuntó el consejero, "todo el mundo va a saber a qué atenerse a la hora de reservar esas instalaciones", lo que evitará picarescas con el aforo real y el declarado o la competencia desleal entre promotores.
El gobierno insular instaura esos precios sin un consenso previo con los promotores, aunque a finales de 2019 hubo reuniones con una asociación de estos empresarios en las que, según Castellano, "algunos dijeron que les parecía una idea fantástica y otros discreparon por los precios en las franjas más bajas de aforo". Al respecto, destacó que, una vez la Ordenanza sea aprobada por el Pleno del Cabildo del próximo 31 de julio, se abrirá un periodo de exposición pública para que los promotores o personas interesadas presentes sus alegaciones.
Las cantidades fijadas son las que han recomendado los técnicos tras consultar otras tablas de precios, como las del Auditorio Alfredo Kraus o los teatros Pérez Galdós y Cuyás. "Ninguno de esos sitios tiene el aforo del GC Arena y aparte, ninguno ofrece lo que nosotros incluimos en ese precio público, como los planes de seguridad, el propio personal de seguridad, el agua, la energía eléctrica o la limpieza. "Si se fueran a desglosar todos esos gastos, al promotor le podría salir más caro", añadió.
Preguntado por las cantidades sin cobrar de los años anteriores, Castellano recordó que hace unos meses dio indicaciones a los técnicos de su departamento para que reclamaran el pago de todos aquellos servicios que fueron prestados por el Instituto Insular de Deportes y cuyo cobro no haya prescrito. Aunque admitió desconocer las deudas que se han cobrado hasta ahora, aseguró que el Cabildo no renuncia a recuperar ese dinero.
Al final del pasado mandato, el entonces consejero de CC, Fernando Bañolas, cuantificó esos impagos en 660.000 euros. Un posterior informe del gerente del Instituto de Deportes, Alfredo Gonçalves, los elevó a 1,6 millones si se contabilizaban las cantidades dejadas de ingresar entre 2003 y 2015.
"Se está intentando cobrar todo lo que se deba cobrar, porque además estamos obligados a ello; no se renuncia a recuperar todo lo que se pueda, aunque habrá plazos que ya han prescrito", agregó.
Bañolas presentó una denuncia contra el actual presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, cuando éste era máximo responsable del Instituto Insular de Deportes, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en el uso del pabellón Gran Canaria Arena para conciertos. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria archivó la denuncia al apreciar que esos hechos "carecen de relevancia penal".
