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Moya desarrolla una ordenanza para multar los residuos incontrolados

El Ayuntamiento solicitará a la Delegación del Gobierno instalar cámaras de videovigilancia

Moya desarrolla una ordenanza para multar los residuos incontrolados

Moya desarrolla una ordenanza para multar los residuos incontrolados

El Ayuntamiento de la Villa de Moya está desarrollando una nueva ordenanza municipal para poder sancionar a las personas y empresas que abandonan residuos no adecuados junto a los contenedores de basura en vez de llevarlos a los puntos limpios. El Consistorio norteño ha registrado un aumento de los vertidos incotrolados en diversas zonas de la geografía municipal desde el pasado mes de marzo, cuando se inició el confinamiento debido al coronavirus. Y esta situación la asocia a la limpieza de hogares y empresas durante el estado de alarma, sumado al cierre de los puntos limpios durante ese período y la subida de tasas de los vertederos de la Isla en el año 2016. Estas actuaciones no solo perjudican a la imagen del municipio, sino que afecta gravemente a la conservación medioambiental.

Durante los últimos meses la mayoría de los vertidos que los operarios del servicio de limpieza municipal encuentran junto a los contenedores de basura son neumáticos, ropa, trastos, electrodomésticos y enseres de todo tipo, además de hallar también mangueras de regadío y hasta diversas estructuras de amianto, un material cuyo uso está prohibido en la actualidad por ser perjudicial para la salud y para el medio ambiente.

Las zonas más castigadas del municipio de Moya, según ha detectado el Ayuntamiento norteño, son las áreas más altas de la localidad en espacios tales como El Tablero, La Josefa, Lomo Moya, Fontanales, Barranco del Laurel y Hoyas del Cavadero. Y toda esta situación sucede, destaca el Consistorio, pese a que el Ayuntamiento de Moya cuenta con un servicio, que es gratuito, de retirada de trastos a domicilio previa solicitud.

23.000 kilos

El Ayuntamiento de la villa considera que el aumento de los vertidos incontrolados se ha desbordado en los últimos meses por las limpiezas de las casas durante el confinamiento -de la media de 15.000 kilos de vertidos mensuales que recoge Limpieza, en marzo aumentó hasta casi los 23.000 kilos-, y por el cierre de los puntos limpios insulares durante el estado de alarma. Pero principalmente señala a la subida de las tasas de los diferentes residuos en los dos vertederos de la Isla, el Ecoparque Norte -ubicado en Salto del Negro-, y el Ecoparque Sur- localizado en Juan Grande-. En algunos tipos de residuos la subida de las tarifas ha supuesto un aumento de hasta el 233% con respecto al año 2013.

En este último caso, el Ayuntamiento de Moya sospecha que los vertidos no sean siempre de vecinos del municipio, sino de empresas que se acercan a distintos espacios de la villa porque saben que son zonas de poco tránsito. Éstas son quienes deben hacer frente al coste del reciclaje en los puntos limpios pero, dice la Corporación local, algunas optan por tirarlos en las vías en el municipio de Moya para que sea el Ayuntamiento el que asuma los gastos derivados de ese servicio.

Una vez se desarrolle esta normativa y entre en vigor algunas multas podrán alcanzar cantidades considerables, de entre 600 y 300.000 euros, ya que se han detectado residuos en zonas protegidas, como el Barranco del Laurel, en Los Tilos, un área que goza de la categoría de Reserva Natural Especial.

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, explica que estas acciones suponen un sobrecoste para las arcas municipales de entre 80.000 y 100.000 euros al año que se suman a los 400.000 euros que el Consistorio destina a residuos. "Y dada la situación, aunque ha remitido un poco, prevemos que este año aumente hasta los 120.000 euros".

Para solucionar esta situación, la corporación local moyense solicitó tiempo atrás a la Delegación del Gobierno en Canarias los permisos para la instalación de cámaras de videovigilancia con el objetivo de cazar in fragati a los irresponsables que depositan los vertidos en los espacios públicos. Pero su petición fue denegada.

Ahora, dado el crecimiento de esta problemática, el Consistorio norteño volverá a presentar la solicitud, según explica Raúl Afonso, quien reveló que en una reciente conversación con el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, éste le informó de que revisará esa petición. "Las cámaras no solo será para la vigilancia de quienes depositan los residuos, sino también por motivos de seguridad", añade el regidor moyense.

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