El traslado de otros 39 inmigrantes al centro de acogida de Tunte provocó ayer otra protesta de los vecinos del pueblo y acentuó el enfrentamiento institucional entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Delegación del Gobierno central en Canarias. La alcaldesa Conchi Narváez (PSOE), que se encuentra de vacaciones fuera de la isla, y el alcalde en funciones, Alejandro Marichal (CC), criticaron la actuación del delegado del Gobierno, el socialista Anselmo Pestana, por la decisión de utilizar el albergue de Tunte como centro de cuarentena de la Covid-19, sin informar a la población ni coordinarse con las autoridades locales. También lamentaron el trato a los vecinos durante las protestas a las puertas del recinto y rechazaron las acusaciones de racismo contra la población del municipio,

A mediodía de ayer se registraron nuevos forcejeos entre los vecinos y la Policía Nacional a las puertas del edificio, durante la llegada de un nuevo grupo de inmigrantes para pasar el periodo de cuarentena del coronavirus. Manuel Cabrera, uno de los portavoces de los vecinos, de 69 años, tuvo un enfrentamiento con un agente y debió ser trasladado a un centro sanitario por una subida de tensión y magulladuras, para después pasar a prestar declaración en la comisaría de Maspalomas. Según sus familiares, Cabrera se plantea denunciar a la Policía Nacional por una presunta agresión, pues el forcejeo en el que cae al suelo está grabado.

Tras los incidentes de la noche del miércoles, cuando unos 200 residentes del pueblo intentaron impedir el acceso de un primer grupo de 28 inmigrantes con una sentada y varios contenedores atravesados en la vía, la calma volvió a Tunte durante toda la mañana y solo la presencia de periodistas y policías rompió la monotonía en las calles del casco urbano.

Los vecinos y el Ayuntamiento dieron por buena la decisión de no trasladar a ese albergue a las 13 personas que llegaron el domingo a Arguineguín y dieron positivo por Covid-19. Sin embargo, la llegada un segundo grupo de inmigrantes a las 14.00 horas, también sin información previa, volvió a agitar el malestar del Consistorio y de la población.

Antes incluso de esa segunda protesta, la alcaldesa Conchi Narváez emitió una nota en la que afirmó que "los vecinos de Tunte no se merecen este trato" y anunció que el Ayuntamiento pedirá "responsabilidades a la Delegación del Gobierno por la mala gestión en este traslado de inmigrantes", pues consideró que "ha faltado comunicación y coordinación".

"Los vecinos del pueblo participan y acogen con la manos abiertas cuando se lo piden y les dejan participar, no protestan contra las personas, su enfado viene por las malas condiciones del centro y sus servicios. Hubiese sido más fácil contar con ellos en lugar de enfrentarse a ellos. Nuestro esfuerzo ha sido intentar coordinar esta situación pensando en el bienestar de los migrantes afectados y en los recursos del pueblo de Tunte, pero no ha podido ser. También nos preocupa la situación de los 80 inmigrantes que ya se habían integrado en el pueblo y han sido trasladados", apuntó Narváez.

En Tunte y en Ayagaures

Alejandro Marichal, alcalde en funciones, también incidió en esas críticas en unas declaraciones a las puertas del centro, en las que sostuvo que la Delegación del Gobierno está tratando a los inmigrantes "como mercancía". El regidor rechazó las acusaciones de racismo y recordó que desde septiembre de 2019 han estado conviviendo centenares de inmigrantes subsaharianos en el municipio, no solo en Tunte, sino también en Ayagaures.

Lo que sucedió el miércoles, según Marichal, fue una falta de información por parte de la Delegación, tanto en la forma como en el fondo. "Primero -recalcó- porque no se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para explicar la decisión que había tomado; y luego, en el fondo, porque hasta el mismo miércoles había migrantes que estaban conviviendo perfectamente con los vecinos y no se entiende por qué ese traslado a otros centros para traer a otros que han estado en contacto con personas contagiadas".

"Eso generó, como es normal una alarma social, y lo que le pedimos a la Delegación es mucha más coordinación en la toma de decisiones para que no vuelvan a ocurrir esos hechos; pedimos que se tenga en cuenta a los que estamos aquí en el día a día, porque de esa manera podemos tomar decisiones mucho más acertadas", explicó Marichal, quien consideró que si se hubiese consultado al Ayuntamiento "probablemente hubiésemos evitado el traslado de los migrantes que ya estaban conviviendo con nosotros desde hace muchos meses y no tratar a la gente como mercancía, que es lo que ha ocurrido".

Tras conocer el segundo traslado, el gobierno municipal emitió una nueva protesta. "Se vuelve a repetir el episodio de descoordinación y falta de información desde la Delegación", insistió Marichal, quien sí quiso aclarar que todas las personas trasladadas hasta el pueblo tirajanero han dado negativo en la pruebas de coronavirus realizadas y deberán cumplir allí la cuarentena.

"Nuestro municipio -puntualizó el alcalde en funciones- acogerá a toda persona que lo necesite y colaboraremos en toda operación humanitaria que se nos requiera. Así lo han demostrado los vecinos durante este último año, con dos centros de acogida por los que han pasado más de 200 personas dando un ejemplo de solidaridad e integración. Pero pedimos a la administración central que dé la información correspondiente y que coordine los recursos de manera eficiente".

Racismo

Por su parte, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, declaró que el traslado de parte de los inmigrantes que llevaban unas 72 horas en el muelle de Arguineguín fue una gestión de carácter ordinario, de la que no se tiene que informar a los ayuntamientos. "Las autoridades locales ya saben y están informados de que ese uso es para la acogida humanitaria de inmigrantes que han llegado a nuestras costas por vía irregular", señaló Pestana durante su visita a la isla de El Hierro, en la que aprovechó para apelar a la responsabilidad de todas las administraciones y de los representantes públicos.

Pestana lamentó que haya personas que "están intentado aprovechar esto para exacerbar sentimientos racistas que son muy fáciles hacerlo llegar a la opinión pública" y como ejemplo se refirió a la embarcación con 46 positivos por coronavirus que llegó a la isla de Fuerteventura, sobre la que aseguró que "hubo fake news diciendo que se habían escapado, que estaban por la isla, todo mentira, para alarmar a la población, generar discordia".