Improvisación. Este es el vocablo más repetido por las ONG, policía, profesionales sanitarios, partidos políticos, ayuntamientos o cabildos ante la carencia de una respuesta ágil y coordinada del Estado para dar cobijo a los migrantes que han ido llegando a las Islas desde que empezó el repunte de embarcaciones, el pasado septiembre, hace ya once meses, una situación que se ha agravado con la inimaginable irrupción mundial del Covid-19. La gota que ha colmado el vaso ha sido que 71 migrantes durmieran a ras del suelo, protegidos únicamente por carpas, durante tres días en el muelle de Arguineguín, y los posteriores tristes acontecimientos en Tunte a su acogida. Y, por supuesto, las personas que, lamentablemente, han perecido en el mar durante su travesía.

Cruz Roja, CEAR o Médicos del Mundo piden ya una respuesta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que veranea en Lanzarote estos días, para buscar albergues que reúnan condiciones dignas donde acoger a estas personas. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que lleva desde febrero en el cargo, ha anunciado la creación de una red de centros estables estatales que cobijen a los migrantes, que van a seguir llegando, con o sin Covid, porque su lucha es huir del hambre, las guerras y buscar un futuro mejor. Pero el Estado sigue sin concretar los sitios y las ONG y los cuerpos de seguridad están exhaustos.

Pestana asegura que ya están buscando instalaciones, si bien opta por no concretar qué sitios está mirando ni da fechas de cuándo los tendrá disponibles, aunque, paradójicamente, admite que en septiembre y octubre, los meses de las calmas en el mar, va a haber un repunte mayor de migrantes. Aunque no ha citado cuáles, en estos momentos se están baremando cinco centros de Defensa -según fuentes consultadas- en Tenerife, en concreto en La Laguna, en Gran Canaria y en Fuerteventura. La cuestión es si estas instalaciones estarán en condiciones a tiempo para acoger a las personas que llegarán en pateras o cayucos en los próximos meses, y que, además, deberán hacer cuarentena por el Covid-19.

Sareb

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, afirma que Canarias no está dispuesta a asumir sin apoyo las cuarentenas decretadas para los grupos de migrantes que dan positivo en coronavirus y reclama a Sánchez que se habiliten para ello espacios de Defensa o propiedades de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Según el presidente canario, las instituciones isleñas están haciendo un importante esfuerzo ya que actualmente están siendo ocupadas 29 instalaciones de patrimonio público. Además, recientemente transmitió a los ministros de Inclusión y Política Territorial, José Luis Escrivá y Carolina Darias, respectivamente, que discrepa del último cambio que se ha introducido en el protocolo de acogida de las pateras, que descarga en las comunidades autónomas la responsabilidad de asumir la cuarentena de los inmigrantes que den positivo al llegar a tierra y de todos sus contactos estrechos. Tras una reunión el pasado viernes en Lanzarote con Sánchez, Torres precisó que esperan llegar a un acuerdo para una gestión compartida.

El responsable autonómico del equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja en las emergencias de ayuda humanitaria a personas inmigrantes, José Antonio Rodríguez Verona, expone que la ONG depende de lo que le diga la Delegación del Gobierno en materia de dar cobijo a los migrantes. En la actualidad, Cruz Roja tiene once centros y da cobertura a, nada menos, que 1.054 migrantes. La ONG está desmontando el campamento que pretendía habilitar en el polígono industrial de Arinaga, en coordinación con la Delegación del Gobierno, para ofrecer un primer recurso de acogida a los migrantes que llegan a las Islas, ante la paralización de los obras por la negativa a albergarlos del Ayuntamiento de Agüimes.

El alcalde de este municipio, Óscar Hernández, recalca que no es un espacio digno para los migrantes por las temperaturas de sol y el viento y exige a la Delegación del Gobierno que habilite sitios en condiciones, y que lo haga con celeridad, sobre todo, teniendo en cuenta que se prevé un repunte de migrantes en los próximos meses.

Cruz Roja está baremando con la Delegación del Gobierno distintos espacios, como colegios que ya no están en uso por el traslado de alumnos, pabellones o cuarteles. LA ONG ha descartado el cuartel Canarias 50, en La Isleta, como sitio idóneo para los migrantes, indica Verona. Recuerda que ahora utilizan residencias escolares o pabellones deportivos que empiezan a reclamar los ayuntamientos para su uso normal a partir de septiembre, con lo que el problema de acogida puede agravarse.

También están mirando hoteles que puedan utilizarse sanitariamente -como se hizo en pleno estado de alarma del Covid- para albergar a los migrantes que dan positivo o deben pasar la cuarentena. Para CEAR, los hoteles sanitarizados es una alternativa viable pues son habitaciones individuales y tienen su propio baño.

Soluciones dignas

En este contexto, Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y dirigente de ASG -socio del Gobierno canario con el PSOE, NC y Podemos- sostiene que es absolutamente necesario asumir el fenómeno migratorio "como un asunto de Estado y no se está haciendo". A su juicio, el Gobierno de España debe financiar los centros adecuados y tiene que asumir este problema que no va a acabar si no se corrige en origen.

Elena Lugli, presidenta de Médicos del Mundo, subraya que se han de buscar soluciones de acogida que garanticen la dignidad de los migrantes y "no sean improvisadas". En su opinión, debe haber un diálogo entre las instituciones y ONG "más organizado y coordinado", porque "esta situación no es nueva en las Islas".

"Estamos hablando de un repunte debido a factores de contexto internacional, pero el fenómeno migratorio lleva 26 años en Canarias y ya debería haber un protocolo de acogida en la primera llegada y de gestión que permita la inclusión real de los migrantes y evite actitudes de miedo, de rechazo, sobre todo en el contexto de pandemia, que hace más aguda esas sensaciones", expone.

Juan Carlos Lorenzo, coordinador regional en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirma que "es necesario revisar los espacios de acogida inmediata para practicar las pruebas PCR y la filiación". Esta organización pide que el Estado permita el tránsito de migrantes a la Península, cuestión que el delegado del Gobierno ha rechazado porque, según expone, puede suponer un efecto llamada.