A las tres de la madrugada del pasado domingo 2 de agosto la Salvamar Menkalinan rescataba de las aguas del sur de Gran Canaria una embarcación con 43 migrantes que llegaban al puerto de ArguineguínSalvamar Menkalinan, en el municipio de Mogán. De todos ellos, trece personas dan positivo por covid-19. Este grupo se suma a otro llegado sin positivo alguno unas horas más tarde, a las nueve y media de la mañana, de forma que el domingo al mediodía, salvo dos mujeres y una niña que fueron desplazadas del lugar por Cruz Roja, sobre la superficie del dique del puerto quedaron varadas 71 personas a las que les habilitaron dos carpas, una por patera, para iniciar la preceptiva cuarentena.
Allí pasarían en precario tres días con sus noches los recién llegados, hasta que el miércoles el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, anuncia que a lo largo de ese día se les asignaría un lugar alternativo, dado que el que dispone en un almacén del puerto de La Luz también se encontraba ocupado con otro grupo de 55 migrantes pasando cuarentena tras detectarse también varios positivos entre ellos.
Ese nuevo punto fijado por Pestana, según detalló en ese mismo mediodía Samuel Henríquez, de Nueva Canarias y en aquél momento alcalde accidental de San Bartolomé de Tirajana, estaba a no muchos kilómetros de allí, en la residencia escolar de Tunte.
Según declaraba Samuel Henríquez se había enterado de la nueva por los propios vecinos del pueblo sureño, cuando "una decisión de este calado merece un tratamiento oficial y un mayor respeto a nuestra administración". La mecha estaba encendida.
A esas horas numerosos vecinos de la localidad empezaban a reunirse en los accesos del pueblo con ánimo de evitar la entrada de los nuevos inquilinos de la residencia escolar.
Mientras el Ayuntamiento manifestaba su "oposición clara", a que el grupo, entre los que se encuentra según él, "doce migrantes sospechosos de covid-19", pasara su cuarentena en sus medianías, a primeras horas de la tarde en Tunte se formaba una hilera de contenedores a modo de barricada, que iba cogiendo materia a medida que le añaden depósitos de reciclaje, escombros y ramas según transcurre la tarde.
Hasta que llega la noche y la Policía Nacional se encuentra con una protesta que va a más, con forcejeos y empellones, y que finalmente rechaza la entrada de la guagua que trasladaba a trece positivos en las pruebas con PCR, que fueron desviados a otros centros de Cruz Roja, mientras que sí entraban posteriormente en la residencia escolar 28 de los 71 migrantes, sometidos a partir de ese momento a cuarentena.
"No ha podido ser"
La alcaldesa de la localidad, la socialista Concepción Narváez, retoma la portavocía el jueves para declarar que los vecinos de Tunte "no se merecen ese trato" y que la protesta no alude al hecho de impedir el acceso a los afectados por la enfermedad, ya que ellos, "participan y acogen con la manos abiertas cuando se lo piden y les dejan participar, no protestan contra las personas, su enfado viene por las malas condiciones del centro y sus servicios", para finalizar que el esfuerzo municipal está enfocado a "intentar coordinar esta situación pensando en el bienestar de los migrantes afectados y en los recursos del pueblo de Tunte, pero no ha podido ser".
Este mismo argumento, el del bienestar de los migrantes, es el segundo que se expone en Gran Canaria en apenas dos meses, porque hacia costa, en Agüimes, Antonio Rico, el presidente de Cruz Roja en Canarias, anunciaba para el lunes 8 de junio el inicio con el apoyo del Estado de la instalación de un campamento de acogida en una parcela del polígono industrial de Arinaga, calificado como un "centro temporal" para acoger en plena crisis sanitaria a los migrantes "respetando los tiempos de cuarentena".
Con la ayuda de especialistas, arquitectos e ingenieros, el proyecto contemplaba el alojamiento de 900 personas, de las que el diez por ciento de las plazas estarían destinadas a aislar a los positivos, lo que implicaría el trabajo conjunto de entre otras 200 y 300 personas en un espacio de 250.000 metros cuadrados cedido por la Autoridad Portuaria.
El proyecto debería quedar finalizado en un mes. En un primer momento el alcalde de la localidad, Óscar Hernández, justificaba que su implantación no requería del permiso municipal, ya que se trataba de una parcela de Autoridad Portuaria, para recalcar, textualmente, que "la ONG tendrá la colaboración humanitaria del Consistorio, de eso no hay la menor duda, pero sostengo que el espacio no reúne las condiciones mínimas para esa labor".
Según expresa, el lugar está concebido como zona industrial, con unas condiciones de sol y viento intenso, y que además se encuentra cerca de la depuradora comarcal". Y al igual que argumentaría Narváez dos meses después, Hernández subraya que "el Estado tiene que asumir su responsabilidad y buscar soluciones dignas que humanicen a la atención a los migrantes".
"No me las pongan cerca"
Se abría así la espita a un toma y daca en el que la indudable colaboración del consistorio aludida por Hernández, incluye el rechazo de ese campamento por los argumentos ya citados, al que se incluye la necesidad de dejar diáfanos esos terrenos ya que hay empresas interesadas en ese área, además de la existencia de un informe de sus servicios jurídicos en que se reporta que el polígono industrial solo puede acoger actividades relacionadas con el tráfico marítimo, "y no para acoger seres humanos". Esta postura quedó soportada en pleno municipal, cuando 18 de los 21 ediles votan a favor de una moción contraria a la instalación refrendada por Roque Aguayro, Ciudadanos y Coalición Canaria, con la abstención de los ediles del PSOE.
El delegado Anselmo Pestana lo resumiría después señalando que todo el mundo aboga por el bien de los inmigrantes, en las mejores condiciones posibles, pero "por favor no me las pongan cerca", mientras Hernández replicaba con el historial de solidaridad de su municipio y señalando que en la residencia escolar de Arinaga se está acogiendo a un "numeroso grupo de personas", provenientes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco.
Este pasado martes, 4 de agosto, comenzaba el desmantelamiento de lo hecho en Arinaga, justo mientras en Arguineguín los 71 migrantes llegados el domingo anterior acumulaban 48 horas sobreviviendo en el puerto.
Estos dos episodios escenifican así una curva ascendente de dificultades que se inicia aún antes del estado de alarma, cuando a partir de septiembre del pasado año Marruecos refuerza la vigilancia de sus costas para evitar el trasiego en la ruta mediterránea, lo que implica la llegada a las islas de una media de 400 personas al mes, incremento que tomó por sorpresa a las administraciones, al punto que hubo que alquilar un hotel para alojar en la capital grancanaria a una quincena de mujeres y niños pequeños.
Y si bien en 2019 se apuntaron la entrada de 1.470 migrantes y ya se hablaba de colapso de las plazas de acogida, en lo que va del presente año ya son 3.200, cuando aún no se ha entrado de lleno en las calmas de septiembre, con el agravante de esa mayor necesidad de centros para garantizar las cuarentenas y unas condiciones de vida dignas de ellos, y de la población que los acoge.
