Las heridas que provocaron las llamas hace un año todavía no están del todo curadas. Ni en el campo ni en la justicia. Todos tienen un origen claro, pero el más importante continúa en los tribunales. El fuego que dañó unas 9.000 hectáreas a partir del 17 de agosto de 2019 nació en un tendido eléctrico situado en el Barranco de Crespo, en el municipio de Valleseco, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del informe técnico del Cabildo de Gran Canaria, elaborado por su Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF). Ese cableado abastece a los pozos que son propiedad de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, uno de los dos investigados en la causa, junto con Endesa. La conclusión llegó a los tribunales el 17 de diciembre, y el 6 de febrero ambas partes negaron su responsabilidad.

El informe del Cabildo subraya que en mayo, a apenas 100 metros del origen del gran fuego, empezó un conato de incendio que quemó hectárea y media. Los técnicos alertaron de la falta de mantenimiento del tendido, pero nadie hizo nada.

El responsable de explotación de E-Distribución, antigua Endesa Distribución Eléctrica SLU, Bernardino Martín, explicó al fiscal que la compañía "no tuvo nada que ver con este incendio", para lo que facilitó información técnica referente al "límite de la propiedad de su actividad" y "al mantenimiento que hace de sus instalaciones". "No nos corresponde a nosotros nada de lo que excede a nuestra red de distribución", añadió. La Heredad, mientras, argumentó que no es dueña de la red que le abastece la energía eléctrica, por la que paga un cánon para poder propulsar agua de sus pozos.

En los últimos meses, y tras el período de confinamiento que ha frenado todos los procesos jurídicos, la Fiscalía ha avanzado en las investigaciones y considera que la falta de mantenimiento del cableado es responsabilidad de la Heredad de Aguas, contra la que ha presentado una querella por un delito de incendio forestal. Así, ha citado a declarar nuevamente al actual presidente, Yeray Hernández y al anterior, José Carlos Santana.

Cazadores y Artenara

Mientras, el caso de Artenara sí está cerrado al haber pagado José S. R. 25.000 euros de fianza para eludir la cárcel. Por otro lado, acerca del fuego de Cazadores las instituciones señalan la persistencia de fuegos en la zona en los últimos años, pero no encuentran al culpable.