El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana deberá restituir al comisario jefe de la Policía Local, al secretario municipal y a la tesorera de la Corporación sus respectivos complementos de productividad, aprobados en pleno en abril de 2016 por el Partido Popular y que el actual grupo de gobierno, formado por PSOE, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Ciudadanos, anularon en agosto de 2019 mediante un decreto de la alcaldía que ostenta la socialista Concepción Narváez.
Estos emolumentos complementarios suponen unos ingresos mensuales de entre 1.800 y 2.000 euros para cada uno de los funcionarios, que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de febrero de 2019 los define como una subida de sueldo encubierta y en la que además subraya que la modificación presupuestaria necesaria para su abono desde que esta se iniciara, adoleció de una irregularidad que la invalida, al no haberse sometido al procedimiento legal puesto que para hacerla efectiva no concurrió la preceptiva negociación colectiva, tal y como en su momento denunció el sindicato Comisiones Obreras.
Basándose en esta misma sentencia, en junio de 2019 se emite el citado decreto de alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, al que le sigue el 26 de agosto una resolución en el mismo sentido de la concejalía delegada de Recursos Humanos para ejecutar, a partir de este último mes, la eliminación del "complemento específico discutido".
Una vez hecho efectivo el decreto y la posterior resolución, que deja sin mejora a comisario, secretario y tesorera, el Ayuntamiento sureño eleva una consulta a los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria para que estudie la posibilidad de restituir a las arcas municipales de lo que califica de "cantidades indebidas" percibidas por estos tres funcionarios desde el mes de enero de 2016 a julio de 2019, "incoándose el oportuno expediente recaudatorio al efecto".
Cuatro meses después, el 17 de diciembre de 2019, el Cabildo de Gran Canaria presenta el informe redactado por su asesoría jurídica, pero que lejos de pronunciarse sobre la oportunidad o no de poder exigir el reintegro a tesorería de los aproximadamente 72.000 euros anuales que suponen en su conjunto los tres complementos específicos de productividad, advierte de que en ese decreto de alcaldía firmado por Concepción Narváez se observa la concurrencia de varias causas de nulidad de pleno derecho, ya que "se dictó", según reza en el informe, "por un órgano manifiestamente incompetente", y además, "se hizo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", dado que una determinación de esta naturaleza debe ser aprobada en todo caso por el pleno municipal tras su información y debate.
Este informe de la asesoría jurídica insular en el que se subrayan los vicios mencionados, lleva a Concepción Narváez a publicar otro decreto más, que está firmado este pasado 29 de julio, en el que reconoce que las reducciones del complemento realizadas por ella y ejecutadas a través de la resolución de Recursos Humanos, "carecen de la cobertura jurídica al no haber quedado afectados por procedimiento judicial ni administrativo alguno", según se expone.
Actos de gravamen
La alcaldesa detalla en el mismo texto de este último decreto, que por todos estos motivos se acoge al procedimiento de revisión de oficio, una figura que contempla que todas las administraciones públicas pueden revocar sus propios actos administrativos, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, "sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico", según se establece en la Ley.
Ante ello, Concepción Narváez resuelve por último dejar sin efecto su propio decreto firmado el 13 de junio de 2019, así como revocar la ya mencionada resolución de la concejalía de Recursos Humanos de la Corporación sureña, y "en consecuencia dejar sin efecto la reducción" de las nóminas de los tres interesados desde agosto del año 2019, "de forma que deberán restablecerse desde esa fecha los complementos específicos", a lo que se añade dejar sin tramitar el expediente que perseguía recaudar y recuperar para las arcas municipales los complementos ya abonados.
