El creciente número de contagiados pone en alerta a toda la población y el Gobierno de Canarias impuso desde el pasado viernes, 14 de agosto, una serie de medidas de seguridad mucho más restrictivas que en meses anteriores. En San Bartolomé de Tirajana parece que se toman las cosas en serio, pues a medida que han pasado las semanas desde que se conociese el virus en el país las denuncias por incumplimiento de la normativa impuesta por Sanidad no han hecho más que reducirse. La Policía Local ha interpuesto un total de 498 sanciones desde el inicio del estado de alarma, de las cuales el grueso pertenecen a los meses de marzo y abril.
Sin embargo, la alcaldesa, Conchi Narváez, hace un análisis más pesimista de la situación. "Me gustaría pensar que la disminución de denuncias se debe a que la ciudadanía cumple, pero me sorprendería porque en los meses de verano la situación es desbordante", expresa, refiriéndose a la gran cantidad de turistas y ciudadanos de otros municipios que visitan o residen temporalmente en el Sur en este tiempo.
El municipio posee según el Instituto Nacional de Estadística un total de 53.443 habitantes, pero la cifra de las personas que habitan en él durante esta época estival es mucho mayor y ese es el problema. "No tenemos efectivos suficientes para llevar a cabo una seguridad apropiada; siempre es una situación muy agobiante, pero este año lo es incluso más teniendo en cuenta que tenemos que controlar que se cumplan las medidas sanitarias", sostiene. La mandataria solicitó ayer una reunión con el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, para exponerle esta preocupación y pedir una solución. "Necesitamos que por lo menos durante este periodo se refuercen los recursos de seguridad con los que contamos, porque no podemos seguir así", explica apurada.
Por otro lado, según los datos aportados por la jefatura de este cuerpo de seguridad, puede comprobarse que la mayoría de infracciones que se han procesado en relación a la lucha del covid-19 se han cometido en las vías públicas de las zonas urbanas del municipio, mientras que en las playas o los establecimientos no han llegado a un centenar durante todo este tiempo. En concreto se han realizado 249 sanciones a personas que circulaban o se encontraban en un espacio público sin llevar la mascarilla y no respetar la distancia mínima interpersonal, mientras que solo se han registrado 45 por las mismas razones pero en el interior de vehículos por personas que no pertenecen a la misma unidad familiar.
Las fiestas privadas han sido de una de las causas que más polémicas ha causado en las últimas semanas, pues han sido un foco muy importante de contagios desde que concluyó el estado de alarma. La policía del municipio sureño ha sancionado en 26 ocasiones por la celebración de reuniones en viviendas privadas sin tomarse en cuenta las medidas de seguridad, como el número de personas que se encuentran y la utilización de protección necesaria.
Contrastes
Aun así, las sanciones no han hecho más que disminuir a lo largo de los meses, lo que contrasta con otros municipios con gran número de habitantes y movimiento como Las Palmas de Gran Canaria o Telde. En estos casos las infracciones han subido a lo largo de la desescalada y después de concluirse el estado de alarma. De hecho, solo en los meses de junio, julio y parte de agosto se anotaron más de 700 denuncias en la capital, mientras que en Telde se superó el centenar de sanciones en las dos primeras semanas de agosto (que se sumaban a las 750 denuncias formuladas desde marzo). San Bartolomé de Tirajana por el momento solo ha registrado ocho infracciones de este tipo durante los días de agosto. Tampoco los meses anteriores de verano se procesaron muchas más: en julio se impusieron 33 sanciones; en junio, 27 y en mayo, 75. Abril fue el mes con más denuncias con un total de 217, mientras que las dos primeras semanas de marzo se recabaron 136.
"No sé porque sucede esto, quizá es precisamente por la falta de recursos con la que contamos", reitera la alcaldesa, que insiste en que su municipio el que mayor extensión de terreno posee y el que más visitantes acumula junto con Mogán durante los meses más calurosos. "Hay que tener en cuenta que este año por el covid-19 mucha gente de la Isla no ha viajado fuera, por lo que ha preferido bajar hasta el Sur y eso no ha hecho más que crear más aglomeraciones en el municipio; hay barrios como el Castillo de Romeral en los que la situación es muy agobiante", afirma, reiterando por otra parte que el problema no se produce solo ahora, sino todos los veranos "porque una gran parte de la población de la Isla viene a descansar y a divertirse a esta zona, además de otro gran número de personas que viene a trabajar", recuerda.
Narváez no se olvida de agradecer la labor de los operarios de seguridad que trabajan en el municipio. "Trabajan muy duro, pero la realidad es que no hay suficientes agentes para cubrir con todas las necesidades que requiere la zona del Sur; con recursos propios no podemos gestionarlo", hace hincapié la mandataria y anuncia que se mantendrá a la espera de que el presidente del Gobierno acepte su solicitud para reunirse y solucionar el problema.
Actualmente, el municipio cuenta con una plantilla de 95 agentes en activo. A lo largo de los años esta cifra ha ido mermándose, siendo 161 en el año 2006 y cerca de 200 en el año 1989. A esta última cifra es a la que se pretende llegar para volver a garantizar la seguridad, con más control y vigilancia en los diferentes barrios.
