El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana exigirá al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que el Aula de la Naturaleza, donde los inmigrantes trasladados hasta Tunte se encuentran realizando la cuarentena por el coronavirus, sea custodiada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las 24 horas del día para evitar que la falta de control pueda ocasionar un riesgo de salud pública para los vecinos del casco.
La Corporación asume así una de las principales propuestas puestas sobre la mesa por el partido en la oposición, PP-AV, tras la solicitud de la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la situación del centro de cuarentena Covid en Tunte. La delegación del Gobierno trasladó hasta allí el 5 de agosto a los primeros 12 inmigrantes que se encontraban en el puerto de Arguineguín sin avisar ni a vecinos ni al Ayuntamiento, lo que provocó una ola de rechazo, con barricadas incluidas, a que el centro fuera lugar de recuperación del coronavirus
Durante la sesión plenaria extraordinaria, celebrada ayer en el Centro Cultural Pancho Guerra, todos los grupos políticos también dieron luz verde por unanimidad a reclamar a Pestana que aclare la situación en que se encuentran los 76 inmigrantes que permanecen en el centro. La alcaldesa de la localidad, Conchi Narváez, reveló que los usuarios del espacio han dado negativo en las pruebas PCR.
Ante la presencia de una treintena de vecinos que quisieron sumarse a este Pleno, los miembros de la Corporación aprobaron otras dos medidas propuestas por PP-AV: la creación de una comisión conformada por la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y una representación de los vecinos que sirva como nexo de comunicación entre todas las partes y evitar así la falta de información a la que, denuncian, se han visto sometidos hasta ahora, y exigir al diputado nacional por NC, Pedro Quevedo, que se retracte de sus palabras y pida perdón por un tuit publicado el 6 de agosto en el que recogía que "la aporofobia, la xenofobia y la paranoia que hemos visto en Tunte no representan a la ciudadanía de esta tierra". Los concejales de Nueva Canarias también apoyaron esta reclamación y han respaldado a los vecinos de Tunte, acusados de racistas.
La portavoz de PP-AV, Elena Álamo, mostró su satisfacción por que el Pleno apoyase las mociones de su grupo. "Era necesario ante el desconcierto, la incertidumbre y la falta de información que tenía el pueblo de Tunte", aseveró, "el albergue de no es un lugar apropiado para tratar a contagiados por Covid porque San Bartolomé de Tirajana depende del turismo y ahora será geolocalizado como un municipio donde hay esa cantidad de casos, aunque los afectados estén aislados y lejos de las zonas hoteleras". Álamo insistió en que Tunte no es el lugar idóneo dada la lejanía de los centros hospitalarios. "San Bartolomé de Tirajana es un municipio tolerante e integrador y muestra de ello es que el padrón revela hasta 117 nacionales", añadió.
Planeamiento
Por su parte, la alcaldesa Conchi Narváez insistió en su malestar por que la Delegación del Gobierno no les hubiese informado. "La falta de información genera miedo y dudas; aunque la competencia es del Estado y las instalaciones son del Gobierno de Canarias, nos hubiera gustado que se coordinasen con nosotros", apuntó.
Tras la crispación vivida en el casco de la villa el pasado 5 de agosto, cuando los vecinos levantaron barricadas en la entrada del pueblo para evitar que la Delegación del Gobierno trasladase a los inmigrantes con posible contagio de Covid hasta Tunte, una representación de ellos quiso participar en el Pleno de ayer, donde tomó la palabra uno de los dirigentes vecinales, Ismael Guerra, para recordar que Tunte ni es ni será racista, que no rechazan a los inmigrantes, como bien acogieron a otros 80 meses antes, y que solamente se oponen a que el Aula de la Naturaleza, ubicada en Las Lagunas, junto al colegio público y cerca de viviendas, se convierta en un centro de recuperación de Covid.
Para fortalecer la postura de los vecinos, Guerra recurrió al planeamiento municipal y a los usos permitidos en cada tipo de suelo. Así, instó al Ayuntamiento a mostrar la petición de autorización del Gobierno de Canarias, como titular del centro, para cambiar el uso del suelo educativo al de sociosanitario. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento de Agüimes denegó la licencia para el levantamiento del campamento para inmigrantes en el Polígono de Arinaga porque el suelo no era compatible para el uso pretendido.
"Queremos saber la legalidad del uso del centro y la postura por parte del Ayuntamiento, y sobre todo la existencia del trámite administrativo por parte de la Delegación del Gobierno y Gobierno Canarias. ¿Se ha tenido en cuenta la calificación del suelo?", preguntó Ismael Guerra, "es educativa, no sanitaria ni sociosanitaria; así que el uso actual pretendido es claramente incompatible con el Plan General actual, se tendría que modificar dicho plan para luego autorizar el uso".
Así, reclamó el Ayuntamiento los informes que verifiquen o no que el uso actual está permitido. "En caso de que no se ajuste a la legalidad vigente y si los vecinos lo creen oportunos tendrá que ponerse en conocimiento de la autoridad judicial", añadió Guerra.
Por su parte, Rosa Delia Herrera, otra de las vecinos que intervino en el Pleno, reclamó la posibilidad de que el centro acoja a niños con necesidades especiales que están en otros centro de la Isla. "Necesitamos niños, que el centro funcione y no se cierre, porque si se clausura lo vamos a tener crudo en Tunte", señaló. Herrera apuntó a que la permanencia del centro de recuperación de Covid en Tunte está haciendo que los padres de los niños de Santa Lucía o Risco Blanco que acuden al colegio colindante al Aula de la Naturaleza se estén pensando si llevar a sus hijos a clase el próximo curso. "No nos importa que nos traigan inmigrantes a Tunte, pero sanos", zanjó.
