El grupo de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Gran Canaria registró ayer la moción que presentará en el próximo Pleno, en la que insta al grupo de gobierno a que revoque la orden de colocar la bandera de forma permanente, y también va a preguntar a José Miguel Bravo de Laguna si las empresas privadas se van a responsabilizar de la seguridad de las instalaciones. "En el supuesto de que la UTE pague el mantenimiento de la bandera, pediremos al presidente un informe acerca de qué tipo de contrato o de relación contractual va a existir entre el Cabildo y la empresa que vaya a financiar la bandera", anunció su portavoz, Carmelo Ramírez.

"Por ejemplo", apuntó, "en el supuesto de que haya un accidente, quién será el responsable de la seguridad, la empresa o el Cabildo, queremos que eso quede aclarado. Según Ramírez, "la cuestión de la seguridad se envenena cada vez más porque hasta los informes técnicos dicen que prácticamente tiene que haber expertos en meteorología y náutica haciendo guardia las 24 horas del día para bajar la bandera cuando cambia el viento".

"La inseguridad no se resuelve buscando una empresa para que pague los 30.000 euros", recalcó el portavoz de NC, quien comentó que el grupo de gobierno no da dado ninguna explicación a los grupos opositores sobre lo que ha ocurrido con la bandera en los últimos días. "No podemos tener a toda la isla mirando para el mástil y la bandera a ver si se cae; el Cabildo está haciendo el ridículo y el presidente Bravo de Laguna debe decirle a José Manuel Soria que no puede asumir ese capricho", agregó Ramírez.

Respecto a la moción, para los nacionalistas el coste que suponen las tareas de mantenimiento, izado y arriado de la bandera, reconocidos por el propio presidente insular en más de 30.000 euros, es un motivo de peso para guardarla. Además de que ningún informe garantiza la seguridad para los conductores que circulan por la GC-1.

NC señala que es una irresponsabilidad del grupo de gobierno insular que, "con la que está cayendo", con los recortes presupuestarios que terminan pasando factura a los ciudadanos y las necesidades acuciantes que hay en áreas como la atención social, se "despilfarre el dinero público en cuestiones que no son prioritarias, ni demandadas por la sociedad".