El centro penitenciario de Juan Grande, Las Palmas II, ha sufrido un brote de coronavirus que afecta a una treintena de reclusas del módulo de mujeres. El Ministerio del Interior ha decidido realizar un cribado entre todas las internas de ese módulo de la cárcel de la localidad de Juan Grande, después de comprobar que una se había contagiado de la covid-19. Las pruebas realizadas este fin de semana han aflorado "una treintena de casos" entre las internas del módulo, que hasta ahora no habían manifestado síntoma alguno de enfermedad.

En la jornada de ayer se realizaron las pruebas pertinentes al resto de residentes del centro y trabajadores, especifica Instituciones Penitenciarias, que resalta que en estos momentos ningún funcionario ha dado positivo.

Entre las medidas adoptadas que entran en vigor, con una vigencia inicial de tres semanas, destaca que se suspenden todas las comunicaciones, ordinarias y especiales, así como todas las salidas de permiso programadas, y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor, situación de necesidad, razones judiciales o sanitarias imprescindibles. Así, solo se permitirá el acceso al personal funcionario y laboral, y al trabajador extra penitenciario cuya labor sea indispensable. Para paliar esta restricción de las comunicaciones y permisos de las personas que se encuentran en prisión, el centro ampliará el número de llamadas telefónicas que tienen autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, y se potenciará el uso de las videollamadas.

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias denuncia que el brote demuestra que "las medidas tomadas no son las adecuadas". Así, destaca que, en una región con buenos datos de control, la cárcel es "una lamentable excepción", pues el caso de Las Palmas II no es el único en el que se han registrado brotes en el país.

CCOO: "Medidas inadecuadas"

A juicio del sindicato, el problema es que se ha realizado un proceso de desescalada y de apertura a la nueva normalidad sin las medidas preventivas adecuadas a la realidad penitenciaria.

De esta forma, recuerdan que en el centro de Juan Grande se habían realizado test masivos de diagnóstico rápido durante el estado de alarma que no detectaron casos positivos entre la población reclusa y aunque aún se desconoce el foco del actual contagio, sostienen que una de las causas de su rápida propagación ha sido que la población reclusa no usa mascarilla como obliga la normativa sanitaria.

Asimismo, no puede cumplirse la limitación del aforo en los espacios comunes ni la distancia social de 2 metros porque este centro continúa abierto a la mitad de su capacidad por la falta de personal.