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El fraude de la gasolina lleva al Juzgado al alcalde de Valsequillo y otras 17 personas

Francisco Atta es citado a declarar el próximo viernes por la denuncia de dos policías locales | La Fiscalía ve indicios de prevaricación, malversación y falsedad documental

Agentes de la Guardia Civil entran al Ayuntamiento el 9 de marzo.

Agentes de la Guardia Civil entran al Ayuntamiento el 9 de marzo.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde ha citado a declarar a partir de esta próxima semana, en calidad de investigados, al alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, y a otros 17 políticos y empleados de ese Ayuntamiento, a los que la Fiscalía Provincial de Las Palmas imputa delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental relacionados con el presunto uso de fondos públicos para gastos privados, la mayor parte de ellos en bonos de gasolina para vehículos particulares.

La denuncia de dos policías locales a principios de 2019, con hechos e indicios recabados también por una antigua secretaria de la Alcaldía y testimonios de otros trabajadores y vecinos, ha concluido con la imputación de casi todo el grupo gobierno de Valsequillo y de ediles de mandatos anteriores, entre ellos Víctor Navarro, exconcejal del PSOE y actual director general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias.

Tras el levantamiento del secreto de sumario, en el que los investigadores de la Guardia Civil recogen numerosos gastos supuestamente irregulares, desde combustibles para coches privados hasta alimentos, la magistrada María Cecilia López Vázquez ya ha fijado el calendario para las declaraciones de los 18 investigados.

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Así, el próximo viernes, 25 de septiembre, declararán ante el Juzgado el alcalde Francisco Atta, de Asba-Nueva Canarias, y los concejales Francisco Galván, Natalia Ramírez, Gregorio Peñate y Fabiola Calderín, esta última perteneciente ahora a Coalición Canaria (CC) tras abandonar Asba-NC en el año 2015.

El lunes 28 de septiembre están citados Eduardo Antonio Déniz (concejal en el periodo 2015-2019), Naira Hernández (actual edil), Víctor Navarro, Mónica Navarro (exconcejal) y Francisco Ramón Sánchez Robaina (antiguo alcalde de Valsequillo). El 16 de octubre testificarán Francisco Santana (antiguo concejal), Tania Naya (secretaria general del Ayuntamiento), Antonio Félix Marrero (interventor) y Francisco Javier García Martel (arquitecto técnico del área de Urbanismo).

Por último, el 19 de octubre lo harán Ignacio Monzón (funcionario del departamento de Recursos Humanos), Julián Félix Valdemoro (actual jefe de la Policía Local) y los trabajadores municipales José Ramón Rodríguez y José Manuel Medina. Todos comparecen en calidad de investigados y las declaraciones se efectuarán por videoconferencia, dada la situación de emergencia sanitaria de la Covid-19, según se detalla en una providencia de la magistrada.

Detenciones

La Brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizó el pasado 9 de marzo una operación para esclarecer las denuncias sobre supuestos delitos cometidos en el Ayuntamiento de Valsequillo. Ese día, seis agentes irrumpieron a las 8.45 horas en las Casas Consistoriales con la intención de detener al alcalde, así como entregar citaciones a cinco concejales y funcionarios para que acudieran a declarar en las dependencias de la Guardia Civil de la capital.

Sin embargo, no se pudo realizar el arresto porque Atta no se encontraba en ese momento en su despacho. Al enterarse de la operación policial, el regidor y las demás personas que eran buscadas se presentaron en el cuartel de la Benemérita, pero se negaron a declarar al desconocer las acusaciones en su contra.

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Todos quedaron en libertad y a las 12.15 horas el alcalde Atta ya estaba de vuelta en Valsequillo para manifestar a los medios de comunicación que estaba “tranquilo” y criticar que la actuación de la Guardia Civil fue “totalmente desproporcionada”.

“No es la primera denuncia que recibe este Ayuntamiento, siempre coincidiendo con vísperas electorales, contra este alcalde y contra este grupo de gobierno. Todas las demás, que han sido con acusaciones relacionadas con malversación y prevaricación, han sido archivadas, por lo que en este caso estoy absolutamente tranquilo”, dijo Atta a los periodistas al regresar a su despacho.

Ayer, a preguntas de este periódico, se ratificó en aquellas manifestaciones y se limitó a subrayar que “ahora, una vez conocido el sumario, con más razón”, pues prevé que “todo quedará aclarado en su momento para tranquilidad de los vecinos de Valsequillo”.

En una operación que tuvo cierta similitud a la de esta pasada semana en el Ayuntamiento de Mogán, en la que la Guardia Civil detuvo a la alcaldesa Onalia Bueno y a dos concejales, los investigados consideraron que solo se buscaba la foto del regidor de Valsequillo saliendo detenido por la puerta del Ayuntamiento, pues en ese día no hubo registros en las oficinas ni incautación de documentos.

El regidor se ratifica en sus críticas a la Guardia Civil por una detención “desproporcionada”

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Diez meses antes, el 8 de mayo de 2019, a tres días del inicio de la campaña de las elecciones locales, una quincena de agentes de la Guardia Civil de paisano ya habían registraron durante cinco horas las dependencias municipales y se llevaron numeroso material.

Tras las frustradas detenciones del alcalde y otros concejales, los restantes investigados, hasta un total de 18, fueron citados a declarar el 9 de marzo, entre ellos Víctor Navarro, que fue portavoz de los socialistas en el mandato anterior y ahora es alto cargo en el Gobierno autonómico. La mayoría de ellos eludieron responder a las preguntas de la Guardia Civil con el argumento de que no conocían las acusaciones en su contra.

José María Guerra, el letrado que asistió a la mayoría de los imputados, mostró el “desconcierto” y el “desagrado” de sus defendidos por la forma en que se llevó la investigación, al tiempo que cuestionó la credibilidad de los denunciantes”. “No sabemos casi nada del procedimiento porque está bajo secreto de sumario, pero por la información que nos ha dado la Guardia Civil y lo que hemos leído en la prensa, los denunciantes son dos expolicías locales del Ayuntamiento que ya habían denunciando anteriormente al alcalde, en 2014”, señaló el abogado.

Tras practicarse las diligencias, aquella primera denuncia contra Atta, por prevaricación, malversación y acoso laboral, fue archivada en diciembre de 2015 por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial confirmó el archivo en otro auto del 30 de abril de 2017.

Una vez levantado el secreto de sumario de la actual causa, se ha conocido que esos dos policías locales, actualmente destinados en comisión de servicio en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, utilizaron en su denuncia las pruebas aportadas por una exsecretaria del alcalde, administrativa del Ayuntamiento, que también ha presentado varias demandas contra Atta en los tribunales. Un colectivo vecinal ha solicitado personarse en la causa como acusación particular.

Según las fuentes consultadas, en la denuncia se señalan numerosas infracciones presuntamente cometidas entre 2013 y 2018, por lo que están implicados los miembros de dos gobiernos municipales, el primero de Asba-NC con mayoría absoluta y el segundo en coalición con el PSOE.

Transportes

Las investigaciones de la Guardia Civil, según se aprecia en el sumario, se concentraron en el supuesto fraude en los vales de gasolina que se utilizaban en aquellas fechas para el transporte de los representantes políticos y los trabajadores municipales.

Así, numerosas personas del Ayuntamiento utilizaron ese sistema para poner carburante en la estación de servicio del pueblo. Según los investigados, esa era la práctica habitual de todos los gobiernos anteriores, pues luego se justificaba el gasto con la correspondiente factura.

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Los denunciados niegan de plano que se hayan cargado gastos privados al Ayuntamiento o que se haya cometido un desfalco en la gasolina, pues el presupuesto medio para carburantes fue el mismo en los años anteriores y posteriores a los investigados, entre 30.000 y 35.000 euros anuales. El sistema de los vales para el carburante se eliminó tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. El suministro de carburantes al Ayuntamiento se realiza ahora mediante contrato con una empresa del sector.

Tras las detenciones de marzo, el abogado defensor explicó que como el Ayuntamiento no tiene vehículos oficiales, cuando un funcionario se desplazaba para hacer una gestión en aquellos años se les daba un bono de gasolina. “Pero para averiguar qué ha pasado con esos vales había otros modos de hacerlo, no detener a 18 personas, sacarlas en los medios y crear una alarma en el pueblo”, protestó Guerra, quien comentó que “resulta difícil de creer que todo el Ayuntamiento se dedicara a sacar gasolina con esos vales para aprovecharla en su uso privado, incluidos los funcionarios que son habilitados del Estado”.Entre los 18 investigados que están citados a declarar las próximas semanas en los Juzgados de Telde se encuentran representantes políticos de varios partidos. En la imagen grande, agentes de la Guardia Civil entran al Ayuntamiento el 9 de marzo. Arriba, Francisco Atta (Asba-NC), tras quedar el libertad. Abajo, el exconcejal Víctor Navarro (PSOE) y Fabiola Calderín, actual portavoz de CC en Valsequillo. |

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