Pulso al Estado con represalias incluidas. O al menos eso es lo ha denunciado hasta la saciedad esta semana la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, después de haber sido detenida -y puesto en libertad con cargos- por la Guardia Civil el pasado jueves junto a los concejales de Urbanismo, Mencey Navarro, y de Servicios Sociales, Tania Alonso, momentos antes de acceder y registrar distintas dependencias municipales en la búsqueda de pruebas en el marco de una investigación por un presunto delito de compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019, y otro contra la Administración Pública.
Una operación que la regidora no tardó en vincular a la reacción de las “cloacas del Estado” por sus críticas, junto al magistrado Arcadio Díaz Tejera, al trato “denigrante” por parte del Gobierno central a las personas migrantes que desde hace 24 días esperan en el muelle de Arguineguin a ser trasladadas a centros de acogida dignos. “Sacar las vergüenzas al Estado sale caro”, afirmó el pasado viernes. Entretanto, un auto adelantado ayer por este periódico ha revelado que la Fiscalía se opuso al registro de sus domicilios particulares y reclamó otras fórmulas antes de registrar el Ayuntamiento. Y Bueno ha vuelto al pulso. “Si esta es la consecuencia de denunciar la vulneración de derechos humanos, y así responde el Estado Democrático y de Derecho, que baje Dios y lo vea”.
Bueno y los ediles Navarro y Alonso fueron puestos en libertad sin fianza y con cargos
La vuelta de tuerca al caso de la supuesta compra de votos en las elecciones en el municipio de Mogán volvió al ruedo político y judicial el pasado jueves, cuando la Guardia Civil irrumpió por sorpresa en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mogán ubicadas en el casco de la localidad y en Arguineguín, así como en el Archivo municipal, en la búsqueda de pruebas que pudieran clarificar si hubo o no un supuesto fraude durante la celebración de los comicios, dado el destacado aumento del voto por correo en Arguineguín, de 191 a 560, entre una consulta y la siguiente. Una operación que cogió por sorpresa a Bueno, Navarro y Alonso y que obligó a la regidora a abandonar el muelle de Arguineguín, donde esperaba la visita de la secretaria de Política Social del PP, la expresidenta del Congreso Ana Pastor. Una imagen, además. que trasladó a los presentes al año 2006, cuando estalló el Caso Góndola y Bueno también fue detenida.
Durante casi diez horas, los agentes de la Benemérita permanecieron en las instalaciones, con especial interés en las oficinas de informática y el área de Contratación. Tras concluir los registros, que se prolongaron hasta bien entrada la tarde, los agentes se incautaron de numerosas cajas con documentación en papel, ordenadores y diversos archivos informáticos. En este escenario, varios funcionarios fueron apartados durante unas horas de sus funciones, mientras que otros permanecieron en sus puestos, aunque sin la posibilidad de atender al público durante esa jornada. Bueno y sus concejales fueron puestos en libertad esa misma noche, sin fianza y con cargos.
La Fiscalía se opuso al registro de sus casas y propuso otras vías de investigación
El procedimiento que se investiga tiene su origen en 2015, cuando Bueno se presentó a las elecciones bajo las siglas de Ciuca y logró la Alcaldía en un pacto con el PSOE, cargo hasta entonces en manos del PP de Francisco González, que asoció ese vuelco electoral a una presunta compra de votos por correo. Cuatro años más tarde, Bueno obtuvo la mayoría absoluta al lograr 10 de los 17 concejales de la Corporación, y en esta ocasión fue la concejala de Nueva Canarias, Isabel Santiago -antigua compañera de Bueno y González en las filas del PP- quien denunció un presunto fraude ante la Delegación del Gobierno.
Hace 14 años, tras diversas escuchas en el Caso Góndola, la Policía concluyó que se estaban compando votos, pero tras ocho años de investigación la Fiscalía no encontró el caso y propuso el sobreseimiento provisional el 27 de septiembre de 2015. Sin embargo, meses después se reabrió el caso y se amplió esas prácticas ilegales al PP. En medio de la situación, la recién creada Asociación para la Regeneración Democrática de Mogán ayudó a varios denunciantes a interporner denuncias por la supuesta compra de votos en 2015. Y ese es el procedimiento que se investiga.
Tras su detención y puesta en libertad, Bueno calificó el viernes esa retención como “innecesaria y desproporcionada” y argumentó ser víctima de una reiterada línea de ataque hacia su persona. “Misteriosamente, el procedimiento se ha vuelto a abrir una semana después de alzar la voz ante la vulneración de los derechos de las personas migrantes” que están en el muelle. La alcaldesa aseguró que no cree en las casualidades y se mostró convencida de que, al igual que en casos anteriores, esta acusación por presunto fraude electoral en la compra de votos volverá “a quedar en nada”.
Bueno hizo esas declaraciones horas antes de conocerse a última hora del viernes que la Fiscalía se había opuesto a los registros de su domicilio y el de los concejales. En un auto, adelantado ayer por este periódico, el Ministerio Fiscal no solo se opuso a esos registros, sino que lo hizo también a la entrada al Ayuntamiento. “Pueden agostarse otras vías de investigación en relación a las peticiones [...] del equipo judicial de Puerto Rico de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Las Palmas”, recoge el auto.
En declaraciones ayer, Bueno consideró de “sentido común” la oposición de la Fiscalía. “Entendemos que hace lo lógico, porque al final solo se llevaron expedientes administrativos puros y duros que les hubiésemos dado si lo hubiesen pedido y habríamos evitado el circo mediático”, señaló.
Bueno, Navarro y Alonso esperan las citación judicial para ir a declarar ante el juez. Esta semana lo hacen denunciantes y testigos.
PSOE Y NC LAMENTAN LAS CRÍTICAS Y PIDEN LA DIMISIÓN
El PSOE y NC, dos de los partidos en la oposición en Mogán, lamentaron ayer que Onalia Bueno haya vinculado su detención con su pulso al Estado por la situación de los migrantes en el muelle de Arguineguín y han pedido su dimisión. En sendos comunicados, ambas formaciones han tachado como “cortina de humo” la rueda de prensa de la alcaldesa en la que afirmó que “sacar las vergüenzas al Estado sale caro”. Por un lado, el portavoz del PSOE, Artemi Artiles, ha considerado “inaceptables” las manifestaciones “en las que cuestiona la independencia del poder judicial y la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. “Que demuestre sus graves acusaciones o se retracte, de lo contrario consideramos que no podría seguir desempeñando la responsabilidad por el ataque frontal al Estado de Derecho”. Por su parte, la portavoz de NC, Isabel Santiago, criticó que haga uso de “ un grave problema humanitario para esconder la gravedad de lo que supone la comisión de un posible delito de fraude electoral”. Para Santiago, “acusar al Estado de estar detrás de su detención supone atacar los cimientos del sistema de separación de poderes”. Además, censuró que la acuse de ser la culpable de que se haya reactivado la investigación. | R. T.
