Las denuncias y acusaciones por fraude en las votaciones municipales marcan la identidad de Mogán desde que existe la democracia. En el municipio, con una economía aferrada al turísmo, que ha cambiado la vida de sus vecinos al ofrecerles nuevas perspectivas y más riqueza que la pesca y la agricultura, las luchas por dar el bastón de mando no se quedan en dar la victoria a un partido, porque en esa pugna se implican de lleno no las siglas de derecha, izquierda o del nacionalismo local, sino las propias familias. Un dato significativo es que los dos últimos ediles: Onalia Bueno (Ciuca-CC) y Francisco González (PP), han sido alcaldes años después de que ese puesto lo ostentaran primero sus propios padres, Guillermo Bueno y Francisco González, respectivamente. Además, en esta localidad del sur grancanario donde en 2019 votaron 10.738 personas, unos cientos de papeletas ponen en juego la mayoría absoluta.
Fue en abril de 1979 la primera vez que Mogán se inscribió en la lista del 'tongo' electoral. Esa primera consulta fue declarada nula porque al parecer se produjo un curioso fraude al descubrirse en el censo numerosos nombres de fallecidos. El candidato vencedor fue el aspirante de la Unión del Centro Democrático (UCD), Benigno Bravo de Laguna. Pero, ante aquel supuesto fraude, el gobernador civil Manuel Fernández-Escandón, nombró una comisión gestora, y se realizó una nueva consulta, que volvió a dar la victoria a Bravo de Laguna. No obstante fue un mandato breve, y le sustituyó Silverio Martín.
El voto por correo motiva denuncias del PP, PSOE, NC, y vecinos en los últimos veinte años
La polémica de la papeleta volvió a estallar en los colegios electorales en la consulta del 13 de junio de 1999. Antonio Santana Flores, candidato de Coalición Canaria (CC), obtuvo ocho concejales a sólo uno de la mayoría absoluta. El escándalo surgió entonces porque el PP y el PSOE acusaron al que se alzaba como regidor de empadronar a centenares de personas en su casa y en su empresa, -se llegó a decir que de 300 a 500,- para llevar a cabo un supuesto fraude en el voto por correo. Las denuncias obligaron a la Junta Electoral Central a investigar el caso, y Mogán ese año no pudo nombrar a su alcalde el mismo día que el resto municipios.
Finalmente, un mes después el caso se archivó porque no se hallaron pruebas de delito. Santana Flores, respaldado por el BNR y Mogarén, argumenta que "hay mucha gente que me tiene cariño, que cree en mi y como no conocen la mecánica del voto por correo, me lo enviaron a mi".
Y una vez más, en mayo de 2003, la historia se repite. En el recuento de votos varias formaciones acusan a la formación Ucamo (Unión Canaria por Mogán) de transportar en sus coches a los vecinos desde sus casas hasta los colegios electorales para hacerles cambiar su decisión. Las urnas dieron ese año mayoría absoluta al PP y se pone al frente de Mogán, Francisco González, que inicia así la saga de hijos de regidores.
Los pinchazos telefónicos del caso ‘Góndola’, en 2006, operación en la que se investiga una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que están implicados, entre otros, el alcalde González (PP) y la entonces primera teniente de alcalde, y edil de Política Social, Onalia Bueno, detecta conversaciones que llevaron a la policía a concluir que se estaba cometiendo una presunta manipulación del censo, compra de votos por 30 euros, y favores a los vecinos desde el Ayuntamiento. El juez abrió una pieza separada por delito electoral, y fueron imputados varios representantes del PP, entre ellos la actual alcaldesa, ahora de Ciuca, y funcionarios. También esta vez la causa se archivó en 2015, tras decretar el fiscal el sobreseimiento al "no existir indicios suficientes de la participación de los acusados en los hechos denunciados".
La misma lucha de titanes por el poder municipal coloca otra vez a Mogán, en 2015, bajo sospecha. El entonces alcalde, Francisco González, denunció ante la Guardia Civil la compra de votos por parte de Ciuca, liderada por Onalia Bueno. Tras la investigación, en la que no se hayan indicios de delito, el caso se cerró. Aún así, ese mismo año,el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción pide que se reabra el caso y extiende al PP esas supuestas prácticas ilegales. Además, varios votantes de Arguineguín, asesorados por la asociación Regeneración Democrática presentan denuncias ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana.
Y mientras se vuelven a investigar esos comicios, en la última cita electoral de 2019, se repiten la sospecha de ‘pucherazo’. Esta vez el PP y NC piden que se impugnen las elecciones por la supuesta compra de papeletas y manipulación del voto por correo, que se triplica en esta convocatoria de 191 a 560. Esa reapertura de la causa de 2015, junto a la de 2019, por parte del juzgado derivó el pasado jueves en la detención de Bueno, y el registro de las oficinas municipales de Mogán y de Arguineguín.
