El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, declaró ayer en los Juzgados de Telde por los presuntos delitos en el Ayuntamiento y consideró que su testimonio ante la magistrada María Cecilia López Vázquez “ha aclarado” los hechos denunciados a principios de 2019 por dos policías locales, en concreto la supuesta utilización de los vales de la gasolina para fines particulares.
Tal como ha repetido desde el día de su detención por parte de la Brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el pasado 9 de marzo, el regidor insistió en que no ha habido irregularidades, sino acaso “errores administrativos” que ni siquiera son achacables al gobierno municipal. Y “mucho menos una trama para delinquir”, como alegan los acusadores.
Francisco Atta, de Asba-Nueva Canarias (NC), y otros cuatro concejales de ese Ayuntamiento declararon como investigados ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde, que ha abierto diligencias previas contra 18 personas, entre cargos políticos y empleados municipales, tras la denuncia de dos policías locales por supuestas ilegalidades entre los años 2013 y 2017.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas les imputa delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental relacionados con la presunta utilización de dinero público para gastos particulares, como repostaje de gasolina en vehículos privados a través de los vales del Ayuntamiento o la compra de productos de alimentación y ocio.
La Fiscalía ve indicios de prevaricación, malversación y falsedad
Además del alcalde, ayer declararon otros tres concejales de Asba-NC, Francisco Galván, Natalia Ramírez y Gregorio Peñate, y la actual portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Consistorio, Fabiola Calderín, que hasta 2015 fue primera teniente de alcalde en el grupo político que lidera Atta.
“Hemos respondido a todas las preguntas que nos formularon la jueza, el fiscal y los distintos abogados y creo que hemos dejado claro el procedimiento y la actuaciones en el Ayuntamiento durante ese periodo; estamos tranquilos en ese sentido y esperando que se vayan sucediendo las demás declaraciones para que lo más pronto posible se esclarezca todo”, señaló Atta tras salir del Juzgado. A su juicio, los próximos testimonios del interventor municipal y de otros funcionarios “aclararán aún más” la inocencia de los 18 investigados.
Tras resaltar que no está de acuerdo con muchas de las aseveraciones que se recogen en la investigación de la Guardia Civil, el alcalde explicó que las acusaciones están basadas exclusivamente en el combustible, sobre lo que se irán aportando explicaciones y documentos a partir de ahora, una vez levantado el secreto del sumario.
Entre los argumentos que esgrimió ante el Juzgado, Atta precisó que la media del gasto de combustibles durante el periodo investigado fue de 36.000 euros anuales, una cifra casi exacta a la de los gobiernos anteriores al suyo, que fue de 35.000 euros.
“Ese es un dato clarificador, pues demuestra que no hay diferencia en los gastos de gasolina respecto a los anteriores mandatos”, sostuvo. Según el informe de la Guardia Civil, durante ese periodo de falsearon facturas de carburantes por valor de 60.000 euros, a 10.000 por año.
Una bombona
Respecto a los otros gastos incluidos en la denuncia de los dos policías locales y en la posterior investigación de la Guardia Civil, el alcalde añadió que se trata de “cuatro cosas puntuales” -una bombona de gas, un saco de pienso para la perrera municipal, el lavado de un vehículo y un paquete de papas fritas- que la gasolinera “debió incluir por error junto a las facturas de los combustibles”. En total, ironizó el regidor, “se acusa a 18 personas de montar una trama delictiva para defraudar 70 euros”.
En la investigación se apunta que una concejala compró en 2013 un producto ajeno al bono para la gasolina y que el trabajador de la perrera se llevó una bombona y un saco de comida para animales.
“Entendemos que es un error puntual de la propia gasolinera, que incluyó esos gastos en la misma factura”, manifestó Atta, quien subrayó que desde el propio Ayuntamiento se van a seguir aportando documentos para esclarecer los hechos que figuran en la denuncia, como las auditorías de las cuentas municipales o los informes de la Intervención, que en su opinión “contradicen a los de la Guardia Civil”.
En las compras irregulares figura una bombona, comida para perros o papas fritas
La denuncia de dos policías locales de Valsequillo, ahora en comisión de servicio en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con acusaciones realizadas también por una antigua secretaria de la Alcaldía, concluyó con la imputación de casi todo el grupo gobierno de Valsequillo y de concejales de mandatos anteriores, entre ellos Víctor Navarro, exportavoz del PSOE y actual director general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias.
Víctor Navarro está citado a declarar el próximo lunes, 28 de septiembre, junto a Eduardo Antonio Déniz (concejal en el periodo 2015-2019), Naira Hernández (actual edil), Mónica Navarro (exconcejal) y Francisco Ramón Sánchez Robaina (antiguo alcalde de Valsequillo). El 16 de octubre testificarán Francisco Santana (antiguo concejal), Tania Naya (secretaria general del Ayuntamiento), Antonio Félix Marrero (interventor) y Francisco Javier García Martel (arquitecto del área de Urbanismo).
Por último, el 19 de octubre lo harán Ignacio Monzón (funcionario del departamento de Recursos Humanos), Julián Félix Valdemoro (actual jefe de la Policía Local) y los trabajadores municipales José Ramón Rodríguez y José Manuel Medina. Todos ellos comparecen en calidad de investigados. Tras esas 18 declaraciones seguirán las de los testigos, como empresarios o trabajadores municipales, se calcula que hasta una veintena.
