Marco Aurelio Pérez, portavoz del grupo del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria, calificó ayer de “escándalo” la decisión del gobierno insular de Antonio Morales de adjudicar un contrato de 683.842 euros para propaganda en plena crisis por la pandemia y, además, hacerlo a través de un procedimiento negociado sin publicidad “para eludir un concurso abierto y transparente”.
“El señor Morales ha utilizado el decreto del estado de alarma de la Covid-19 para adjudicar a dedo una partida de casi 700.000 euros para gastos en publicidad, en vez de utilizar los fondos en material sanitario o de emergencia, como la compra de mascarillas, equipos de protección para el personal del Cabildo, mamparas de separación en los puestos de trabajo o renovación de los equipos de aire acondicionado”, criticó.
Pérez subrayó que el decreto de la alarma sanitaria se hizo para ese tipo de actuaciones, “no para que el hombre de confianza de Morales, Marino Alduán [director general del Gabinete del Presidente], haga un informe a pedir de boca para adjudicar un contrato a una empresa [22 grados de Media] que ya le había hecho trabajos de publicidad personal durante la campaña electoral”.
“Es tal el fraude -sostuvo el portavoz de los populares- que lo hace sin publicidad, habiendo múltiples empresas creativas en Canarias y en España tan buenas o mejores que la adjudicataria; y por tanto, limitando la transparencia y libre competencia al no invitarlas y al no hacer público que pudieran participar en ese contrato”.
Para “rematar”, agregó Pérez, junto a la agencia 22 Grados “se invitó a una agencia de la Península, con escasísima capacidad de maniobra en Canarias, porque no es puntera en el sector, y a otra entidad cuyo objeto social nada tiene que ver con la publicidad, pues su actividad es la construcción, por lo que está bien claro que se quería otorgar ese contrato a una determinada empresa”.
El gobierno del Cabildo, según el portavoz del principal grupo de la oposición, ha intentado “retorcer” las normativas de los contratos públicos y del propio decreto del estado de alarma, pero “han quedado muchos rastros de ese escándalo en el propio expediente de adjudicación”.
Al respecto, explicó que si se entra la página del Perfil del Contratante del Cabildo, se comprueba que se volcó toda esa documentación, desde los informes previos hasta la propuesta de adjudicación, el mismo día, el 7 de julio, y en cuestión de minutos, “con lo cual la emergencia sanitaria ya no estaba activada”.
Además, según Pérez, el presidente Morales ha declarado en numerosas ocasiones, incluso por escrito a preguntas de la oposición, que el Cabildo no tiene competencias en la lucha contra la pandemia del coronavirus. “Si la competencia la tiene la Consejería de Sanidad o el propio Gobierno de Canarias, ¿para qué contrata el Cabildo una campaña de publicidad y se va a gastar casi 700.000 euros en tres o cuatro meses?”, planteó.
“Lo que nos preguntamos todos es qué se va a pagar con todo ese dinero adjudicado a dedo, ¿no será su campaña electoral? ¿o algún favor que se le debe a alguien?, insistió Pérez, quien detalló que, de acuerdo a los Presupuestos del Cabildo de 2020, “una sola empresa, de una tacada, a dedo y con procedimiento amañado, se va a llevar alrededor 80% del dinero destinado este año a publicidad institucional”.
Urgencia
El consejero del PP también puso en duda el argumento de la adjudicación por “imperiosa urgencia”, pues desde que se inició el expediente, el 26 de mayo de 2020, hasta la firma del contrato, el 19 de agosto, transcurrieron casi tres meses. “Ese es tiempo de sobra para tramitar un concurso público abierto a todas las empresas del sector, pero está claro que no querían que hubiera libre concurrencia ni transparencia”, añadió.
El gobierno insular inició el expediente de la contratación el 26 de mayo y señaló que “existe necesidad de contar con el servicio para el diseño de campañas, planificación, y compras de medios para la difusión de medidas adoptadas por el Cabildo de Gran Canaria para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de Covid-19 durante el año 2020”. El servicio, se añade en la propuesta de adjudicación, “está encaminado a comunicar a toda la sociedad las medidas puestas en marcha a las que se pueden acoger para contrarrestar los efectos económicos y sociales producidos por la pandemia”.
