Los cinco exconcejales de Valsequillo que declararon ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde negaron los delitos que les imputa la Fiscalía Provincial de Las Palmas y explicaron a la magistrada que la utilización de los vales de gasolina por parte de los ediles y trabajadores municipales fue una práctica establecida por el Ayuntamiento desde hace décadas al carecer de un parque móvil propio.
Los declarantes, además de rechazar que hayan cometido los presuntos delitos de prevaricación, malversación o falsedad documental, sostuvieron que en muchas ocasiones incluso tuvieron que poner dinero de su bolsillo para sufragar los gastos de sus viajes en coche a otros municipios e islas en representación del Ayuntamiento, según revelaron fuentes presentes en la segunda tanda de declaraciones de los 18 investigados que figuran en el sumario del caso.
Tras los testimonios del pasado viernes del alcalde Francisco Atta (Asba-NC) y de otros cuatro ediles del actual Consistorio, tres del grupo de gobierno y una exrepresentante de ese partido ahora en CC, ayer fueron citados a declarar otros cinco investigados, entre ellos Víctor Navarro, exportavoz del PSOE y actual director general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias.
Además de Navarro, testificaron Eduardo Antonio Déniz (concejal en el periodo 2015-2019 y actual secretario del grupo político de NC en el Cabildo de Gran Canaria), Naira Hernández (todavía edil de Asba-NC), Mónica Navarro (exconcejal) y Francisco Ramón Sánchez Robaina (antiguo alcalde de Valsequillo).
Los cinco investigados permanecieron durante unos 25 minutos en el Juzgado, por término medio, y respondieron a todas las preguntas de la jueza, del fiscal y de los letrados de las partes personadas, según informaron fuentes presentes en la toma de declaraciones.
Gasolineras
Todos resaltaron que cuando llegaron a sus cargos públicos en el Ayuntamiento ya existía el sistema de los vales de combustible y el exalcalde Francisco Sánchez precisó que desde la década de 1980 ya se utilizaba esa fórmula para que los trabajadores repostaran en las dos gasolineras de Valsequillo, aunque no recordó si existía algún convenio o documento firmado anteriormente con las estaciones de servicio.
Los exconcejales también detallaron que eran vales semanales por valor de 30 euros, pero que podían solicitar una cantidad mayor si tenían que realizar desplazamientos extraordinarios. Como ejemplo, el exalcalde señaló que en una ocasión tuvo que ir a un acto oficial en la isla de Tenerife y se llevó su propio coche, pero no pudo cargar al Ayuntamiento los billetes del barco, solo el gasto en gasolina por la existencia de esos bonos.
Aunque en la denuncia que dio origen a la investigación de la Guardia Civil se incluyen otros presuntos hechos ilegales, el interés de la jueza y de la Fiscalía se centra en el supuesto fraude en los carburantes. Así, se interesaron por el distinto precio que aparece en las facturas, a lo que respondieron que se utilizaba gasolina de 95 y de 98 octanos en función de los vehículos que tenía cada concejal.
También explicaron a la jueza, según las mismas fuentes, que en numerosas ocasiones tenían que viajar fuera del término municipal de Valsequillo, como a reuniones en las sedes del Gobierno de Canarias, el Cabildo o las mancomunidades. Al respecto, señalaron a modo de ejemplo que cada fin de semana se realizaban excursiones de la tercera edad por varios lugares de la Isla, y las que debía ir algún concejal en su propio coche por motivos de seguridad, pues en aquella época las guaguas con las personas mayores no iban acompañadas de vehículos de la Cruz Roja o Protección Civil.
Además, relataron que al no haber jefes de servicio en el Ayuntamiento, son los propios concejales los que acuden a las obras e incluso realizan visitas a domicilio a aquellos vecinos que por problemas de movilidad tenían dificultades para realizar los trámites en las oficinas del Ayuntamiento. A preguntas de la jueza, admitieron que no acostumbraban a poner por escrito las gestiones que realizaban cada día y el número de kilómetros.
A juicio de los letrados presentes en las declaraciones, las próximas comparencias del interventor y de la secretaría general del Ayuntamiento podrían esclarecer muchos hechos, pues las imputaciones a esas 18 personas están fundamentadas en que existe una diferencia de 60.000 euros entre las contabilidades del Consistorio y de la empresa que suministró el carburante durante los seis años investigados, de 2013 a 2017. Los acusados argumentan que el gasto municipal ha sido similar antes y después de ese periodo.
