El Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde ha extendido sus indagaciones sobre el presunto fraude de la gasolina en el Ayuntamiento de Valsequillo y ha citado a declarar, como investigados, a otras ocho personas, por lo que se eleva a 26 el número de implicados. Se trata, según fuentes judiciales, de antiguos empleados municipales que supuestamente utilizaron vales de carburantes después de jubilarse.
Tras la primera ronda de declaraciones de los 18 detenidos el pasado 9 de marzo, entre ellos el alcalde Francisco Atta (Asba-NC), la magistrada María Cecilia López Vázquez ha ampliado la lista de investigados y ha llamado a declarar a esos ocho extrabajadores del Ayuntamiento por el presunto uso fraudulento de los bonos de gasolina, que la Guardia Civil y la Fiscalía valoran en unos 60.000 euros. La segunda tanda de declaraciones en el Juzgado teldense se realizará en los meses de febrero y marzo, según las mismas fuentes.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas les imputa delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental relacionados con la presunta utilización de fondos públicos del Consistorio para gastos privados. Aunque la denuncia que dio origen a la investigación apreciaba otros supuestos delitos, las indagaciones del Juzgado se han centrado en los vales de gasolina para vehículos particulares y en la compra de otros productos en la gasolinera del pueblo.
El Juzgado intenta averiguar ahora si, aparte de los ediles y empleados municipales, había otras personas que utilizaban esos vales de gasolina de forma irregular. Según los denunciantes, dos policías locales que ahora están en comisión de servicio en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, numerosos vecinos de Valsequillo, incluso ajenos al Ayuntamiento, repostaban combustible con cargo a las arcas del Consistorio.
El Juzgado indaga si se usaron vales de carburante por parte de jubilados del Ayuntamiento
Entre esas personas estarían esos ocho trabajadores ahora citados por la jueza, que pese a estar jubilados siguieron prestando servicios de forma voluntaria al Ayuntamiento por falta de personal. Por ejemplo, para abrir y cerrar los parques públicos, según detallaron las mismas fuentes.
Los dos policías municipales denunciaron estos hechos a principios de 2019, con información aportada también por una antigua secretaría de la Alcaldía. Los tres ya habían pleiteado con anterioridad con el actual gobierno municipal. Una vez culminen las declaraciones de los 26 investigados, es previsible que también se cite a otros vecinos como testigos, entre ellos los propietarios y trabajadores de la gasolinera que prestaba esos servicios.
Hasta ahora han testificado 18 personas. En primer lugar lo hicieron el alcalde Francisco Atta y los concejales de su partido Francisco Galván, Natalia Ramírez y Gregorio Peñate, así como Fabiola Calderín, ahora perteneciente a CC tras abandonar Asba-NC en el año 2015.
El 28 de septiembre declararon Eduardo Antonio Déniz (concejal en el periodo 2015-2019 y actual secretario del grupo político de NC en el Cabildo de Gran Canaria), Naira Hernández (actual edil), Víctor Navarro (exportavoz del PSOE y actual director general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias), Mónica Navarro (exconcejala) y Francisco Ramón Sánchez Robaina (antiguo alcalde de Valsequillo).
El 16 de octubre testificaron Francisco Santana (antiguo concejal), Tania Naya (secretaria general del Ayuntamiento), Antonio Félix Marrero (interventor) y Francisco Javier García Martel (arquitecto técnico del área de Urbanismo). El 19 de octubre lo hicieron Ignacio Monzón (funcionario del departamento de Recursos Humanos), Julián Félix Valdemoro (actual jefe de la Policía Local) y los trabajadores municipales José Ramón Rodríguez y José Manuel Medina.
La Fiscalía les imputa delitos de prevaricación, malversación y falsedad
Todos los implicados han rechazado las acusaciones recogidas en la investigación de la Guardia Civil y han alegado que el sistema de los vales de gasolina se venía utilizando desde décadas anteriores, sin que en los últimos años hubiera un incremento presupuestario por ese concepto.
La Brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizó el pasado 9 de marzo una operación para esclarecer las denuncias sobre supuestos delitos cometidos en el Ayuntamiento. Agentes de ese cuerpo acudieron a las Casas Consistoriales con la intención de detener al alcalde, que no se encontraba allí en ese momento, y entregar citaciones a cinco concejales y funcionarios para que acudieran a declarar en las dependencias de la Guardia Civil de la capital.
