Los ayuntamientos de Telde e Ingenio asumirán el servicio de control de viajes que han efectuado hasta el momento los taxistas con licencias de estas administraciones en el aeropuerto de Gran Canaria. Mediante una cooperativa que funciona a través de un sistema de apuntadores -en el que piden el pago de 3,5 euros por día trabajado-, los propios conductores han autoregulado la recogida de viajeros para garantizar un reparto equitativo entre lo que denominan carreras (traslados de pasajeros a lugares ubicados a menos de 34 kilómetros de la infraestructura aeroportuaria) y viajes (recorridos mucho más largos) desde hace más de 40 años.
Sin embargo, este método no está legalizado y en los últimos años ha sido fuente de disputas de forma interna en el sector del taxi. Por esta razón, el Cabildo instó hace unos meses a las administraciones a que reglamentaran esta actividad convirtiéndola en un servicio de carácter público y alegó que los apuntadores no podían ser de ninguna manera titulares de licencia precisamente para evitar conflictos de intereses e irregularidades. Según las declaraciones del concejal de Transportes del Ejecutivo teldense, ya se ha puesto en marcha la maquinaria para efectuar este cometido. “Estamos trabajando para modificar la ordenanza de transportes de ambos municipios, en crear el servicio público de control de viajes y en establecer una ordenanza fiscal que ponga precio a esta actividad”, explicó Agustín Arencibia, edil responsable.
Por otro lado, esta problemática, aunque ha estado presente desde hace décadas, ha estallado en los últimos meses por la iniciativa de Sergio Santana, taxista del municipio de Ingenio. “Esta forma de realizar el servicio nunca ha sido justo ni legal”, asevera el denunciante, que ha comprobado en primera persona como “se favorece siempre a los conductores que forman parte de la cooperativa que realiza el servicio de apuntadores; preguntan a los clientes en la terminal de vuelos nacionales, cuando no hay taxistas, a qué zona de la Isla van y designan los viajes más largos a los compañeros”, explica indignado, pues desde que inició la lucha para conseguir regularizar la actividad, hace más de 15 años, afirma que ha sido uno de los más perjudicados.
Sergio Santana, titular de un taxi, alerta de que los apuntadores siguen cobrando
En este tiempo Santana ha presentado numerosos informes a los ayuntamientos, en los que además adjunta declaraciones y quejas de los propios viajeros que han sufrido este problema, “les hacen esperar si saben que van a sitios cercanos, en vez de asignarles el primer taxi disponible”; solicitando de este modo que se cumpla con la normativa local elaborada al respecto, en donde se esclarece que ambas administraciones deben proceder a la creación de un órgano intermunicipal que ponga el control a este asunto. “He esperado mucho tiempo, pero ningún gobierno local ha iniciado ningún trámite hasta el momento”, añade Santana, que se vio en la obligación de relatar como último recurso ante la falta de respuestas lo que sucedía con este servicio al Cabildo de Gran Canaria. “Mandé un escrito en donde relataba la inacción de los consistorios y la forma que hay actualmente de prestar el servicio”, añade. El Ejecutivo analizó el problema y redactó una resolución en noviembre de 2019 en la que instaba a los municipios a aplicar la normativa y prohibir el cobro de las cuotas por parte de los apuntadores.
Según relata el afectado, el Ayuntamiento de Ingenio alegó a este mandato que “se estaba cumpliendo con lo dispuesto en el órgano y que siempre contestaban mis demandas; sin embargo, después tuvieron que retractarse porque yo solicité el acta de la creación de este órgano y una copia de las respuestas”, apostilla Santana, aunque en estos momentos recuerda que aunque la administración insular tomó partida a finales del año pasado “hemos seguido teniendo que pagar las cuotas mes a mes, lo que es mucho dinero que se ha cobrado y que se sigue cobrando ilegalmente”, continúa denunciando, mientras se pregunta qué pasará con todo esa suma monetaria. Al ver cómo pasaba el tiempo, el taxista decidió no esperar más y efectuó una nueva denuncia en verano, esta vez en la Fiscalía. “Redacté y firmé con otro compañero un documento en donde se especificaba la cronología de las escritos que he entregado en las administraciones y en otras organizaciones; hace unas semanas preguntamos cómo avanzaba este asunto y nos aseguraron que ya habían abierto diligencias”, sostiene.
Asimismo, estos no son los únicos órganos a los que ha acudido pues tras cansarse de esperar que los ayuntamientos actuasen por su cuenta decidió también tratar el tema mediante la Diputación del Común y sigue esperando que todo se solucione. Los líos entre administraciones y la falta de acción en la última década le ha obligado a ser escéptico ante las promesas. “Hasta que no vea resultados tangibles, no me creeré nada de lo que prometan”, concluye.
Preocupaciones
Santana adquirió la titularidad de una licencia de taxi en el 2006; dos años más tarde se presentó a la presidencia de una asociación taxista en Ingenio con el objetivo primordial de luchar por la constitución de una normativa reguladora. “Cuando conseguí que se redactase me retiré, porque consideré que mi objetivo ya estaba cumplido”, expresa el taxista, que desde entonces no ha hecho más que sufrir la falta de compromiso político en el asunto y las represalias de los apuntadores a sus continuas denuncias.
El afectado ha denunciado este asunto en Fiscalía y la Diputación del Común
Finalmente, el Ayuntamiento de Telde promete que el problema se verá solventado y adelantó que ya han realizado algunas gestiones junto con Ingenio. Hace unas semanas contrataron a una empresa para que ejecutase un estudio económico y un análisis pormenorizado para esclarecer cuánto costará el servicio a los taxistas, ya que ahora debe ser autofinanciado por las administraciones.
“Una de las preocupaciones de los conductores era el coste que ahora les supondrá esta actividad; ya que hasta el momento es una cuota muy reducida al no tener que pagar, entre otros asuntos, la Seguridad Social que ya cubrían siendo autónomos”, detalla Arencibia, que resalta que a pesar de que ahora deben asumir unos gastos que antes no se tenían en cuenta, el precio diario apenas subirá un euro más, quedándose en 4,5 euros diarios. El concejal adelanta que la próxima semana los representantes municipales se reunirán con los de las cooperativas de taxistas para trasladarle la información y los avances.
