El Cabildo retirará de 200 inmuebles de Gran Canaria 160 toneladas de planchas, jardineras, bidones, tuberías y otros elementos de la conocida uralita, denominación popular del cemento reforzado con fibra de amianto, material prohibido desde 2001 porque supone un peligro para la salud que se suma al problema medioambiental que genera su vertido incontrolado.
El riesgo para la salud durante su manipulación se debe a la posible inhalación de las fibras microscópicas que desprende la uralita cuando empieza a deteriorarse o resulta fracturada y desmenuzada, de ahí la importancia de que la población no se ocupe de retirarla, para lo cual el Cabildo aborda su retirada de manera ordenada con la inversión de 345.000 euros para su ejecución a través de una empresa especializada, según explica la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez.
De hecho, la desinstalación segura solo puede ser realizada por empresas autorizadas y tiene un coste mínimo que oscila entre los 600 y los 1.000 euros, según el volumen y número de elementos a retirar, aunque la cifra se puede incrementar si hay dificultades técnicas y de acceso agregadas.
Por este motivo, una parte de los propietarios trata de deshacerse de estos materiales de forma clandestina y sin seguir las oportunas medidas de seguridad, ya que los oculta en contenedores destinados a otros residuos o simplemente los abandona en la vía pública e incluso en el medio natural, de modo que no solo arriesga su salud, sino la de la comunidad.
Pero ello, según la Corporación, no ha detenido su vertido ilegal y una decena de municipios lo han señalado como uno de los mayores problemas en materia de residuos, lo que también motivó un plan de choque del Cabildo en 2018 para eliminar puntos negros en Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Moya, Teror, Agaete, Firgas, San Bartolomé de Tirajana e Ingenio.
Censo de viviendas
Lo cierto es que la peligrosidad de este residuo hace que su abandono incontrolado sea una infracción ambiental muy grave que acarrea para quien la comete sanciones que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros.
Por estos motivos el Cabildo abrió un censo de viviendas con elementos de amianto para emprender esta campaña que ha buscado la colaboración de los particulares para atacar la raíz del problema y que nace con vocación de continuidad.
El amianto se utilizaba como fibra de refuerzo en la fabricación de un tipo de fibrocemento que se generalizó bajo la denominación de uralita, nombre de la mayor empresa de distribución de este material en España.
Cuando se hicieron patentes los problemas de salud que provocaba, su uso se abandonó paulatinamente en todo el mundo, en España sobre todo a partir de los años noventa, hasta la definitiva prohibición de su comercialización.
La industria ha intentado sustituirlo por otros tipos de fibras de celulosa, vinílicas o de vidrio, y en este último caso con notable aceptación porque no es nocivo para la salud y mejora las propiedades mecánicas del fibrocemento, pero aún queda el trabajo de lograr erradicar de las viviendas las chapas y bidones de uralita.
