La Audiencia Nacional ha absuelto a los cinco procesados de Canarias en el caso Fitonovo o Madeja, Adolfo de la Torre García, Sergio Machín de León, José Ulises González, Rubens Coba Falcón y Gustavo Adolfo Gómez, empresarios y altos cargos de los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote que fueron acusados de cohecho en los contratos públicos a la empresa Fitonovo. En el caso de los dos primeros, la Sección Cuarta de ese tribunal les absuelve por haber prescrito los presuntos delitos. Al resto, tras la retirada de las acusaciones por parte de la Fiscalía.
Tres de los nueve procesados en esta pieza separada del caso Madeja, que juzgó actuaciones en Canarias, Extremadura y Andalucía, han sido condenados a penas que oscilan entre los seis meses a los tres años de cárcel por pagos a funcionarios a cambio de obra pública en torno a la empresa sevillana Fitonovo.
Se trata de José María Pizarro, jefe de Sección de Explotación de Carreteras de Mérida (Badajoz), al que impone tres años de cárcel por un delito continuado de cohecho y absuelve del delito de prevaricación por estar prescrito; José Francisco Cazorla, jefe de Servicio de Conservación y Dominio Público Viario de la Junta de Andalucía, seis meses de prisión; y a José María López Torrego, jefe de Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en la delegación de Huelva, también seis meses.
La primera pieza separada condena a tres funcionarios de Extremadura y Andalucía
La sentencia acuerda aplicar la atenuante de dilaciones indebidas a los condenados, por lo que impone las penas en el mínimo de su mitad inferior. La prescripción de los delitos, por los retrasos en los procedimientos judiciales, exonera de las posibles condenas al delegado de Fitonovo en el Archipiélago canario, Adolfo de la Torre García, y al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín.
Por la retirada de las acusaciones en esta pieza separada del caso Fitonovo, que fue fruto de las investigaciones de la Guardia Civil en la denominada Operación Enredadera, quedan absueltos José Ulises González, ingeniero del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria; Rubens Coba, gerente en Canarias de la empresa API Movilidad; y Gustavo Adolfo Gómez Jiménez, delegado en las Islas de la constructora Elsamex.
En sus fundamentos de derecho, los magistrados explican en la sentencia que los hechos "constituyen para todos los acusados un delito de cohecho, en alguna de las modalidades recogidas en las sucesivas versiones del Código Penal y, además, para el acusado José María Pizarro Gómez un delito de prevaricación”, si bien en algunos casos los delitos están prescritos.
El juez De la Mata procesó a tres empresarios, un político conejero y un funcionario
Sobornos
Las actuaciones de esta pieza se centraron en las licitaciones a favor de Fitonovo en determinados contratos públicos relacionados con su objeto social en Canarias, Extremadura y Andalucía, en los que diversos comerciales de la empresa pagaron comisiones, en efectivo o en regalos, a los funcionarios o autoridades que intervinieron en ellos, "perjudicando a la administración y al principio de libre concurrencia entre los solicitantes".
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesó en el año 2017 a un total de 45 personas por las supuestas tramas de corrupción en torno a los contratos de la empresa Fitonovo. El procedimiento fue iniciado por Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, la jueza que también investigó el caso de los ERE de Andalucía.
En junio de 2015, al acabar una la instrucción, la jueza elevó todo el sumario a la Audiencia Nacional, pues había ramificaciones en diferentes ciudades y comunidades autónomas. El juez De la Mata continuó el procedimiento, con la toma de declaraciones de los implicados.
A los procesados de la pieza principal se les atribuyen los delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.
En el caso de la rama de Canarias, el magistrado imputó al delegado de Fitonovo, Adolfo de la Torre, por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho o fraude a las administraciones públicas, pues a su juicio existía una trama planificada y organizada en la compañía para amañar y adjudicarse contratos públicos con la connivencia de funcionarios, políticos y directivos empresariales de varias administraciones públicas, caso del propio Gobierno autonómico y los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote. La supuesta trama isleña del caso Fitonovo también incluyó al exjefe de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas del Ejecutivo canario, José María Maya Cáceres, fallecido en enero de 2017.
Según las investigaciones recogidas en el auto del juez De la Mata, los directivos de Fitonovo crearon una infraestructura, operativa y contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares. Así, el equipo comercial de la empresa formó una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, con una contabilidad paralela que se nutría de facturas falsas para financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.
Adjudicaciones
En el caso del delegado en Canarias, que fue detenido por la Guardia Civil el 11 de noviembre de 2014 en la sede de la empresa del Polígono Industrial de Montaña Blanca (Arucas ), el juez De la Mata le atribuyó un protagonismo esencial. "Existen indicios sólidos que acreditan que esta persona tuvo una activa participación en el pago de comisiones y dádivas a distintas autoridades y funcionarios públicos de Canarias, en atención a sus posiciones como autoridades públicas o como funcionarios responsables de la dirección en la ejecución de distintos contratos adjudicados a Fitonovo SL", señaló en el auto judicial.
En las piezas separadas, el magistrado de la Audiencia Nacional relató la presunta implicación activa en la trama isleña de Sergio Machín, en Lanzarote, y de Ulises Pérez, en Gran Canaria, de la que cobraron varias mordidas para favorecer a Fitonovo.
Respecto a Machín, entonces consejero de CC en la corporación lanzaroteña, recibió al menos dos comisiones, una en 2004 de 6.000 euros y otra en 2005 de 18.000 euros. El político conejero, detalló el juez "se dirigió a De la Torre García, de quien conocía que era el apoderado de Fitonovo y le exigió el abono de determinadas cantidades de dinero".
En el caso del ingeniero José Ulises Pérez se le acusó de recibir un pago en 2005 de 5.058 euros y otras dádivas por facilitar la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a la empresa. El 30 de marzo de 2005 recibió ese dinero por la reparación de un muro en la carretera GC-851, unos trabajos que se cobraron pese a estar hechos con anterioridad, según el auto judicial.
Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez fueron acusados porque sus empresas fueron adjudicatarias del Cabildo de Gran Canaria de distintos contratos de obra pública relacionados con el mantenimiento de carreteras. En esas adjudicaciones sospechosas intervino José Ulises Pérez.
