La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita siete años y medio de cárcel para dos policías locales de Mogán que, presuntamente, torturaron a un vendedor ambulante después de percatarse de que la víctima se encontraba ofreciendo collares en un restaurante del centro comercial Puerto Rico.

El escrito de acusación reseña que los acusados Gilberto Julián M. R., y Carlos Javier H. R., sobre las 21.40 horas del 8 de enero de 2011 se encontraban en calidad de paisanos ejerciendo la vigilancia y el control de las ordenanzas locales relativas a la venta ambulante y publicidad en el centro comercial. En un momento dado, Gilberto Julián M. R., se percató de que Sene M. M., estaba vendiendo collares en la terraza de un restaurante, acto seguido el funcionario se le acerca, “sin que conste que se identificara como agente de la autoridad”, y le dice a la víctima que le acompañe.

Seguidamente, narra la acusación pública, “de forma totalmente inesperada, con intención de menoscabar su integridad y con abuso de su posición de autoridad, le hizo caer al suelo, para luego levantarle por el cuello de la camisa”. Posteriormente, el afectado salió corriendo por lo que se inició una persecución que culminó en un supermercado de la zona. Tras alcanzarlo en el interior del mismo, Gilberto Julián M. R., “con el fin de castigar al perjudicado por la huida y tras caer este al suelo, le propinó dos fuertes patadas y un puñetazo, colocándose a continuación encima para inmovilizarlo”.

Momentos después, acudió al lugar el compañero de este, Carlos Javier H. R., para prestar asistencia al otro acusado. De esta manera, ambos “sacaron a rastras” a la víctima del establecimiento y, “ambos con la misma intención de actuar en contra del aghraviado” comenzaron a golpearle con un objeto contundente. Posteriormente, sujetaron al afectado por el cinturón y “lo lanzaron contra el suelo”, todo esto sucedió mientras la víctima “gritaba de dolor” y pedía auxilio a las personas presentes.

El afectado sufrió varias heridas, entre ellas una fractura en el antebrazo

Tras reducirle y dejarle “malherido por los golpes”, los encausados lo arrastraron por las escaleras del centro comercial, dónde no había cámaras de seguridad, y le propinaron diversos golpes, menoscabando gravemente su integridad y dignidad, hasta que llegaron a las dependencias policiales.

La Fiscalía destaca que, durante el traslado, el agraviado “se tambaleaba por el dolor y pedía auxilio a todas las personas presentes, solicitándoles que llamaran a la Guardia Civil”. Además, sostiene que como consecuencia de estos hechos el afectado sufrió una fractura cerrada en el antebrazo izquierdo, contusión de pared torácica y contusión con abrasión frontal que requirieron para su curación, además de una primera asistencia facultativa, una cirugía y tratamiento rehabilitador. Tardó en sanar 341 días impeditivos, uno de ellos de ingreso hospitalario. Como secuelas presenta perjuicio estético ligero por cicatriz quirúrgica de unos diez centímetros en antebrazo izquierdo, material de osteosíntestis por placa con cinco tornillos en el cúbito izquierdo y limitación en la flexión del codo izquierdo.

Por tanto, el ministerio público califica los hechos como un delito de tortura en su modalidad de atentado grave a la integridad moral en relación de concurso real con un delito de lesiones por los que pide siete años y seis meses de cárcel para cada uno de los acusados, así como una indemnización de 23.682,55 euros para el agraviado.