Tres casonas propiedad del Cabildo de Gran Canaria en la calle Buenos Aires han sido tomadas por grupos de okupas en los últimos meses y ello ha obligado al gobierno insular a emprender acciones administrativas y judiciales para desalojar esos inmuebles, inutilizados desde hace casi una década en espera de una reforma para destinarlos a dependencias de la propia institución.
Los tres edificios okupados corresponden a los números 40, 42 y 48 de esa céntrica calle de la capital grancanaria, a pocos metros de la Casa Palacio del Cabildo, y en ellos están viviendo un número indeterminado de personas, después de colarse en el interior y poner nuevas cerraduras en las puertas principales.
Pese a ser edificios protegidos por las normas urbanísticas de Las Palmas de Gran Canaria, en la casona del número 42 hay una puerta a medio pintar de color verde y también ha sido bien visible una cadena con candado en la entrada de la calle. También se ha observado ropa tendida en los balcones exteriores y los vecinos del barrio sospechan que algunas de esas casas habitadas de forma irregular están siendo utilizadas para la compraventa de drogas.
El gobierno insular tuvo conocimiento de esos hechos por los guardias de seguridad que vigilan las instalaciones del Cabildo -la mayoría situadas en las dos manzanas comprendidas por las calles Bravo Murillo, Primero de Mayo, Viera y Clavijo, Buenos Aires y Pérez Galdós- y ya ha incoado dos expedientes administrativos para desalojar a esas personas.
Esta previsto que el Consejo de Gobierno que preside Antonio Morales apruebe este próximo lunes un tercer expediente contra la ocupación de esas casonas, según confirmó Teodoro Sosa, consejero de la Presidencia y responsable del área de patrimonio de la institución. En el orden del día de esa reunión de mañana figura un punto denominado “Recuperación en vía administrativa de inmueble patrimonial de titularidad del Cabildo de Gran Canaria”.
Desalojos
En paralelo, desde que se detectó que esos inmuebles estaban habitados, el gabinete de Morales emprendió la vía judicial, pues la experiencia demuestra que esas personas difícilmente abandonan las viviendas de forma voluntaria. Los tribunales ordinarios, en estos casos, pueden ser rápidos en ordenar el desalojo que los procedimientos administrativos, que tienen plazos de tramitación y permiten presentar alegaciones a los okupas. De hecho, alguno de ellos ha solicitado verbalmente al Cabildo que le conceda una vivienda de protección oficial a cambio de abandonar la casona.
Teodoro Sosa, que también es alcalde de Gáldar, consideró que el Cabildo es víctima de esta realidad social, al igual que otros inmuebles vacíos de particulares o de entidades bancarias, y recordó que el Ayuntamiento que dirige también ha tenido que recurrir a los juzgados para recuperar inmuebles municipales. “Es lo que tenemos en el día a día, la gente se apropia de lo que no es suyo, pero desde que tuvimos noticias de que se habían metido en esas casas iniciamos la vía judicial y la administrativa, se trata de bienes públicos y no lo podemos permitir”, puntualizó.
El gobierno insular tiene previsto rehabilitar esas tres casonas, así como otros inmuebles que ha comprado en esa zona en los últimos años, para instalar en ellas nuevas oficinas de la corporación o cederlas a entidades sociales o culturales, como ya ocurre con la Alianza Francesa (número 56) o se negoció con la Fundación Alfredo Kraus.
En concreto, el edificio del número 48 ya está reservado para la ampliación de la Consejería de Igualdad, que ocupa la casona contigua, la número 46. Para las otras dos viviendas se ha barajado destinarlas a las oficinas de los sindicatos con presencia en el Cabildo o para sede de los grupos políticos.
El retraso en la rehabilitación de esos inmuebles los ha mantenido deshabitados y en estado de semiabandono durante casi una década, lo que facilitó la entrada de los grupos de okupas y ahora dificulta el desalojo por parte del Cabildo, aunque el gobierno insular espera que los tribunales se pronuncien con rapidez para emprender las reformas previstas.
De hecho, el Plan de Inversiones del Cabildo para la recuperación económica de la Isla por los efectos de la pandemia, dotado con 100 millones de euros, destina 12,5 millones para obras de renovación, rehabilitación y acondicionamiento de inmuebles. En total, una treintena de intervenciones en edificios de su propiedad, entre ellos cuatro de las casonas situadas en la calle Buenos Aires, las correspondientes a los números 26, 38, 48 y 52.
El gasto más elevado, 1,2 millones de euros, se dedicará a la vivienda del número 26, aledaña a la propia Casa Palacio, según se refleja en el documento del plan de inversiones del gobierno tripartito para paliar las consecuencias del coronavirus.
Unanimidad
Según se recoge en el texto de una moción aprobada por unanimidad hace casi una década, al principio del mandato de José Miguel Bravo de Laguna, los edificios señalados con los números 40 y 42, precisamente dos de los que están ahora habitados por okupas, ya estaban en aquellas fechas en situación de abandono y amenazados de la declaración de ruina técnico-constructiva.
La moción, presentada por el Grupo Socialista, entonces en la oposición, y defendida por la actual ministra Carolina Darias, proponía “continuar con la recuperación y puesta en uso cultural y educativo de inmuebles que forman parte del patrimonio de la Isla”, entre los que se citaban dos inmuebles en desuso de la calle Buenos Aires.
Con el consenso de todos los grupos políticos, se acordó estudiar la cesión a posibles entidades e instituciones culturales y educativas sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio, que lo puedan autogestionar, sin descartar otros usos. Según recordó Darias en aquel Pleno, son inmuebles que tienen una gran valor arquitectónico, proyectados por Laureano Arroyo, y que se pueden recuperar como espacios culturales y educativos para los colectivos de creadores de diferentes ámbitos de la Isla, para talleres, cursos de formación o exposiciones.
Durante ese mandato se rehabilitó la casona del número 46 y se negoció la cesión a la Fundación Alfredo Kraus, que finalmente optó por otro inmueble en Triana-Vegueta. Ante ello, se decidió ubicar en ese edificio la Consejería de Igualdad, que ahora será ampliada con la vivienda contigua.
El Cabildo es propietario de la práctica totalidad de los inmuebles situados en la manzana de las calles Buenos Aires, Pérez Galdós, Primero de Mayo y Bravo Murillo. Además de oficinas, se instaló el Centro Insular de Cultura (CIC), ya sin actividad.
