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El denunciante del delfinario del Sur pide desmontarlo tras su ilegalización

La empresa Mantenimiento del Territorio Canario reclama al Ayuntamiento que se cumplan las sentencias | El Tribunal Supremo confirma que vulnera las normativas

El denunciante del delfinario del Sur 
pide desmontarlo tras su ilegalización

El denunciante del delfinario del Sur pide desmontarlo tras su ilegalización

La empresa Mantenimiento del Territorio Canario SLU ha reclamado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que ordene el desmantelamiento del delfinario del parque temático Palmitos Park tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad de ese recinto al incumplir las normativas urbanísticas y de protección de espacios naturales.

En un escrito registrado ante el Consistorio sureño el pasado 16 de octubre, el representante de esa entidad mercantil, Manuel Artiles, recuerda las dos resoluciones judiciales que han tumbado los intentos de legalizar esa instalación, la primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2017 y la reciente del Tribunal Supremo, y solicita al gobierno municipal de San Bartolomé que “restablezca la legalidad urbanística” en el delfinario de Palmitos Park, promovido por la compañía Aspro Parks Canarias.

Mantenimiento del Territorio Canario es la empresa que construyó las infraestructuras para esa atracción turística en el sur de Gran Canaria y después mantuvo un pleito judicial con Aspro Parks por el precio y la calidad de los trabajos. Posteriormente interpuso un recurso que culminó con una declaración de nulidad de los permisos del delfinario. Según las sentencias, con las obras ya acabadas, los propietarios de Palmitos Park pidieron al Ayuntamiento y al Cabildo una calificación territorial que permitiera legalizarlas, pero ambas administraciones rechazaron esas pretensiones.

El Gobierno de Canarias intentó legalizar el recinto en 2013 y el TSJC tumbó su decreto

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En 2013, cinco años después de terminarse las obras y tres años después de su inauguración, el Gobierno de Canarias aprobó un decreto para legalizar el recinto de los delfines a través de un Plan de Actuación Territorial (PAT), una normativa que en aquella época permitía regularizar determinadas actuaciones en suelo rústico, aunque con carácter excepcional y por razones de interés general.

Arbitrario

Sin embargo, el TSJC declaró nulo ese decreto del Ejecutivo regional de Paulino Rivero por considerarlo “arbitrario” y contrario a la ordenación urbanística de ese espacio protegido, ya que el delfinario se encuentra dentro del Parque Natural de Pilancones. En su sentencia, los magistrados determinaron que las obras se completaron antes de la tramitación y aprobación del plan especial que las normas urbanísticas de San Bartolomé de Tirajana exigían para poder realizar un proyecto de esas características.

La sentencia del TSJC, que ahora es firme porque el Tribunal Superior no ha admitido a trámite el recurso de Aspro Parks, establece que la figura utilizada por el Gobierno autonómico no puede amparar “actuaciones discrecionales sin más”, pues no explica cuál es el interés público que se busca.

Los denunciantes mantienen un pleito con Palmitos Park por el precio y calidad de la obra

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“Tal motivación está ausente en el decreto examinado, que simplemente califica como mejora de la oferta turística complementaria y mejora de la economía y el empleo, sin advertir de que se trata de la legalización de una actividad que ya venía realizándose”, sostiene la sentencia del TSJC ahora confirmada por una providencia del Tribunal Supremo.

Pocos días después de conocer esa resolución del alto tribunal español, el representante de la empresa Mantenimiento del Territorio Canario presentó un escrito al Ayuntamiento sureño. En su solicitud, Manuel Artiles, resalta que la sentencia del TSJC “es actualmente firme, por lo que dicha edificación carece de autorización administrativa”.

“Por tanto”, prosigue el escrito, “siendo dicha instalación ilegal, estando la misma actualmente en funcionamiento y estando ubicada sobre un suelo rústico de especial protección, además de invadir el cauce del barranco, es por lo que, en ejercicio de la acción pública urbanística, interesamos la incoación del correspondiente expediente de restablecimiento de la legalidad alterada conforme a los artículos 353 y concordantes de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”. La empresa denunciante también ha presentado una solicitud similar ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno canario.

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