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El Cabildo admite ahora que la compra de Amurga es “nula de pleno derecho”

La corporación aprueba la revisión de oficio del expediente por la falta del deslinde de dominio público | Deberá ser ratificado por el Consejo Consultivo de Canarias

El Cabildo admite ahora que la compra de Amurga es “nula de pleno derecho”

El Cabildo admite ahora que la compra de Amurga es “nula de pleno derecho”

El Cabildo de Gran Canaria reconoció ayer en Consejo de Gobierno las irregularidades en la compra de los terrenos de Amurga debido a la ausencia del deslinde de dominio público hidráulico, una adquisición que ahora considera “nula de pleno derecho” ya que la carencia de ese trámite afecta al precio del acuerdo. De esta manera, el Consejo de Gobierno inició ayer el procedimiento administrativo de revisión de oficio “para la declaración de la nulidad” de una compra que se remonta al 28 de diciembre de 2018 y que eleva al Consejo Consultivo de Canarias, que deberá ratificar la decisión.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, explicó que en caso de que el Consultivo dé luz verde a la tramitación de la compra de los terrenos, el seno del Gobierno insular “valorará igualmente si ahora es momento de proseguir con esta adquisición dados los cambios socioeconómicos acaecidos desde entonces”.

La falta de los deslindes evidencia que “existe un vicio que sanar en el procedimiento [...], vicio detectado a posteriori de la adopción del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2018, incluso, de la aceptación del precio total de la tasación por parte de los copropietarios vendedores”, explica el expediente.

La adquisición de esos terrenos y de dos más se había cerrado en 2018 por 4,06 millones

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La corporación insular había acordado la adquisición de los terrenos de Amurga (San Bartolomé de Tirajana), así como los de Los Peralillos y Pico Viento (Gáldar) por 4,06 millones de euros después de que resultaran los ganadores de la Bolsa Insular de Fincas Rústicas para actuaciones ambientales y repoblación forestal.

Alegaciones

Sin embargo, la corporación insular se vio obligada “de forma sobrevenida” a solicitar los informes al Consejo Insular de Aguas el 18 de marzo de 2019 después de que el Director del Departamento de Recursos Hidráulicos del Servicio de Patrimonio confirmara “la existencia de dominio público hidráulico en las mencionadas fincas”. Ahora se abre un periodo de quince días para que los 22 copropietarios presenten alegaciones. Posteriormente, el Consejo Consultivo de Canarias emitirá un dictamen preceptivo pero no vinculante antes de que vuelva al Consejo de Gobierno del Cabildo para la votación definitiva.

En esos informes se hizo constar que en las fincas adquiridas en Los Peralillos existen 5.080 metros cuadrados de dominio público hidráulico de los 255.919 totales. El precio por el que el Cabildo acordó su compra fue de 222.505 euros. Mientras, en la de Pico Viento se registraron 12.879 metros cuadrados de dominio público de los 525.067 metros por los que se iba a pagar 382.170 euros. Por último, en la de Amurga, que cuenta con 3.884.024 de metros cuadrados, se detectaron 48.107 de dominio público.

Antonio Morales: “Este es el camino correcto y por eso el acuerdo salió por unanimidad”

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Además de la ausencia de deslindes, “surgieron una serie de dudas respecto a los cotos privados de caza autorizados en las mismas fincas”. En este caso, sin embargo, de los informes técnicos “se extrae que el aspecto relativo a los eventuales cotos de caza sobre las referenciadas fincas no supone obstáculo alguno para su adquisición por la Corporación insular”.

Distinta situación económica

Morales defendió ayer que el acuerdo de 2018 para adquirir las cinco parcelas con fines medioambientales y de reforestación contaba entonces con todos los informes favorables necesarios, tanto del Servicio de Medio Ambiente como de Patrimonio.

Añade el presidente que posteriormente surgen “dos cuestiones no planteados en los informes iniciales”, en referencia al coto de caza y al informe del Consejo Insular de Aguas que apuntaba a la existencia de cauces públicos en las cinco parcelas, “y por tanto no podían estar incluidos en la adquisición porque ya eran públicos”.

En su cronología de los hechos, continúa Morales que tras este informe de Aguas, “el Gobierno encargó que emitiera el suyo a la Asesoría Jurídica, que subraya que los cauces son bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables, es decir, no se pueden embargar ni comprar, ni vence este derecho público, si bien su existencia se desconocía en el momento de la toma del acuerdo”.

El comunicado prosigue haciendo referencia al informe jurídico emitido a principios de este año. El mismo observa que se trata de una defecto importante que puede constituir causa de posible nulidad del acuerdo de 2018, así que recomienda elevarlo al Consejo de Gobierno para una revisión de oficio y solicitar al Consejo Consultivo que se pronuncie sobre esos visos de nulidad para, en su caso, adoptar esa nulidad de pleno derecho.

El 26 de noviembre comienzan a declarar los peritos y funcionarios por el contencioso

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El presidente concluye que si el Consultivo finalmente determina que todo el procedimiento está correcto y no concurre causa de nulidad, en cuyo caso sería en el seno del Gobierno insular donde se discutiría la continuidad del expediente dado que “concurren distintas circunstancias socioeconómicas a las del momento en el que se planteó la adquisición de los terrenos, habrá que valorar si se trata ahora de una cuestión de necesidad, perentoria o de interés político proseguir en este momento con este expediente”.

“La situación deberá dirimirla en primera instancia un órgano externo, lo cual es positivo, y tras el informe del Servicio Jurídico, este es el camino correcto y por eso el acuerdo salió por unanimidad”, sentenció.

Contencioso administrativo

La compra de los terrenos de Amurga generaó numerosas fricciones entre Nueva Canarias y el PSOE, que primero con Luis Ibarra como candidato y después con Miguel Ángel Pérez como vicepresidente dejaron claro que votarían en contra de la adquisición. Los partidos de la oposición han sido muy beligerantes en estos años con la operación y de hecho Daniel Reyes, antes consejero por UxGC y ahora por el PP, presentó un recurso contencioso administrativo.

Precisamente el próximo 26 de noviembre prestarán declaración funcionarios del Cabildo y peritos de DHI Water Environment, la adjudicataria por parte del Consejo Insular de Aguas de los trabajos de delimitación del cauce público.

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