El Juzgado de Instrucción número 2 de Santa María de Guía ha acordado el archivo de la querella contra el jefe de la Policía Local del municipio, Antonio Mederos, que fue investigado por la presunta autoría de cuatro delitos. La querella acusaba a Mederos de denuncia falsa, prevaricación, coacciones y lesiones a otro agente de la policía local, por lo que se le reclamaban ocho años de prisión y hasta 15 de inhabilitación
Los hechos se remontan a comienzos del año 2018 cuando Mederos propone la apertura de un expediente disciplinario contra dos compañeros por una supuesta anomalía en un control rutinario de vehículos ya que dos agentes de la Policía Local no sancionaron a una conductora que manejaba sin seguro. El jefe de la Policía Local se nombró a sí mismo como instructor del expediente y acabó llevando estos hechos hasta la Fiscalía.
El Ministerio Público, sin embargo, archivó la denuncia del jefe de la Policía Local al considerar que “no queda acreditado que ambos agentes, conociendo que el vehículo carecía del correspondiente seguro obligatorio, hicieron constar lo contrario en la orden de servicios, puesto que solo queda acreditado que los mismos obraron con olvido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones, al no requerir a la conductora del mismo toda la documentación relativa al vehículo, sino tan solo del permiso de conducir, según las manifestaciones de ésta”.
Los hechos comienzan en una anomalía en un control rutinario de vehículos
Antonio Mederos llevaba en el momento de los hechos dos meses en el puesto, después de haber concluido una comisión de servicios de la que disfrutaba hasta entonces como subinspector en San Bartolomé de Tirajana. Ya había sido jefe de la Policía Local del municipio norteño con anterioridad.
Después de que la Fiscalía decretara el archivo de esta denuncia, Mederos afrontó una querella por denuncia falsa, prevaricación, coacciones y lesiones. La sentencia, contra la que cabe recurso, descarta para empezar el delito de denuncia falsa, “que concurriría porque el querellado, al confeccionar la diligencias policiales y remitirlas a la Guardia Civil de Santa María de Guía, habría imputado al querellante la comisión dolosa de un delito de falsedad en documento oficial al cumplimentar el boletín de denuncia”.
La sentencia añade que “no existiendo el delito de falsedad documental, tampoco puede existir el delito de denuncia falsa, que requiere no solo la falsedad de la imputación sino que ésta lo sea de un hecho que de ser cierto constituiría infracción penal”.
Resolución administrativa
Acerca del supuesto delito de prevaricación, estima que “es igualmente inexistente porque el querellado no ha dictado ninguna resolución administrativa en el expediente disciplinario [...], de hecho el querellante no identifica qué resolución administrativa ha dictado el querellado”.
La sentencia subraya “la existencia de un ambiente laboral tenso”
A continuación, acerca del delito de coacciones, la sentencia considera que “la descripción del querellante es vaga e inconcreta” ya que atribuye la comisión de dicho delito en su insistencia en que le informara de las razones por las que no reflejó en el parte de servicios que el vehículo carecía de seguro. Ante ello, la sentencia expresa que “no se aprecia violencia” y recuerda que “la simple petición de un informe [...] está incluida dentro de las funciones de supervisión, vigilancia y control que competen al querellado como jefe”.
Finalmente, descarta también el delito de lesiones y acerca del informe del médico forense “cabe afirmar la existencia de un ambiente laboral tenso pero no imputar penalmente al querellado el episodio [...] diagnosticado”.
