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Propietarios del hotel Rey Carlos ven un desacierto alojar migrantes sin permiso

Los dueños del hotel piden a Turismo que aclare si usar el establecimiento como punto de alojamiento de extranjeros en situación irregular es conforme a la ley

Propietarios del hotel Rey Carlos ven un desacierto alojar migrantes sin permiso

Propietarios del hotel Rey Carlos de Playa del Inglés ven un “desacierto” que la empresa que gestiona el complejo turístico aloje desde el pasado 2 de diciembre a migrantes sin el permiso de los dueños del establecimiento y contraviniendo el contrato firmado entre ambas partes hace cuatro años para el uso turístico del mismo. Desde hace dos semanas, el hotel forma parte del parque alojativo de 12 establecimientos turísticos que Cruz Roja ha contactado para acoger a los migrantes llegados en los últimos meses en pateras y cayucos hasta las cosas canarias, y después de haber sufrido una situación de hacinamiento en el muelle de Arguineguín, desmantelado el 29 de noviembre. Los firmantes defienden el absoluto “respeto” a los derechos y libertades de los extranjeros en España.

En un comunicado dirigido a LA PROVINCIA/DLP, Dragan Maters, Ivo Schmidt, Olga Bovay, Pascal Bovay, Petra Jansen, Klaus Jansen, Patrick Lustenberger, Adelaida Pérez, Oleg Danouscki, Patricia Jaquenoud, Pierre-André Jaquenoud y Monika Degner han manifestado “el despropósito, equivocación, incongruencia y desacierto de la empresa explotadora del complejo hotelero, ya que sin consentimiento y sin consultar con los propietarios ha utilizado el hotel como si fuera un centro de internamiento de personas inmigrantes”.

Los firmantes del comunicado aseguran que muchos se han enterado en sus países a través de los medios de comunicación. “Hemos intentando por todos los medios ponernos en contacto con el gestor, a través de llamadas, Whatsapp, correos electrónicos, pero nunca responde”, lamentan.

Esta decisión de la empresa gestora, argumentan los propietarios, ha supuesto un “atentado” para la imagen turística de un complejo con 46 años de historia. Imagen, dice, que ya se ha extendido por toda Europa. En consecuencia, los firmantes reclaman a las autoridades turísticas que elaboren un informe sobre la legalidad de esta decisión que determine si el uso del establecimiento como punto de internamiento de inmigrantes en situación irregular es conforme o no a la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias.

“El título habilitante que fue concedido por los copropietarios a la empresa explotadora, en conformidad con el principio de unidad de explotación, no autoriza la utilización del complejo hotelero para otros usos y fines que no sean los turísticos”

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“El título habilitante que fue concedido por los copropietarios a la empresa explotadora, en conformidad con el principio de unidad de explotación, no autoriza la utilización del complejo hotelero para otros usos y fines que no sean los turísticos”, señala el comunicado. En este sentido, los firmantes sostienen que la empresa que gestiona se aprovecha de la situación para lucrarse. “Consideramos un despropósito la mira cortoplacista de la explotación del Hotel Rey Carlos, que por aprovechamiento y sin visión de futuro, atenta contra la imagen turística del complejo cambiando unilateralmente el uso del hotel, de turístico a perímetro de aislamiento o enclave de ubicación inmigrantes en situación irregular”.

Las consecuencias de la decisión de la gestora ya se han empezado a notar, afirman los denunciantes. Y es que ya uno de los negocios que operan en los establecimientos de las plantas bajas del hotel ya ha decidido echar el cierre y su propietario ya ha buscado una nueva ubicación para reabrir el establecimiento. Y temen que puedan ser más.

Ante este uso incorrecto y sin permiso consideran “obvio que no se puede justificar la utilización del hotel como centro de acogida sea por motivos filantrópicos o altruistas, o de que benefician a los trabajadores del hotel”.

Ante esta situación, los propietarios defienden su escrupuloso “respeto” a los derechos y libertades fundamentales de los extranjeros en España. “Comprendemos la situación de crisis global que atraviesan los países emisores de inmigrantes [...] y para ello la ley contempla entre otras actuaciones, que los inmigrantes en situación irregular deben ingresar en centros de internamiento perfectamente habilitados a la espera de la resolución del expediente administrativo”, sostienen en el comunicado.

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