La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha pedido a la Policía Canaria “una vigilancia específica” de los alrededores de los tres complejos turísticos de Mogán que albergan a más de 600 menores migrantes, tras los incidentes protagonizados esta semana en uno de los apartamentos, y las denuncias del Ayuntamiento del municipio de que la situación está descontrolada. El pasado martes un chico de origen marroquí fue detenido tras una pelea en uno de los tres establecimientos donde se alojan los menores por arrojar objetos a los policías locales y a los guardias civiles que se trasladaron al complejo.
La consejera ha pedido además a las ONG que tiene contratadas para hacerse cargo de estos menores en Mogán que refuercen el personal para evitar posibles conductas “no apropiadas”.
Noemí Santana afirmó ayer, no obstante, que se trata de un “hecho aislado”, si bien reconoció que no le temblará el pulso y actuará con “toda contundencia” para poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la autoridad judicial cualquier tipo de actuación que contravenga la ley.
Recuerda que desde que llegan a las Islas en embarcaciones, los menores de edad pasan a ser tutelados por el Gobierno de Canarias, que se ha visto desbordado con la llegada de pateras en este año. En cualquier caso, la Consejería hace un llamamiento a la calma e insiste en que la conducta de unos pocos no representa a la mayoría de los menores.
El Gobierno de Canarias tutela en estos momentos a 2.524 chicos, de los cuales 538 se encuentran en recursos gestionados por los cabildos insulares y 1.986 están en los 25 dispositivos de emergencia que se han habilitado al efecto desde enero de 2020. Más de 600 residen en los apartamentos de Mogán por falta de espacios para darles un cobijo digno y a la espera de que se habiliten otras infraestructuras estables, como el Ciatec de Arinaga, en Gran Canaria, o el centro de menores de La Esperanza, en Tenerife, que ya fueron usados en la crisis de los cayucos en 2006 y que ahora están abandonados.
Derechos Sociales precisa que solo le consta la detención de un menor que el pasado martes supuestamente generó un incidente en uno de los dispositivos que se encuentran en el municipio de Mogán y añade que “no hay registro de más denuncias ni detenciones de menores inmigrantes no acompañados”. Aún así, y ante la posible preocupación de la sociedad ante algunos de estos hechos, la Consejería ha solicitado a las entidades colaboradoras que gestionan estos centros que refuercen sus plantillas. En estos momentos mantienen una ratio de un profesional/educador social por cada 10 menores.
El Gobierno de Canarias insiste que estos apartamentos son abiertos y que los menores pueden salir a la calle al no tratarse de centros de retención ni de internamiento, además de que sobre estos chicos no recae ninguna medida judicial al no haber cometido ningún delito. No obstante, al ser menores no acompañados las ONG que los tutelan mantienen en estos centros una rutina como la de otros menores que se encuentran en la red de protección de los cabildos insulares. Los jóvenes reciben formación específica como alfabetización, costumbres, formación profesional o escolarización en centros de enseñanzas ordinarios y realizan actividades deportivas y de ocio y tiempo libre, acompañados por especialistas en educación social. Derechos Sociales recalca que en enero de 2020 Canarias tutelaba a 540 menores inmigrantes, por lo que se ha producido un incremento del 367%, lo que ha obligado a abrir 25 dispositivos de emergencias que gestionan entidades colaboradoras, 15 en Gran Canaria, ocho en Tenerife y dos en Fuerteventura.
Ingreso en La Montañeta
El Juzgado de Guardia de Las Palmas ha ordenado el ingreso cautelar en el centro de menores en régimen semiabierto de La Montañeta del migrante detenido en la noche del lunes en Puerto Rico por protagonizar una pelea y supuestamente agredir a policías. En principio, la Fiscalía le imputa delitos de atentado y daños, si bien tanto la calificación de los hechos como el internamiento en La Montañeta son provisionales, a la espera de que la prueba ósea de la mano que determine su edad y de que el Juzgado de Menores lo ratifique. | LP
