La directora gerente del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria (IID), Carmen Santana Ramírez, ha denunciado ante la Fiscalía, antes de ser destituida por el Consejo de Gobierno el lunes, presuntas irregularidades contables y de personal, de las que acusa en concreto al consejero de Deportes, Francisco Castellano Ortiz, a quien responsabiliza de una actuación que incluye contratos a dedo y trato de favor a determinadas empresas. Y todo ello con el objetivo de crear una “administración paralela” en una institución que maneja un presupuesto de 30 millones de euros al año y así obtener “beneficios personales”. Además, acusa a Castellano de acoso laboral. Santana fue destituida por “pérdida de confianza” y porque “ha dejado de ser idónea” para el puesto “habiéndose probado que no tiene habilidades para las relaciones sociopolíticas e institucionales”, según el acuerdo del Consejo de Gobierno.
En un comunicado difundido ayer, Santana denuncia el descontrol dentro del Instituto Insular de Deportes que arranca con la externalización de servicios y la consecuente cesión ilegal de trabajadores. “Se bloquean políticas deportivas insulares [...], todos los proyectos han sido denostados y relegados a un último lugar, residual, pese a contar con profesionales cualificados a los que se quiere utilizar para revisar facturas”, expone Santana, “mientras la tutela de lo público se desliza y externaliza con personas a las que se pone nombre y apellidos y que quisieron denunciar por prestamismo laboral a través de una empresa concesionaria, por la puerta de atrás, en clara oposición a los principios de la Ley de Contratos o empleo público”.
El consejero adjudica contratos y duplica servicios que puede prestar el IID
Santana critica que la pérdida de confianza argumentada por Castellano carece de justificación ya que su única intención ha sido velar por la legalidad de los procedimientos públicos y el interés general. Y esa, dice, ha sido la verdadera razón de su destitución como directora gerente del IID.
Las supuestas irregularidades en el seno del instituto alcanzan también la contratación a dedo de empresas externas que no cubren un servicio que no puede prestar la institución pública, sino que se llega incluso a duplicar los mismos, actuación que prohíbe la Ley de Contratos. “La única insistencia del consejero de Deportes, a pesar de contar con medios personales propios el IID, ha sido señalar y presionar en su interés en determinar la contratación a dedo de actores externos que en nada tienen que ver con la mejora de la coproducción de servicios públicos”, sostiene.
Todas estas actuaciones, denuncia Santana, están encaminadas “a crear una administración paralela a través de una nueva versión distorsionada del programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte”.
Contratos a dedo
Critica que Castellano “menosprecie” los conocimientos y las capacidades de los empleados públicos sobre la elección de las empresas para según qué tipo de servicios públicos deportivos. “Durante este tiempo he sido objeto, al igual que personal de esta entidad, de sufrir presiones para contratar a empresas que favorecieran la imagen personal del consejero de Deportes”, asegura Carmen Santana en el comunicado.
Uno de los contratos adjudicados a dedo es el de los servicios de Comunicación del instituto de Depotes. Santana explica que ha tratado que la licitación del contrato fuese legal por lo que levantó reparos para que la empresa Aedinca Informaciones S. L. cobrase por los servicios prestados y finalizara su relación con el instituto; sin embargo Castellano continuó en su empeño por las adjudicaciones a dedo. “Se llega incluso a contactar con esta empresa fuera de contrato, la cual resultaría, tal y como se le venía advirtiendo verbal y por escrito a la Presidencia del IID, claramente ilegal”.
Esta actuación va contra la ley, expone Santana, porque supera el límite económico establecido para un mismo concesionario sin que se haya celebrado concurso público, es decir, no es un contrato menor. Y además no existe resolución de adjudicación de contrato tras la preceptiva tramitación de un expediente de contratación con transparencia y publicidad, así como tampoco un informe de autorización del gasto. “Se trataría de prestaciones de tracto sucesivo, lo cual representa una ilegalidad”, expone.
Santana critica que Castellano menosprecie las capacidades de los funcionarios
Dadas estas circunstancias, asegura Santana, el consejero Castellano, como Órgano de Contratación, ni siquiera ha firmado las ilegalidades que él mismo pretende que se cometan.
En este escenario, sostiene Santana, Castellano ha dado la orden de priorizar el Programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte “poniendo nombre y apellidos de aquellas personas a quienes quiere contratar, que ya habían formado parte de este proyecto antes de su extinción en el año 2019”.
Santana explica que no participó en la confección del borrador de presupuestos del IID, como le corresponde por ley, pero sí lo hizo Antonio Pérez Hernández, jefe de instalaciones, sobre quien, dice, ha detectado que recaen numerosos expedientes “no acordes con los procedimientos administrativos”, lo que ha llevado a la formalización de contratos sin documentación ni expediente administrativo. Esto ha provocado que se hayan prestado servicios sin amparo legal. A este respecto, dice Santana, el consejero ha dejado sobre la mesa el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial sobre Pérez Hernández por valor de 65.321 euros por los perjuicios causados y de facturaciones pagadas doblemente.
“La única insistencia del consejero ha sido presionar en su interés en determinar la contratación a dedo a actores externos”
Por otro lado, Santana rechaza en el comunicado las declaraciones de Francisco Castellano en las que acusa a los funcionarios públicos de entorpecer su labor política y no sacar adelante los procedimientos, motivo por el que recurriría a empresas externas para la prestación de los servicios que deben realizarse desde el ámbito público. “Se ha tratado de evitar que actores privados busquen rentabilidad, más allá del discurso de la oportunidad de colaboración público-privada-sociedad, sea o no efectiva o necesaria siempre en el marco legal”.
La ya exdirectora gerente del IID acusa también al consejero de agresiones verbales y acoso laboral al proferir comentarios de desprecio hacia algunos trabajadores, además de coacciones y amenazas con el objetivo de doblegarlos en sus decisiones. E incluso, dice, la presiona a ella para actuar contra determinados empleados de la institución.
Entre esos comentarios, explica, se encuentran expresiones como ‘me los tengo que cargar’. Además, actúa “presionando a esta gerente, al entender que era un cargo de confianza (no directivo público) para que siguiera la instrucción dada de ir en ‘contra de los Jefes de Servicio del Instituto Insular de Deportes’, quienes simplemente cumplían sus obligaciones como empleados públicos”, aclara la denunciante.
“La única insistencia del consejero ha sido presionar en su interés en determinar la contratación a dedo a actores externos”
En su escrito, Carmen Santana precisa que obtuvo el puesto a través de una convocatoria pública y bajo criterios de profesionalidad. Por ello, critica que Castellano haya recurrido a informes externos para justificar su destitución una vez que los servicios jurídicos del Cabildo informaron de lo contrario. “Un cese de un personal directivo profesional debe contar con una motivación veraz, que no encubra una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección”, concluye.
