La gestión que está llevando a cabo el Gobierno central de la crisis migratoria que vive Canarias fue ayer objeto de una crítica generalizada por parte de dos importantes organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos que intervinieron en el Senado en el inicio de la ponencia que estudia el fenómeno de la inmigración. Representantes de Amnistía Internacional (AI) y Cáritas coincidieron en denunciar la “imprevisión” del Ejecutivo estatal respecto de la llegada de migrantes desde las costas africanas el año pasado pese a las advertencias realizadas desde que se cerró la ruta del Mediterráneo, así como las condiciones “infrahumanas” de acogida y la “vulneración de derechos humanos” también por la falta de mecanismos adecuados de protección internacional a personas con derecho de asilo.
Ambas organizaciones consideraron además que Canarias no puede convertirse en un territorio de acogida permanente de miles de migrantes y reclamaron traslados masivos y reglados a la Península y al resto de países de la UE, criticando la “falta de solidaridad” por parte de muchas comunidades autónomas y del conjunto de los países comunitarios. Tanto AI como Cáritas, así como Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados), la tercera organización que compareció en el Senado, reclamaron también la agilización y mejora del sistema de acogida y asilo a los refugiados, y una mayor transparencia por parte del Ministerio del Interior de todos los procedimientos en que interviene. Aunque el objetivo inicial de la ponencia es el de abordar el fenómeno de la inmigración de una manera integral, la primera de sus sesiones estuvo protagonizada por la situación que se vive en Canarias.
La responsable de Investigación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, aseguró en declaraciones posteriores a su comparecencia (a puerta cerrada) que “la presión migratoria actual en Canarias recuerda a lo que pasó en 2006 (durante la crisis de los cayucos)” y que una de las conclusiones más graves al respecto es “la falta de medidas y de previsión por parte de las autoridades, cuando ya desde el verano se veía que iba a haber un aumento de llegadas”.
También denunció la “falta de garantías” en cuestiones como el acceso a asistencia letrada, a procedimientos de asilo, y detección de personas vulnerables”, así como la “ausencia de solidaridad entre territorios ante una situación como la que está viviendo el Archipiélago”. “Hay que dar salida a esas personas y sobre todo a las que están en un proceso de petición de asilo o que están necesitadas de protección internacional”, afirmó Álvarez. “No podemos normalizar que en Canarias terminemos teniendo guetos como los de los CETIs de Melilla o Ceuta”, afirmó. AI reclama un sistema de acogida a extranjeros en España que cumpla tanto como las obligaciones que el país tiene con la UE.
“Hay una ausencia de solidaridad de los territorios con Canarias”, censura AI
La responsable de políticas migratorias de Cáritas, María Segurado, defendió los traslados a la Península “para que estas personas, si quieren seguir hacia Europa, que parece que es lo que les fastidia al resto de países de la UE, puedan hacerlo, y si no, que se les puedan ofrecer suficientes recursos de ayuda humanitaria en el conjunto de comunidades autónomas”. “La solución es otra, las tiendas de campaña ni son dignas, ni son estables ni tienen ningún beneficio para nadie”, resaltó.
Los dos senadores canarios que forman parte de la ponencia, Fernando Clavijo (CC) y Sergio Ramos (PP), coincidieron en señalar la crítica de fondo por parte de la comparecientes a la política migratoria del Gobierno. Clavijo aseguró que “el diagnóstico es unánime de que no se está dando una atención digna, ni se cuentan con los instrumentos para poder gestionar el fenómeno migratorio en Canarias, donde es sabido que una vez cerrada la ruta del Mediterráneo, se iba a convertir en destino prioritario de los migrantes”. Según él, en la ponencia se está constatando que “preocupa mucho el impacto que esta emergencia está teniendo en la sociedad, preocupa el oscurantismo del Ministerio del Interior y la acogida que se está teniendo, que es desproporcionada en los hoteles, pero indigna en el campamento de Barranco Seco”. Destacó la reclamación por parte de las organizaciones para “segregar por sexos, darle la asistencia jurídica necesaria, detener las devoluciones ilegales en caliente”, así como su preocupación por “el riesgo de que se convierta a Canarias en la cárcel de Europa”.
Fernando Clavijo afirma que el diagnóstico es unánime: “no hay una atencion digna”
Sergio Ramos, por su lado, resaltó que “los comparecientes que han incidido sobre la falta de transparencia del Gobierno central sobre las medidas que se están adoptando y han confirmado que en Canarias se están vulnerando los derechos humanos”.
