El Ministerio del Interior dotará al municipio de San Bartolomé de Tirajana con 40 agentes de la Policía Nacional con el objetivo de reforzar la sensación de seguridad en el territorio tras los últimos altercados protagonizados por migrantes. Así lo anunció ayer el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tras participar en las juntas locales de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana y Mogán junto a las alcaldesas, Conchi Narváez y Onalia Bueno, respectivamente. Pestana hizo hincapié a los medios en que, a pesar de estos episodios delictivos, la mayoría de africanos llegados a la Isla en patera o cayuco se comportan de una manera “correcta”; no obstante, las administraciones reunidas mostraron consenso para priorizar la expulsión de aquellos extranjeros que cometan cualquier tipo de infracción.

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Junta local de seguridad de San Bartolomé de Tirajana Andrés Cruz

El delegado del Gobierno acordó a su vez con Onalia Bueno que el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 8 de la Guardia Civil permanezca en el término de Mogán hasta que los establecimientos turísticos que alojan a migrantes sean desalojados. Además, llegaron a un entendimiento para mantener reuniones periódicas de seguridad cada 10 días con el objetivo de seguir la evolución de la situación en el municipio.

“Hay un repunte de incidentes que hacen que la sensación de inseguridad aumente”

Anselmo Pestana - Delegado del Gobierno

“Somos un municipio seguro pero no estamos acostumbrados a vivir lo que vivimos ayer”, apuntó Narváez en referencia a la pelea que se produjo el lunes entre varias personas presuntamente migrantes en una zona de aparcamientos del barrio de San Fernando. No obstante, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana recalcó que los datos de delincuencia correspondientes a 2020 han bajado pero, pese a ello, situaciones como la ya descrita “generan miedos e inseguridades”.

Con respecto a este último altercado en San Fernando, la Delegación del Gobierno señaló ayer que uno de los implicados en la reyerta ya ha sido detenido. Pestana indicó en la rueda de prensa de ayer que la Policía Nacional está investigando lo sucedido. Según varios vecinos de la zona, cuyos testimonios ha recogido la agencia Atlas, las enfrentamientos fueron “entre inmigrantes, a nosotros [los canarios] ni nos tocan”. Otro de los residentes en este barrio de Maspalomas señaló que “con el nuevo grupo de magrebíes que han llegado hay peleas para controlar el aparcamiento”.

“No permitiremos que dañen la imagen de quienes buscan un futuro y paguen justos por pecadores”

Conchi Narváez - Alcaldesa S. B. Tirajana

En las últimas semanas se han hecho virales en las redes sociales vídeos y noticias de altercados -a veces reales y otras veces meros bulos- protagonizados por migrantes. Situaciones que han dado pie a discursos de xenofobia, hasta tal punto que hay quien ha creado grupos de WhatsApp para acudir a insultar y agredir a migrantes llegados de manera irregular a las Islas. De hecho, este medio ha corroborado que ninguna de las personas implicadas en la pelea de San Fernando ha fallecido. Y es que en las redes sociales fueron numerosos los usuarios que difundieron el rumor de que uno de estos migrantes había muerto en un hospital de la Isla.

Junta local de seguridad de San Bartolomé de Tirajana Andrés Cruz

Con el nombre de Viernes a las 4 cruz roja, los participantes del citado grupo de WhatsApp pretenden acudir a un punto de Maspalomas el próximo viernes para así amenazar a los migrantes que estén por la zona, según ha podido saber este diario. Alguno de los participantes ha enviado audios avisando de sus propósitos y otros incluso han compartido vídeos con armas blancas. Fuentes policiales aseguran que algunos de los vídeos pueden ser constitutivos de un delito de odio.

“Con el refuerzo de la Guardia Civil ya se disuade las conductas de aquellos migrantes que delinquen”

Onalia Bueno - Alcaldesa Mogán

El juez Arcardio Díaz Tejera, quien participó en la junta local de Seguridad de Mogán de ayer, señaló por su parte que se debe intentar “no convertir la anécdota en categoría, facilitar la convivencia y no satanizar al migrante”. No obstante, el exsenador socialista resaltó que las personas “conflictivas” deben ser deportadas. “En todo colectivo hay gente buena y gente mala, lo que no se puede es generalizar; todos tenemos que respetar unas reglas y el que no se le expulsa”, matizó.

Díaz Tejera: "Las personas conflictivas o violentas deben ser expulsadas" Andrés Cruz

Para mejorar esta sensación de falta de seguridad Interior destinará 40 efectivos de la Policía Nacional a patrullar los distintos barrios de San Bartolomé de Tirajana, según detalló su alcaldesa. La idea es atajar esa percepción en colaboración con la policía local del municipio. Además, Narváez señaló que mantendrá reuniones periódicas con la Delegación para mejorar la coordinación entre administraciones.

Pestana, por su parte, recalcó tanto en San Bartolomé de Tirajana como en Mogán que los informes de criminalidad emitidos por Interior adelantan que en 2020 la delincuencia disminuyó, aunque precisó que deben “responder a esa sensación” que tienen los vecinos en estos momentos. “En los datos no se percibe un incremento de actos delictivos; pero sí que es verdad que hay un repunte de incidentes que hacen que la percepción ciudadana de inseguridad aumente”, señaló.

“En todo grupo humano hay gente buena y gente mala, lo que no se puede es generalizar con los migrantes”

Arcadio Díaz - Juez

“La inmigración no es un tema peligroso, son como todo colectivo humano, hay buenos y malos”, apuntó el delegado del Gobierno. “La mayoría se portan de forma correcta”, recalcó, para después precisar que es una minoría la que produce esa sensación de inseguridad, de ahí que existen mecanismos para acelerar las expulsiones de estas personas. “Ahora tenemos la ventaja frente a los meses anteriores porque empezamos a tener abiertas las fronteras”, indicó Pestana, pues las medidas adoptadas por numerosos países africanos para combatir la pandemia habían impedido realizar las repatriaciones.

Narváez también se mostró tajante en la necesidad de establecer una expulsión preferente para quienes delincan. “Somos solidarios pero no vamos a permitir tener personas que dañan la imagen de aquellos que buscan un futuro mejor y al final paguen justos por pecadores”, aclaró. Desde la Delegación del Gobierno no ha podido precisar el número concreto de extranjeros con una situación administrativa irregular que hayan cometido delitos, aunque recalcan que esta cifra es muy pequeña en comparación a la totalidad de este colectivo.

Crean grupos de WhatsApp para acudir a insultar y agredir a migrantes llegados en patera

Refuerzo de la Benemérita

En Mogán, Onalia Bueno quiso poner énfasis, tras una reunión que se alargó más de dos horas y en la que estuvieron presentes mandos de la Guardia Civil y de la Policía Canaria, en la permanencia del refuerzo de la Benemérita y en el acuerdo de mantener encuentros periódicos para analizar la situación en el municipio. Es más, aclaró que la presencia de esta división de 21 efectivos “ya disuade las conductas de aquellos migrantes que están ocasionado incidencias leves, graves y muy graves en las últimas semanas”.

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Junta local de seguridad de de Mogán Andrés Cruz

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), por su parte, mostró “sorprendidos” ayer con respecto a las medidas anunciadas por la Delegación del Gobierno, pues Interior dota de esta manera a la comisaría de Maspalomas con 40 efectivos más; mientras que los guardias civiles destinados a Mogán, “que es donde están la mayoría de los inmigrantes irregulares alojados en complejos hoteleros”, precisan; “son estos los que últimamente se juegan su integridad física día sí y día también, ven como solo les envían un refuerzo de 23 efectivos del GRS con sede en Tenerife”.

Uno de los implicados en la reyerta del lunes en San Fernando ha sido detenido

Desde AUGC tildan como “digno de alabanza” que el Gobierno central “reconozca que un guardia civil vale por dos policías nacionales, pero con eso solo ni se come, ni se pagan hipotecas, ni se concilia la vida laboral con la familiar”. En este sentido, esta asociación asegura que “muchos cargos públicos” consideran a la Benemérita como “una policía de segunda” ante la notoria diferencia de condiciones entre ambos cuerpos de seguridad del Estado.