El concurso público del Cabildo de Gran Canaria para el contrato de los Puntos Limpios entra a partir de hoy miércoles en la fase final de la adjudicación y aumentan los recelos en ámbitos empresariales y políticos ante la posibilidad de que la empresa ganadora sea la misma que ya gestiona los complejos medioambientales del Salto del Negro y Juan Grande, la UTE formada por Cespa y Ayagaures, lo que a juicio de las demás aspirantes supondría de facto un monopolio en el tratamiento de todos los residuos de la Isla.
Al igual que en las anteriores convocatorias del Cabildo relacionadas con los residuos, que acabaron en los tribunales y retrasaron durante años la modernización de los vertederos, la Mesa de Contratación comienza el estudio de las diferentes ofertas -técnicas y económicas- bajo una estrecha vigilancia por parte de las empresas que aspiran a ese suculento contrato, por 12 años y una cuantía total de 21 millones de euros.
La Mesa de Contratación también debe elegir la oferta ganadora entre suspicacias y sospechas por los conflictos judiciales que generaron las anteriores licitaciones, ahora aumentadas por el hecho de que una de las empresas concursantes ya gestiona todos los residuos que llegan a los dos únicos vertederos de la Isla. Si obtiene también el contrato de los Puntos Limpios, tendrá en sus manos todo el control sobre la basura que se genera en Gran Canaria.
Los concursos de los dos complejos medioambientales se resolvieron en los juzgados
Monopolio
Ante la posibilidad de que sea esa UTE la que se lleve también el contrato de los Puntos Limpios, las preguntas que se hacen en los ámbitos empresariales y políticos insulatres, según las fuentes consultadas, es “si caerán todos los huevos en la misma cesta” y si “entregará el Cabildo de Gran Canaria un contrato millonario y el monopolio de los residuos a una misma compañía en forma de UTE y provoque que sea la misma empresa quien recoja los residuos/toneladas en los Puntos Limpios, se los entregue a sí misma en los complejos ambientales y, posteriormente, justifique su facturación al Cabildo grancanario”.
Utilizando el símil de la energía, que ni se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma, el recelo es que ocurra lo mismo con los residuos, pues “solo pasarían de una mano a la otra, con la posible particularidad de que el dueño de ambas manos pueda ser la misma UTE”, añadió uno de los representantes del sector.
Eso daría lugar, sospecha, a un “imposible control” sobre las toneladas que se recogen en los Puntos Limpios y que luego tiene que pagar el gobierno insular. Por tanto, desde las empresas concursantes advierten de que seguirán “observando en profundidad” todo el procedimiento de adjudicación por parte de la Mesa de Contratación, formada por técnicos y representantes políticos.
Las polémicas políticas, empresariales y judiciales han acompañado desde hace más de una década las adjudicaciones y ampliaciones de los complejos medioambientales de Salto del Negro y Juan Grande, agravadas ahora por los cálculos de que se colmatarán antes de lo previsto y será necesario buscar terrenos en otros lugares de la Isla para crear nuevos depósitos de residuos.
El principal conflicto tuvo lugar en 2012. La adjudicación del Salto del Negro a Cespa-Ayagaures se aprobó en febrero de ese año y quedó resuelta un año y medio después, a mediados de 2013. En ese periodo de tiempo se sucedieron los recursos ante la Mesa de Contratación, hubo revisiones de los pliegos, demandas judiciales y una denuncia de favoritismo porque una becaria que trabajó en el área de residuos del Cabildo mientras se elaboraban los pliegos de condiciones fue posteriormente contratada por la UTE ganadora.
En un episodio más rocambolesco, un particular, Juan Romero Peña, logró movilizar a los ayuntamientos por la subida del canon de la basura y presentó numerosos escritos al Cabildo en los que alertaba de presuntos delitos en la adjudicación.
Sin embargo, cuando los Servicios Jurídicos intentaron localizarle para responder a sus alegaciones descubrieron que era un impostor. El tal Juan Romero Peña no existía, el carnet de identidad que utilizó era de otra persona y la dirección en el barrio de Los Picachos de Telde correspondía a un solar vacío.
Bloqueos
La adjudicación del vertedero de Juan Grande, también a Cespa-Ayagaures por 42,7 millones de euros, corrió la misma suerte y durante un tiempo la inversión quedó bloqueada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras los recursos de otras empresas que también se presentaron al concurso público.
La actual convocatoria de Puntos Limpios, según ha explicado el presidente Antonio Morales en varias presentaciones, pretende modernizar las ocho instalaciones del Cabildo que están repartidas por varios municipios, con un gasto de 21 millones y un plazo de concesión de 10 años más otros dos de prórroga.
El pasado mes de octubre, en una visita al Punto Limpio de Telde, Morales y la consejera insular de Medio Ambiente, Inés Jiménez, declararon que la recogida de residuos en esos depósitos se había triplicado durante los últimos cinco años, si bien admitieron que no toda la población utiliza esas instalaciones y que muchos ciudadanos continúan vertiendo sus basuras en los barrancos y escombreras ilegales.
La Mesa de Contratación del Cabildo evalúa las ofertas técnicas y económicas
Jiménez adelantó que tras la adjudicación de ese servicio se admitirá el triple de escombros en cualquiera de los ocho puntos limpios. Eso supone pasar de recepcionar los cinco sacos actuales a 15 bolsas. Es decir, de 150 a 450 kilogramos. “Dicho en román paladín, el modelo de negocio para la empresa está en el manejo de las toneladas de residuos y el talón de Aquiles de nuestra administración, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, está en las toneladas que esa empresa concesionaria sea capaz de gestionar o, más bien, de justificar que gestiona”, comentó una de las fuentes consultadas.
Con un impulso de 21 millones, lo que implica pasar de 1,6 a 2,1 millones de euros anuales tras la nueva adjudicación, y además 12 años de contrato, el concurso público del Cabildo “sin duda requiere de mucha atención, mucho rigor y absoluta pulcritud”, apuntó. Por tanto, no es de extrañar que hasta cinco grandes empresas del sector de los residuos hayan puesto su atención en esta convocatoria pública y en las toneladas que se moverán.
De inicio, el precio será de 53,06 euros por tonelada, según ha podido saber este periódico. Tras el concurso también habrá nuevos horarios de admisión de residuos y se ampliará a los domingos. Además, las dos plantas de transferencia abrirán los festivos a petición de los municipios del Norte.
El pasado año 2020, con las restricciones de la pandemia, se recogieron cerca de 12 millones de kilogramos de escombros y otros siete millones de los llamados voluminosos, así como otros tantos miles de otros tipos de desechos, como residuos vegetales o envases ligeros.
La Mesa de Contratación inicia hoy la evaluación de las ofertas y podría resolver la adjudicación a inicios o mediados de febrero.
Datos
- 5 Empresas concursantes: A la convocatoria del Cabildo se han presentado cinco entidades: Cespa-Ayagaures, Urbaser, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Azatia-Cointer y Acciona.
- 21 M Valor de la concesión: El concurso público de los Puntos Limpios del Cabildo de Gran Canaria tiene una cuantía de 21 millones de euros y el contrato es por 10 años y otros dos de prórroga.
- 8 Instalaciones del Cabildo: Los ocho Puntos Limpios del concurso están situados en El Sebadal, El Batán, Las Rubiesas, Vecindario, Maspalomas, La Aldea, Llano Alegre y Cardones.
