La Mesa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria ha aplazado durante una semana la adjudicación del contrato de la gestión de los Puntos Limpios de la isla, por un valor de 21 millones de euros y un periodo de 10 años prorrogables, ante la falta de tiempo del representante de la oposición a analizar el expediente de licitación.
La propuesta de los responsables del Servicio de Residuos excluye por defectos de forma la oferta de Azatia-Cointer, una de las cinco empresas o UTE que se presentaron al concurso público, y realiza una valoración de los criterios técnicos subjetivos que pone en ventaja a Cespa-Ayagaures, por delante de Urbaser, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Acciona, aunque aún quedan por conocer las puntuaciones de los criterios automáticos y abrir los sobres con las ofertas económicas, según revelaron fuentes de la institución.
La adjudicación se realizará el próximo miércoles, según explicó Pedro Justo, consejero de Hacienda y presidente de la Mesa de Contratación, quien atribuyó el aplazamiento a un malentendido a la hora de trasladar toda la documentación al portavoz del Grupo Popular, Marco Aurelio Pérez, al que por turnos rotatorios le correspondió ayer representar a los tres partidos de oposición.
La propuesta de adjudicación quedó sobre la mesa a solicitud del consejero del PP, quien solicitó más tiempo para analizar el amplio informe de los técnicos, según confirmó Pedro Justo y el propio Marco Aurelio Pérez, quienes eludieron informar sobre los detalles del procedimiento y se limitaron a anunciar que el concurso público se resolverá en la reunión del próximo miércoles, ya convocada a tal fin.
Un malentendido en el traslado de documentos a la oposición obliga a aplazar el acuerdo
El retraso, explicó el presidente de la Mesa, se debió únicamente a que Marco Aurelio Pérez no pudo acceder a la documentación que se le remitió por vía informática al carecer de la contraseña. Puesto que aún quedan puntuaciones por desvelar y sobres por abrir, en concreto las cuatro ofertas económicas de las empresas, el resultado definitivo no se podrá conocer hasta la próxima semana, apuntó.
A tenor de la propuesta con los criterios subjetivos de los técnicos, se confirman los recelos empresariales y políticos ante la posibilidad de que el contrato recaiga en la UTE formada por Cespa y Ayagaures, que ya gestionan los dos complejos medioambientales del Cabildo en Salto del Negro y Juan Grande. En ese caso, a juicio de empresas del sector, se crearía de facto un monopolio en el tratamiento de los residuos.
Por eso, en vísperas de la reunión de la Mesa de Contratación, representantes de ese ámbito empresarial se preguntaban si el gobierno tripartito de Antonio Morales entregará esa concesión millonaria y el monopolio del tratamiento de la basura a una misma UTE, de forma que sea la que recoge las toneladas de residuos en los Puntos Limpios, se la entrega a sí misma en los complejos ambientales y, posteriormente, justifique su facturación al Cabildo.
Esas suspicacias aumentan porque las anteriores adjudicaciones del área de Residuos, entre ellas las de los dos vertederos, acabaron en los tribunales y estuvieron envueltas en recursos, denuncias y polémicas políticas.
Acabar con las suspicacias
Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP, expresó ayer su preocupación por las suspicacias alrededor del concurso y comentó que el acuerdo de la Mesa de Contratación se debe adoptar tras un análisis riguroso de las propuestas y de las consecuencias para las arcas públicas, en clara referencia, aunque sin citar a ninguna empresa, a la posibilidad de que se genere un monopolio en el tratamiento de los residuos. “Es un expediente bastante complejo, que se inició desde el mes de septiembre y no se debe analizar con un plazo de solo 24 horas”, señaló en referencia a su solicitud de aplazar la adjudicación. “Hay que dejar claro cómo se van a catalogar los residuos en los Puntos Limpios y cómo se van a pesar luego al llegar a los complejos medioambientales; vamos a ser muy escrupulosos y vigilantes con eso”, concluyó. | J. M. N.
