El portavoz del Grupo Popular y miembro electo de la Mesa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez, denunció ayer la existencia de “graves errores” en la tramitación del expediente del contrato para la adjudicación del servicio de gestión de la red insular de Puntos Limpios, que podrían llevar a la concesión incorrecta a una de las cuatro empresas que se mantienen en el concurso. Pérez explicó que el acta de la reunión de este órgano del pasado 27 de enero contiene “datos inexactos” que no se ajustan a los ofertados por las empresas y valorados por el departamento de Medio Ambiente.
Si no se corrigen, añadió, conllevará la redacción de un informe técnico con incorrecciones que inclinará la balanza a favor de una empresa en detrimento de otras. El importe de este contrato asciende hasta los 21 millones de euros para un período de 12 años, y su tramitación ha generado desconfianza entre las empresas del sector, al considerar que puede generarse un monopolio en el control de la basura en Gran Canaria si gana la UTE Cespa-Ayagaures, una de las concursantes, ya que gestiona también los Ecoparques Norte y Sur.
Uno de los principales incumplimientos de las bases del concurso se encuentra en la propuesta del número de puestos de trabajo que cada empresa se ofrece a mantener durante el período de vigencia del contrato. El pliego recoge que el mínimo de puestos de trabajo que deberá cubrirse será 27 y se primará la oferta que incluya una relación de empleos mayor a ese umbral, con una valoración de 4 puntos, mientras que quienes ofrezcan menos de 27 obtendrán 0 puntos. Todas las empresas ofertaron por encima del mínimo: FCC (35,01), Urbaser (35,1), Cespa-Ayagaures (30,42) y Acciona (29,72). Pero sin embargo el acta no asigna puntuaciones a cada empresa sino que se limita a verificar con un ‘sí’ que cada una de ellas cumple con este parámetro.
Desajustes
Esta situación conduce, sostiene Pérez, a que todas las propuestas se valoren con un 4 porque todas han cumplido, una actuación que va contra un pliego que explica que hay que distribuir esa puntuación entre las cuatro empresas, asignando la puntuación más baja a la empresa que menos puestos de trabajo oferta, la más alta a la que más ofrece y el resto debe calcularse en función de una fórmula polinómica. Es decir, el acta deja de puntuar un apartado que podría cambiar la empresa adjudicataria y ganadora del concurso.
Otro de los errores detectados por Pérez guarda relación con las valoraciones de los criterios técnicos subjetivos, conocidos tras la reunión del 20 de enero, y que colocaron a la UTE Cespa-Ayagaures a la cabeza del concurso (23,27), seguida por Urbaser (21,16), Fomento de Construcciones y Contratas, FCC (19,27) y Acciona Servicios Urbanos (16,96). Sin embargo, el acta de la Mesa de Contratación recoge puntuaciones distintas para dos de las empresas. Una de ellas es la UTE Cespa-Ayagaures, cuya valoración difiere hasta en 0,4 puntos menos, al rebajarse hasta los 22,87. La otra es Acciona, para la cual se recoge, al contrario que en el caso anterior, una puntuación de hasta 0,2 puntos por encima, al registrar el documento 17,16 puntos.
El acta acepta las propuestas de empleos de todas las empresas sin asignar puntuación
Esta disparidad y desajuste de las valoraciones que recoge el informe técnico tras analizar las propuestas de las empresas que todavía optan a lograr la gestión de la red de puntos limpios supondrá que la mesa se incline por uno u otro aspirante basándose en informes que contienen datos inexactos. “Queda patente que el acta no ha recogido la realidad de los informes técnicos”, apunta Marco Aurelio Pérez, vocal electo de la mesa.
Entre otras inexactitudes observadas por Pérez, la tercera tiene que ver con las ofertas económicas, uno de los criterios automáticos, que las empresas concursantes presentaron a la Corporación. Las cuatro aspirantes ofrecieron bajas sobre el precio unitario incluido en los pliegos: la propuesta de Cespa-Ayagaures fue de un 22,25%, Urbaser un 20,42%, Acciona un 19,25% y FCC un 12,61%. Sin embargo, el documento del acta refleja una baja del 20,44% para el caso de Urbaser, lo que supone 0,02 centésimas por encima del precio realmente ofertado para hacerse con el concurso de los puntos limpios.
Con todos estos datos, el portavoz del PP concluye que las inexactitudes podrían afectar a la adjudicación del contrato de 21 millones a una u otra empresa.
La tramitación de este expediente lleva meses bajo la lupa de las empresas concursantes y de los partidos políticos porque, aseguraron, en caso de ganar la UTE Cespa-Ayagaures podría darse un monopolio en el control de la basura ya que también tiene la concesión de los Ecoparque Norte y Sur. No obstante, el Cabildo sostiene que evitará esa circunstancia como la creación de un organismo externo que controle el pesaje de los residuos al llegar a las plantas medioambientales e incluso consultar Defensa de la Competencia si esa concentración empresarial en el control de los residuos puede afectar al mercado y a los precios.
