El Ayuntamiento de Gáldar requiere al cese de la actividad a un burdel que se iba a inaugurar el 23 de este mes, que se hace pasar por vivienda vacacional, pero que se ha venido promocionando en las redes sociales especializadas como una villa sexual, bajo la advertencia de multas que pueden alcanzar los 30.000 euros.
“Disponemos de varias chicas que harán tu estancia en nuestras instalaciones inolvidables. Disponemos de amplias instalaciones, con piscina, parking privado, zonas privadas y sobre todo mucha discreción”. Así se divulga en su página web un local de explotación sexual de mujeres que se está terminando de habilitar en una zona agrícola en Gáldar, y al que el Ayuntamiento pretende poner coto antes de su estreno.
El promotor de la villa muestra imágenes de la casa, y anuncia en redes sociales especializadas y en siete idiomas los precios, los horarios y servicios. La tarifa mínima es de 60 euros (media hora de francés con condón), siendo de 150 euros cuando hay desplazamientos de una de las mujeres.
El anuncio que se ha publicitado presenta “servicios básicos y extras” de griego, lésbico, masaje con final feliz e intercambio; además de fiestas privadas con barra libre, “por 240 euros por chica durante dos horas”. Y su horario es de 17.00 a 6.00 horas, de martes a domingo, entre otro tipo de información.
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha firmado un requerimiento al promotor bajo apercibimiento de sanción de 15.001 a 30.000 euros si se persiste en la intención de llevar a cabo esta “actividad de naturaleza sexual”. Según la resolución, el propietario ha alegado que la finca está dada de alta como vivienda vacacional, siendo su intención alquilar las habitaciones y zonas comunes a personas que pretenden hacer uso de las instalaciones para fines privados. Eso se pondrá en marcha a finales de mes, aunque de momento no hay actividad. En ese caso, la campaña promocional habla del 23 de febrero.
El informe de la oficina técnica del Ayuntamiento detalla que la actividad de naturaleza sexual a desarrollar en este inmueble, resulta “incompatible” con el planeamiento urbanístico. Por ello, “se advierte al responsable que el desarrollo de cualquiera de las actividades descritas (la de naturaleza sexual y/o la de la vivienda vacacional), sin contar con la previa preceptiva comunicación previa y declaración responsable, constituye una infracción muy grave, sancionable con multa de entre 15.000 y 30.000 euros y con clausura del establecimiento, todo ello sin perjuicio de poder acordar el inmediato precinto de las instalaciones para impedir el desarrollo de la actividad”. Además, insta a la Policía Local al seguimiento del expediente.
“Compartimos la preocupación de muchos vecinos y vecinas y condenamos esta conducta totalmente ilegal que no será aceptada de ninguna manera por la corporación municipal. Gáldar es un municipio cívico y avanzado donde rechazamos cualquier trato denigrante hacia la mujer como objeto sexual o negocio ilegal que tire por la borda el avance y el trabajo desarrollado durante años en el avance hacia la plena igualdad”, señala el alcalde, Teodoro Sosa, tras su resolución.
El requerimiento (en la imagen) firmado por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, exige el cese de la “actividad de naturaleza sexual”, que se está promocionando de cara a su anunciada inauguración este mes. |
