La comunidad de propietarios de un edificio situado entre las calles Islas de las Malvinas y Francisco de Torquemada, en el barrio de El Canario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, se halla en una complicada situación económica y no encuentra una fácil solución para resolverla.

En el inmueble se produjo la caída de cascotes y una parte de la cornisa hace casi un año, en el mes de marzo de 2020, justo cuando ya se había iniciado el confinamiento en toda España por la pandemia del Covid-19. Desde esa fecha, el inmueble está precintado en su exterior, salvo en la entrada principal del mismo.

Los propietarios de este edificio de cuatro plantas, con siete viviendas y en las que residen entre 25 y 30 personas de todas las edades, afirman que no tienen dinero para pagar lo que supondría la reparación de la fachada, que podría costar entre 6.000 y 8.000 euros, ni tampoco la factura del servicio prestado por los Bomberos del Consorcio de Emergencias, que actuaron en el lugar.

Esta situación de no poder hacer frente a los citados gastos la dieron a conocer al Ayuntamiento. La concejal de Gestión Urbanística, Minerva Pérez, manifestó a este periódico que “la Corporación no tiene la competencia de las viviendas, sino el Gobierno de Canarias”. Por tanto, “es la comunidad de propietarios la responsable de sus viviendas, pero puede solicitar una ayuda al Cabildo de Gran Canaria”, apuntó.

Todo el exterior del edificio, que fue construido hace más de veinte años, está vallado, con tapias metálicas en una parte y de plástico en otra, formando en la calzada un pasillo para que los peatones estén distanciados del edificio y sin riesgo por desprendimientos. Las cintas y vallas impiden también la entrada y salida de vehículos del garaje subterráneo del inmueble, hecho que molesta y causa problemas a los propietarios para aparcar cerca.

Ese vallado que invade una parte de la calzada ha provocado desde hace casi un año que no se pueda aparcar en esos tramos de la calle Islas de las Malvinas y Francisco de Torquemada. Así, se pierden unas cuatro o cinco plazas de aparcamiento, lo que perjudica a vecinos del barrio cuando tienen dificultades para estacionar.

“Comprendemos que la existencia de esas vallas molesta a los dueños y a otros vecinos, pero lo que es más importante para el Ayuntamiento es la seguridad”, indicaron fuentes municipales.