El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha denegado la prórroga de la concesión administrativa que tenía la empresa Puerto Rico S. A. para la explotación de la playa artificial de Amadores, en el municipio de Mogán. El plazo de la concesión finalizaba el 20 de octubre de 2018, y Madrid ha decidido darla por caducada porque la empresa ha incurrido en numerosos incumplimientos de las condiciones establecidas en las órdenes ministeriales por las que se otorgó la explotación, así como las estipuladas en los diversos proyectos posteriores, y también de la normativa de Costas que ha estado en vigor a lo largo de la vida de este permiso, deficiencias que, según señala el Ministerio en el documento, firmado por la directora general, Ana María Oñoro, “no han sido subsanadas en estos años”.

Esta decisión, adoptada el pasado 23 de febrero, abre el camino al Ayuntamiento de Mogán para hacerse con la gestión de los servicios de hamacas y sombrillas. Al mismo tiempo que la empresa pidió, en 2015, la ampliación de la concesión, el Ayuntamiento de Mogán solicitó a Costas que se le considerara parte interesada en el procedimiento. Mogán incluso remitió, en 2018, a la Dirección General un escrito oponiéndose a esta prórroga no sólo para Amadores sino también para la playa Puerto Rico, que también gestiona la misma empresa.

El permiso para la construcción y explotación de la playa fue concedido el 3 de octubre de 1988 por un plazo de 20 años. Se autorizó una ocupación de 48.950 metros cuadrados de zona marítimo terrestre y 176.680 metros cuadrados en el mar, pero en 1996, a raíz de un permiso para la ejecución de las obras del enlace peatonal entre Amadores y Puerto Rico, que se ganaron otros 2.850 metros del dominio público terrestre, se unificaron con la ocupación anterior y se fijó entonces una concesión por 30 años a contar desde octubre de 1988. Es por eso que en vez de concluir en 2008 el permiso se amplió hasta 2018.

Pero desde un primer momento empezaron las discrepancias entre Costas y la concesionaria. La superficie ocupada de más, obras realizadas sin permiso y, sobre todo, edificaciones incompatibles con la propia Ley de Costas centraban la batalla. De hecho, la Dirección General de este departamento no aprobó en 1998 el reconocimiento final de obras porque no se recogía la superficie total de las instalaciones, y es en 2002 cuando da el visto bueno al proyecto modificado y autoriza la explotación de los servicios de temporada. No obstante, el proyecto inicial fue cambiando porque se ganaban espacios. En 2004, la empresa pidió permiso para un paseo peatonal, un aparcamiento de 119 plazas, un punto de aterrizaje para helicópteros, un solárium, jardines, paseos y quiosco-bar. En 2008 pidió autorización para una escollera del dique oeste, escalinata para los bañistas. En 2011 para un spa, con cuatro casetas de hidromasaje, y dos piscinas de agua salada. Pero tanto los aparcamientos, como el helipuerto, el minigolf, el centro comercial y el spa no tenían cabida con la Ley de Costas.

Aparcamientos, helipuerto, spa, minigolf y centros comerciales estaban prohibidos

Precisamente en las actas de reconocimiento de obra, y en las inspecciones que hizo este departamento encargado del litoral, se comprobó que había construcciones que no se autorizaron. Entre esas actuaciones sin permiso figuran el pantalán, tres escaleras en el dique este y una losa de hormigón para un solárium; una terraza de 69 metros cuadrados con mesas y sillas de madera y tejado de brezo; unas cabañas para uso privado; unas vallas de piedra y cristal con altura de 3 metros, que restringen el uso público y gratuito de la playa; y un almacén de gas que no sólo no se contemplaba en el proyecto inicial sino que tampoco se presentó para que fuera autorizado. También se vio que en 2008 se ejecutaron sin permiso el minigolf, una caseta de control de acceso a este área deportiva y los aparcamientos.

A su vez, se observó que había construcciones que se destinaron a distinto uso al autorizado, y que ocupan más superficie de la permitida. En este caso, se refiere a las instalaciones destinadas a quiosco bar de 47,35 metros cuadrados en la zona del spa que se modifican y se destinan a restaurante de 287,45 metros cuadrados, por lo que se superó la superficie autorizada en la concesión. Se levantó un puesto de helados en lugar de vestuarios, y se superó el espacio permitido.

Falta de arena

Al igual que la playa de Puerto Rico, también artificial, la playa de Amadores la construyó la familia Roca. En este caso, se levantaron dos diques, uno en cada uno de los extremos de la playa, y una banqueta de escollera a pie de playa, a modo de dique sumergido, para crear este paraje artificial. Pero, a diferencia de la de Puerto Rico, esta playa nunca contó con toda la arena prevista porque debido a las protestas ecologistas se paralizó el relleno, y aunque la empresa solicitó permiso a la Demarcación de Costas, en 2009, para completar con nuevas extracciones de Pasito Blanco el árido, nunca se autorizó. Así, de los 400.000 metros cúbicos previstos, sólo se llegaron a depositar unos 160.000, lo que provocó que desde su inauguración aparecieran callaos en la orilla. Junto a ese permiso, la empresa pedía también la ampliación de la concesión de explotación por quince años más, es decir que se prolongara hasta 2032.

Junto a estos excesos de edificabilidad, otra de las infracciones de la concesión tiene que ver con la venta de locales a terceros. En 2002 la concesionaria, según la resolución del Ministerio, vende los derechos de uso de los locales de restauración y comerciales que construye en la playa, lo que supone el incumplimiento de la Ley 22/ 1988 de Costas vigente hasta mayo de 2013.

Asimismo, el Ministerio destaca que teniendo en cuenta que el plazo de la concesión ha finalizado uno de los criterios a considerar para dar la prórroga es la valoración de la actuación del concesionario respecto al cumplimiento de la normativa de Costas durante la vigencia de la misma y, sin embargo, “ha quedado constatado que no ha sido adecuada al existir una serie de hechos que en sí mismos son suficiente causa de caducidad”.

El Ayuntamiento se posiciona contra la empresa y quiere gestionar los servicios de playa

Respecto a las alegaciones presentadas por Puerto Rico S.A., Costas responde que la empresa no justifica las obras que no estaban en el proyecto, y además no subsana en todos estos años los incumplimientos de las condiciones de la concesión.

Contra esta resolución ministerial, que inicia el Servicio de Costas de Las Palmas ante la solicitud de Puerto Rico S.A. de renovar la concesión, la empresa podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio para la Transición Ecológica, o un recurso contencioso en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.