Una familia del barrio de Bañaderos que ha recuperado recientemente su vivienda en la Avenida Lairaga, después de estar cuatro años okupada por otra persona del municipio de Arucas, asegura sentirse “acosada” por el antiguo morador de la vivienda, que ahora pretende volver al inmueble para que se le permita sacar sus enseres y “se presenta ante el vecindario y la opinión pública como una de víctima de los propietarios” tras su desalojo judicial, según relató ayer María del Pino Díaz, dueña de casa junto a su madre y su hermana.

Frente a las denuncias públicas del okupa, que asegura que tiene enseres en el interior de la vivienda y un auto judicial para que se le autorice a llevárselos, María del Pino Díaz explicó que en la propia sentencia del desalojo se le emplaza a abstenerse en el futuro de realizar actos que perturben la posesión de las demandantes.

Según la dueña, hace cuatro años esa persona se metió de forma ilegal en la vivienda, que pertenece a su familia desde hace 200 años, y tras un largo proceso judicial se le notificó en varias ocasiones, desde septiembre de 2020, que tenía que desalojar la casa.

El pasado 8 de febrero se procedió a la ejecución de la sentencia, favorable a los propietarios, y se recuperó la vivienda en presencia de la Guardia Civil y de la comitiva judicial. Sin embargo, según Díaz, tras la marcha de las autoridades y mientras ella y su hermana estaban en el interior, con un cerrajero para poner nuevas llaves, el okupa se presentó, destrozó la puerta y las agredió, por lo que tuvo que volver la Guardia Civil y la comitiva judicial. De esa agresión física existe un parte de lesiones y la correspondiente denuncia. La puerta se tapió.

Díaz dijo que su familia teme que la casa vuelva a ser okupada por esa persona si se le permite entrar y resaltó que esos enseres se consideran abandonados en el acto de alzamiento. “Los muebles que había desaparecieron y la vivienda está destrozada”, alegó.